M-19 ¿Indultado?

El pasado 9 de marzo se cumplieron 34 años de la firma del proceso de paz entre el M-19  y el gobierno del presidente  Virgilio Barco Vargas, constituyéndose en el  primer acuerdo entre una guerrilla y el Estado Colombiano, evento realizado en Caloto, Cauca, en el año de 1990. En la fecha conmemorativa de los 25 años en la plaza de Bolívar de Bogotá, fueron entregados a la Alcaldía Mayor y a la Presidencia de la República, 25 pesados lingotes de acero, producto de la fundición de las armas, destinados a la construcción de un monumento por la paz. Las negociaciones comenzaron luego del secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado por parte del M-19, el 29 de mayo de 1988, y liberado el 20 de julio del mismo año, ofreciendo este grupo subversivo, 10 días después, una cumbre en la que planteó una propuesta de negociación de paz, negociación que hizo posible la aprobación de la Ley 77 de 1989, facultando al Presidente para conceder indultos y regular la cesación del procedimiento penal para facilitar la reconciliación nacional. En Julio de 1992, a raíz de la tensión creada por la “Juez de Hierro” Clemencia García de Useche, quien se propuso llevar a juicio a las cabezas del M-19 por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la toma del Palacio de Justicia en 1985, al advertir que la Ley de indulto firmada por el presidente Barco excluía el perdón para los delitos atroces, se creó una comisión en el Senado de la República para buscar una salida legal que impidiera su encarcelamiento. Con ponencia del senador Álvaro Uribe Vélez se aprobó la ley 7 de 1992 bajo el gobierno de César Gaviria Trujillo, estableciéndose que a los guerrilleros beneficiados con indultos y amnistías los cobijaba el principio de favorabilidad y el beneficio de la cosa juzgada. Sus autores invocaron que la Constitución del 91 había  concebido la paz como un derecho y como un deber de obligatorio cumplimiento, razón para que la consecución de la paz fuese la justificación principal de la Ley aprobada. Trascurridos 34 años desde la firma del acuerdo y 39 años de la toma del Palacio de Justicia en el que se encontraban aproximadamente 350 personas entre magistrados, servidores judiciales, empleados y visitantes, muriendo casi un centenar de personas, muchísimos colombianos siguen reclamando por qué la cúpula del M-19 no ha sido juzgada por el espantoso holocausto y por qué sí los militares que participaros en la retoma. Sin duda alguna son crímenes de lesa humanidad, cuya competencia corresponde a la Corte Penal Internacional (CPI) en situaciones en que las autoridades nacionales no actúen como corresponde. Nosotros, mediante la ley 742 del 5 de junio de 2002 le dimos la aprobación al Estatuto de Roma, ratificándolo luego el 6 de enero de 2006, permitiendo que la Corte Penal Internacional se ocupe del juzgamiento de estos crímenes, en ausencia de la nuestra. En razón de su aprobación en el 2002, difícil es que la Corte Penal Internacional (CPI) active su competencia para juzgar a los miembros del M-19 por haber cometido sus crímenes antes de esa fecha, pues no puede aplicarse con retroactividad, a más de que los casos, por haberse cerrado hace más de 20 años, el plazo para presentar una denuncia internacional ya ha vencido. Pero  aun así, la Corte Suprema de Justicia ha reafirmado desde el 2010 que estos crímenes son imprescriptibles, por lo que no es entendible que el mayor de los crímenes cometidos por el M-19, continúe en la total impunidad. El trámite de una ley que modifique los beneficios concedidos a este grupo criminal, bien pudiera ser una respuesta del Congreso ante flagrante impunidad. Actuaciones de corporaciones legislativas  en Suramérica anulando  leyes de Punto Final y Obediencia Debida en Argentina en el 2003 y la Ley de Caducidad en Uruguay en el 2011, son claros ejemplos de lo que pueden hacer Congresos en sintonía con el querer ciudadano de impartir clara justicia. Un camino arduo y una voluntad incansable, fueron asumidos por las  “Madres de Plaza de Mayo” desde un día de abril de 1977 en que se reconocieron unidas por el mismo dolor: “La desaparición de sus seres queridos”

Fuera, fuera Petro.

Alberto Zuluaga Trujillo.                                                       Alzutru45@hotmail.com