En la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), celebrada entre el 17 de abril y 2 de mayo, organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, se conmemoraron los 100 años de La Vorágine, novela insigne de la literatura colombiana e hispanoamericana, escrita en 1924 por José Eustasio Rivera. En ella se muestra la biodiversidad de la selva, denunciando la violencia de que fueron víctimas los colonos e indígenas sometidos a un trato inhumano por sus patrones durante la fiebre del caucho. La denuncia sobre la destrucción de la selva, igual a como hoy sucede, muestra cómo a comienzos del siglo XX el Estado colombiano no ejercía presencia alguna en buena parte de su geografía, especialmente en las zonas periféricas y de fronteras, permitiendo que los matones de la Casa Arana impusieran de manera brutal su manejo, igual también a como hoy lo hacen las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y toda suerte de bandidos que envalentonados por el Gobierno de una izquierda decadente como la de Gustavo Petro, amenaza con enseñorearse del suelo patrio. Cien años de una denuncia, que intacta continúa con su poder destructor y falta de autoridad. La existencia de una Colombia rica, productora y próspera que convivía junto a otra Colombia violenta, sometida a un conflicto armado, uno de los más antiguos del mundo, pareciera estar llegando a su fin, pues esa violencia en territorios inaccesibles está llegando hasta los propios centros urbanos, producto de la mano tendida de un Gobierno que pareciera contemporizar con tan execrables delitos, sacando criminales a la calle a los que nombra gestores de paz, o a los responsables de la primera línea que en el Paro Nacional fueron los causantes de grandes destrozos nacionales, a quienes igual, deja en libertad pagándoles 1 millón de pesos mensuales para no matar. Hoy, la inseguridad se ha tomado a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y demás ciudades capitales, en donde la fuerza pública está maniatada y lo que es peor, humillada, al no poder hacer nada, bástenos recordar la inauguración de un colegio en San Vicente del Caguán (Caquetá) el pasado 12 de abril, bautizado con el nombre del temido comandante Gentil Duarte, dado de baja en el 2022, y en cuyo orden del día fueron entonados los himnos de las Farc y de las guardias campesinas, bajo la mirada de una gigantesca estatua del asesino, inauguración a la que fue invitada toda la comunidad y que nadie impidió, ni las autoridades locales ni el Gobierno Petro ni muchísimo menos la Fuerza Pública que en ningún momento fue alertada sobre humillante acto. Que un colegio público lleve el nombre de un criminal, es una vergüenza y un insulto a los colombianos. El ministerio de Educación en un escueto escrito se pronunció rechazando cualquier vinculación del sector educativo con grupos al margen de la ley y afirmando que tampoco destinó recursos para su construcción. Es pues una obra, financiada y construida por el “Estado Mayor Central” de las farc. Este caótico estado de cosas llevó a que la tregua entre el expresidente Uribe y Petro llegara a su fin. La aparente postura moderada del inquilino de la Casa de Nariño fue rota al escribir en su cuenta de X un mensaje contundente contra sus opositores, mencionando los artículos 467 y 468 del Código Penal, recordándoles que la incitación al derrocamiento del Gobierno y la seducción a las Fuerzas Armadas, los hace merecedores de prisión de cuatro meses a dos años. El mensaje no menciona al expresidente, pero se entendió como dirigido a él a raíz de sus recientes declaraciones expresadas con relación a la toma guerrillera de Morales en el Cauca en la que dijo: “Vengo muy triste de ver la ciudadanía del Cauca que siente que el Estado colombiano desapareció de allí y lo que tienen es un Estado impuesto por el narcotráfico, el odio y la violencia”. Luego, el pasado miércoles en la Universidad de la Sabana el expresidente Uribe fue enfático: “Lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por orden del gobierno, mientras ese gobierno estimula al ELN para que presione con armas una Constituyente. No puede ser que el Gobierno esté promoviendo una lucha armada y las Fuerzas del orden se tengan que abstener de proteger a los colombianos”. Es el precio que Colombia paga por ser gobernada por un guerrillero, amnistiado e indultado y, peor, sin mostrar el más leve arrepentimiento. Ante situación tan anómala, urgente es que un hombre de la talla del expresidente Uribe, el dirigente con mayor audiencia en el país, empiece a señalar un derrotero para salvar a Colombia.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com