Muchos inocentemente creen que gobiernan con transparencia.

Una de las principales funciones de los concejos municipales es votar con la Constitución y la ley el acuerdo de tributos y gastos anuales. Para cumplir esta importante tarea, la Corporación debería estudiar en detalle los resultados que sustentan los ingresos y gastos esperados. Pero no lo hacen, ni llegan a la Corporación. Siempre presentan el mismo bodrio de proyecto de acuerdo de presupuesto. Mucho menos se consulta el balance anual o el estado de la cartera del municipio, para tomar decisiones que conduzcan a mejorar los ingresos, eficacia y transparencia del gasto. No hay evidencia de que se cumplan algunos de los principios constitucionales de la tributación, como igualdad, eficiencia, equidad, progresividad y capacidad contributiva. Nada de esto se hace en el Concejo, o por el ejecutivo municipal, y mucho menos por parte de la Contraloría.

Los resultados anuales no se publican, no hay control alguno. No les conviene que se conozcan, quedarían en evidencia la ineficiencia e incapacidad de quienes administran nuestras finanzas. A diciembre 31 último, la cartera total del municipio ascendía a $564.442 millones, correspondiente a $406.050 millones de predial, $110.038 millones de industria y comercio y $48.354 millones a otras deudas y rentas. Pero a mayo 31 del presente año, la cartera de predial aumentó $95.340 millones, quedando en $501.389 millones. Esta incobrable cartera de predial ha sido rutinaria en nuestras finanzas, pues nunca se logra recaudar más allá del 60% de la facturación de cada vigencia anual. Lo que muestra irrisoria capacidad de cobro, y contribuyentes con baja capacidad contributiva.

Esta cuantiosa cartera de predial se agravó con la desastrosa implementación del catastro multipropósito, vigente para el año fiscal 2022. La base catastral creció de 16.1 a 36.8 billones, el 230%. Son tres años de quejas y reclamos solitarios de la ciudadanía, sin respuesta ni soluciones claras oportunas. Mientras en el Valle y Cundinamarca se presentan protestas que obligaron al pronunciamiento de sus autoridades, en Risaralda hay silencio total de alcaldes y gestores catastrales. A pesar de los altos incrementos del impuesto a cancelar y de la cartera, no se ha procedido al menos a revisar las tarifas de este impuesto, las más altas del país, permitiendo obtener una rebaja, y consecuentemente un tributo justo y progresivo. Las consecuencias de este proceso están a la vista. Son muchas las fallas en que incurrió el Gestor Catastral en esta conservación y actualización. No contó con un Observatorio Inmobiliario eficiente, correctos recursos organizacionales, archivo de Gestión, atención presencial de calidad, cumplimiento del cronograma de habilitación. Primó la consabida politiquería, y el consabido amiguismo al escoger el personal responsable de esta tarea.

El mayor recaudo del predial, en nada corregirá las graves afugias sociales, ambientales y económicas de nuestra población vulnerable. El despilfarro de los mayores recursos obtenidos se destina a la misma práctica corrupta de siempre. Pagar los favores recibidos en pasadas elecciones y negocios para los amigos. Esto es con datos. A 30 de junio la administración de la dupla Noreña- Salazar, suscribió 4091 contratos por $419.408 millones de pesos, de los cuales 4.036 fueron por adjudicación a dedo, por valor de $329.244 millones. Llaman poderosamente la atención 21 contratos suscritos sin modalidad, por $17.670 millones, entre ellos la compra de energía para el alumbrado público, que según artículo 7 del Decreto 2424 de 2006, dispone que “En los contratos de suministro de energía, se deberá garantizar la libre concurrencia de los oferentes en igualdad de condiciones”, norma que no pega por estas tierras. Aquí solo pega lo que produzca lucro. Abran los ojos, los están gobernando una jauría de inescrupulosos, van detrás de 200.000 millones de crédito, y valorización. Quedan avisados.

Carlos Alfredo Crosthwaite F.