Meses atrás, acostumbrado como está a las confrontaciones, nuestro presidente increpó a su similar salvadoreño, indicando que en Colombia se construían universidades en vez de cárceles y desde entonces mi mente ha venido buscando la forma de unir los conceptos.
Como jurista y educador que soy, no puedo dejar de estar de acuerdo con el presidente Petro, en el sentido de respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPS) y qué más quisiera que salieran de sus espacios de reclusión completamente resocializados y listos para reinsertarse a la sociedad, creo que es el paradigma aspiracional de cualquier sistema penitenciario.
Como ciudadano que vive la inseguridad día a día y poniéndome del lado de las víctimas, resalto también lo que Nayib Bukele, hace en su país azotado por las “Maras Salvatruchas” y si nos ubicamos en el lugar de las personas que han sufrido despojo de sus pertenencias, de su salud, de su dignidad y hasta de su vida o la de sus seres queridos, es claro esperar que sus victimarios “se pudran en la cárcel”
Las víctimas de los delincuentes, no quieren que sus victimarios sean beneficiados con subrogados, que les hagan más amable su convivencia en el sistema penitenciario, incluso es reprochable que puedan seguir generando fondos ilícitos desde sus centros de reclusión, o como lo propone el gobierno, que pasen el día en la calle y regresen por las noches y fines de semana a los reclusorios. Ahora bien, al estado le cuesta más de dos millones y medio de pesos al mes, sostener cada ciudadano privado de la libertad y eso lo pagamos todos.
Si bien es necesario el respeto de los derechos humanos, también debemos como sociedad, hacer el acuerdo de admitir que se trata de un castigo y como castigo debe generar temor en los ciudadanos para que se abstengan de ejercer conductas que infrinjan el régimen penal de la nación, pues si el delincuente no encuentra un castigo eficaz o si ya no tiene nada más que perder, no encuentra nada que lo detenga y es toda la sociedad la que sufre, incluyéndolos.
Es innegable que en un país tan desigual, pero especialmente con tanta falta de oportunidades, muchas personas busquen en la delincuencia un modo de subsistencia, (aunque la delincuencia no es sólo de las clases menos favorecidas, pregúntenle a los Nule) y ante este oscuro panorama, como lo dice nuestro mandatario, es mejor construir universidades que cárceles, pero también se debe fortalecer los aparatos productivos para que ese profesional tenga un sistema económico que le brinde oportunidades por fuera de empresas criminales.
Nunca he sido partidario del asistencialismo, como alguna vez lo dijo Dilma Rousseff, la clave de cualquier sistema no es que el Estado mantenga a las personas, sino que genere las condiciones para que se defienda por sus propios medios, esas oportunidades son las que se deben generar para competir con las estructuras criminales y lograr que pueda haber resocialización.
Si un joven sin estudios, gana en promedio 5 ó 10 millones de pesos al mes, con un arma, en la delincuencia organizada, es utópico que le pidan que estudie para que luego de algunos años, salga a ganarse dos millones de pesos, si es que consigue trabajo.
La posición del crítico es muy fácil, intentemos unir las dos vertientes: Una cosa es delinquir porque la falta de oportunidades me llevó a ello, otra cosa muy distinta, es que pese a tenerlo todo, mi elección siga siendo infringir daño antijurídico a otros, y obviamente la consecuencia debe ser muy distinta.
Quiero unir las dos propuestas y creo que se puede lograr reformando el sistema penitenciario, con cárceles de mínima, mediana, máxima y extrema seguridad, donde la mínima y la mediana sean como lo propone Petro una universidad o un instituto técnico laboral, donde las PPS salgan en condiciones de reinserción.
Una prisión de máxima seguridad debe quedar en un lugar muy apartado de la sociedad, con espacios muy amplios y con sistemas de producción, donde las PPS, deban trabajar para pagar su sustento, y cumplir condenas grandes, debe estar alejado de las ciudades para que no tengan acceso a celulares y así evitar las labores extorsivas, pues todavía debe el Estado proteger al resto de ciudadanos.
Y aquí no me queda otra que estar de acuerdo con el presidente Bukele, a una prisión de extrema seguridad, deben ir PPS de extrema peligrosidad, como hemos visto el caso del Negro Ober, quienes ya no tienen nada que perder y por ello, administran verdaderas empresas criminales desde las cárceles, esas prisiones deben ser como las cárceles salvadoreñas, donde la PPS, sólo tenga una cobija o sábana que lo cubra, lo que facilita las requisas y decomisos, pero todos deben trabajar y procurar su sostenimiento, bajo la premisa de que quien no trabaja, no come.
Pero lo más importante es que el sistema penitenciario, pueda imponer como castigos, el paso de una cárcel a otra de acuerdo con criterios como el comportamiento en las prisiones y la reincidencia en el delito, No existe sistema perfecto, pero si una PPS, no tiene nada que perder se convierte en un peligro para la sociedad, esté donde esté; y es obligación del estado, brindar condiciones de seguridad a todos los ciudadanos y eso a su vez genera un mejor clima productivo, en el que, como lo vienen pidiendo los gremios de producción, puedan trabajar de forma segura y dar oportunidades a quienes quieren trabajar por un país mejor.
Fernando, mi opinión sobre tu artículo: Muy interesante la propuesta que expone el abogado Luis Fernando Restrepo. Es necesario reeducar y juzgar. Más allá de las diferencias entre Petro y Bukele creo que son más las cosas que los semejan que las que los diferencian. Petro se ha formado en una cultura profundamente atravesada por la violencia política y narco. Ha sido de clase media baja y se formó en medio de precariedades y activismo popular insurgente.
Bukele por el contrario proviene de una familia de élite, adinerada y empresarial del Salvador. Como muy pocos de su país tuvieron la mejor educación y calidad de vida. Se formó en medio de la violencia pandillera manejada por mafias del narcotráfico. Sus integrantes de baja formación política y democrática a raíz del fuerte colonialismo occidental ejercido por Estados Unidos durante el siglo XX y XXI que, buscó sociedades «escasas de criterio», con falencias educativas y de servicios humanos de carácter histórico en ese país que, precisamente Bukele está tratando de dejar atrás. Propuesta política advenida del progresismo. Igual que Petro en Colombia.
Los une una característica de esta época, que advino muy probablemente por la revolución comunicativa e informativa provocada por la internet. Las masas o grupos sociales han venido formando una nueva política mucho más amplia y sincrónica- vivirla día a día. Es decir, una nueva política o, mejor, el conocimiento del poder político salió de ser propiedad de la élites o académicos y está provocando un impacto en la sociedad actual, de una profundidad que solo puede compararse cuando apareció la escritura y más tarde la imprenta.
En este sentido el articulista Fernando Restrepo Vélez nos señala de manera intrínseca en su escrito que, la relación entre política y oposición a la civilidad tiene muchas aristas. Y políticas como la de Bukele de presionar a los inciviles o delincuentes. O la de Petro de evitar que el ser humano se convierta en delincuente y reformarlo en ese caso, son acciones tendientes y en procesos a usar la constitución y la ley en dirección a mejorar el humanismo en la práctica fiscal y judicial.