En distintos rincones del país se ha venido configurando una escena que combina inconformidad social, presión fiscal y tensiones políticas con protestas, cierres de vías, cerramientos en aeropuertos y paros que tienen como detonante el incremento del impuesto predial. Para muchos propietarios, especialmente rurales, el aumento no solo ha sido abrupto, sino difícilmente asumible, con alzas que en algunos casos rondan el 50% y en otros alcanzan el 100%. Los bloqueos han generado pérdidas millonarias en algunos departamentos. El problema abarca 520 municipios, y en Dosquebradas fue suspendido el cobro.
A primera vista la reacción ciudadana parece desproporcionada; sin embargo, una mirada más profunda revela que se trata de una respuesta acumulada frente a una distorsión estructural que es el rezago histórico del catastro. Durante años, los avalúos permanecieron desactualizados, generando una base gravable artificialmente baja. Con la implementación del Catastro Multipropósito, ese desfase comenzó a corregirse de manera acelerada, trasladando de golpe al contribuyente una carga que debió haberse ajustado gradualmente.
Desde la perspectiva institucional, el ajuste tiene fundamentos sólidos. El impuesto predial constituye una de las principales fuentes de financiación de los municipios. Su fortalecimiento permite mejorar la planificación territorial, actualizar la información sobre la propiedad y, en teoría, garantizar mayor equidad fiscal: quien más tiene, más aporta. Además, el catastro multipropósito no solo cumple funciones tributarias, sino que sirve como herramienta clave para el ordenamiento del territorio, la formalización de la propiedad y la ejecución de políticas públicas.
No obstante, el problema no radica en el propósito, sino en la forma y el momento de su implementación. El incremento coincide con un entorno económico particularmente exigente. Las familias enfrentan presiones simultáneas, entre ellas, inflación persistente, encarecimiento de los servicios públicos, mayores costos de vida y un sistema tributario que, en su conjunto, ha venido ampliando su alcance. A ello se suman otros factores como el comportamiento del precio del combustible, determinante para las finanzas nacionales, y la incertidumbre sobre el rumbo de la economía y la fiscalidad.
En este contexto, el aumento del predial se percibe no como un ajuste técnico, sino como un golpe directo al bolsillo. Para el sector rural, el impacto es aún más sensible: muchos predios no generan ingresos proporcionales a su nuevo avalúo, lo que rompe el principio básico de capacidad de pago. Así, la tierra se valoriza en el papel, pero no necesariamente en la realidad productiva.
El sector de la construcción tampoco es ajeno a esta dinámica. La mayor carga tributaria sobre la propiedad desincentiva la inversión en vivienda, encarece los proyectos y reduce la capacidad de compra de los hogares. Esto, a su vez, afecta una de las locomotoras tradicionales de la productividad, generando un efecto en cadena sobre el empleo y el crecimiento.
La coincidencia con el calendario electoral añade una capa adicional de complejidad. En tiempos de campaña, las decisiones técnicas se interpretan bajo el prisma político, amplificando el malestar y dificultando la adopción de soluciones equilibradas. El ruido electoral no solo exacerba las protestas, sino que limita la capacidad de las autoridades para explicar y ajustar la medida con criterios técnicos.
En suma, lo que hoy vive el país es el resultado de una corrección necesaria aplicada de manera abrupta y en un momento inoportuno. La actualización catastral es indispensable, pero su éxito depende de una implementación gradual, mecanismos de alivio para los contribuyentes más afectados y una comunicación clara que genere confianza.
De no introducirse correctivos, el riesgo es evidente: una presión fiscal que desborda la capacidad de pago, deteriora el ingreso familiar y termina erosionando la legitimidad de una política que, bien aplicada, podría ser un instrumento de equidad y desarrollo. La radiografía es clara, pues el problema no es cobrar, sino cómo, cuándo y a quién.
