Por ERNESTO ZULUAGA RAMÍREZ
«El que no conoce la historia está condenado a repetirla», dice el proverbio. ¡Y vaya si se aplica en nuestro entorno! Qué fácil olvidamos los pereiranos las gestas de nuestros antepasados si es que las aprendimos y qué ciegos y sordos somos frente a las tragedias y sus causas. Por cuenta de estas circunstancias nos vemos avocados continuamente a enfrentar siniestros y calamidades que pudieran evitarse. Hace algunos meses denuncié lo que está sucediendo en los taludes del río Otún y recordé la catástrofe de hace cuarenta años cuando un deslizamiento de tierra causó decenas de muertos y cientos de viviendas destrozadas. Lamenté igualmente que por ausencia de controles se hubiera producido otra emergencia en el barrio Matecaña poniendo en riesgo el aeropuerto y la vía La Romelia-El Pollo.
Fueron precisamente estas eventualidades las que dieron origen a la creación de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda —CARDER— en 1982. Las inundaciones, los suelos deleznables, los asentamientos descontrolados, las intervenciones agrícolas inapropiadas y muchos otros problemas colaterales ocasionaron muchas emergencias y también muchos lamentos. En una gesta histórica esa entidad consiguió ciento cincuenta millones de dólares ‑a precios de hoy— para financiar las obras de mitigación necesarias, entre las cuales estaba la reubicación de 1800 familias que se encontraban en peligro. Es necesario recabar en ello pues esa cantidad de recursos es imposible de obtener con esfuerzos locales. Se requirió un apoyo internacional de grandes proporciones como el brindado por el gobierno de Holanda y un compromiso decidido del gobierno nacional facilitado por el carácter de entidad descentralizada del orden nacional que tenía dicha corporación en aquella época y sustentado en la enorme confianza que se supo construir a través de los años. Fue una obra de titanes. Hoy parecería imposible embarcarse en una odisea de tales proporciones.
Pero todo parece derrumbarse. Los logros obtenidos están en grave peligro y la ciudad ha abandonado la vigilancia y las actuaciones necesarias para que la historia no se repita. Y lo que es más grave: con complicidad. Debo preguntar de nuevo: ¿dónde están las autoridades? Hace un año reclamé la ausencia total de controles frente a las invasiones que están apareciendo en sitios de alto riesgo en la ciudad de Pereira y de manera precisa me referí al talud sur del río Consota, en los barrios El Rocío Alto y Caracol-La Curva, en el que están siendo ocupados centenares de lotes sin licencia de construcción y sin permiso alguno. A la vista de todos y con una evidente pasividad de los organismos de control, que resulta inexplicable, van apareciendo día a día nuevas «casuchas», movimientos de tierra, siembras erosivas y otras acciones de grave afectación. Muchas viviendas se han localizado en aquel sector, sin licencia, sin servicios públicos y sin control de vertimientos. Para otra tragedia solo hace falta un invierno como el que estamos padeciendo.
Es imperativo denunciar también lo acontece en otros lugares de la ciudad. El Triunfo fue uno de los muchos barrios en los que la Carder reubicó viviendas. En 1985, en un sector denominado El Diamante, se demolieron decenas de casas y hoy vemos con perplejidad que los lotes resultantes están siendo invadidos de nuevo. Igual sucede al frente de la Esneda, en la orilla izquierda del Otún y en el Barrio Risaralda en terrenos aledaños a los rehabilitados.
No es solo desidia. Que alguien me conteste: ¿por qué las invasiones resultan con matrículas de agua y energía?, ¿connivencia? Existe en la ciudad desde hace varios años un mercado clandestino de lotes en zonas de invasión con la extraña complacencia del gobierno municipal y de las demás autoridades. ¡Qué vergüenza!
Pareciera que el problema de las invasiones se está creciendo ante nuestros propios ojos y debemos actuar. Qué podemos hacer para contrarrestarlo? Porque me resisto a creer que en estos tiempos donde todo está a un click de distancia, las soluciones estén tan lejos que no se puedan percibir. Que no nos gane la desidia. El Concejo, dentro de sus funciones de control político, podría intervenir?
Pienso que el control urbano se ha debilitado mucho en los municipios colombianos y que la privatización de algunas funciones públicas (léase curadurías urbanas) ha contribuido a la falta de acciones preventivas de planificación urbanística, pues el agente privado privilegia – en la gran mayoría de los casos – su interés económico (expensas por la expedición de licencias) sobre el interés colectivo (protección de zonas con posibles riesgos geológicos, por ejemplo), que corresponde a un interés general (público). Creo que allí hay un asunto por revisar en la normatividad urbana y en los POT.
Dr. Zuluaga & Dra María Victoria, me reporto totalmente de acuerdo con sus comentarios y preocupaciones. Son Ustedes los más conocedores y autorizados para hablar sobre el asunto.
Nuestra comunidad Pereirana se une a su preocupación y tristeza sobre todo ver las inminentes tragedias anunciadas por la falta de protección y vigilancia sin ninguna intervención de las autoridades responsables.
Sí, es muy lamentable lo que sucede en estos sitios, con alto riesgo de pérdida de vidas y enseres. No solo son los recursos y el trabajo desaprovechado, sino la repetición de errores que se creían superados.