En medio avances y retrocesos, Colombia se enfrenta a un momento crucial de definición de sus prioridades nacionales, evidenciado por dos acontecimientos que ponen de manifiesto, la compleja realidad que atraviesa nuestra sociedad: la celebración por los dos años de la despenalización del aborto y la carencia de recursos para la atención infantil en el ICBF. Estos eventos no solo señalan nuestros desafíos presentes, sino también cómo abordamos cuestiones fundamentales de derechos humanos y desarrollo social.
Por un lado, la decisión de la Corte Constitucional de anular sentencias que obstaculizaban el acceso al aborto en Colombia resalta el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo. Sin embargo, este avance debe ser contextualizado dentro de las barreras que enfrentan las mujeres colombianas en términos de acceso a la atención médica integral y a la educación sexual, especialmente en los estratos 1 y 2, lo que equivaldría a que, un 10,5% de la población pertenece al estrato 1, mientras que el 16% corresponde al estrato 2, de acuerdo con un estudio realizado en 2022 por Kantar Group.
Por otro lado, la situación en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) subraya una realidad preocupante: la escasez de recursos para garantizar el cuidado y la protección de los niños en el país. La demora en la contratación de servicios para la atención infantil deja a muchas familias en situación de incertidumbre y vulnerabilidad, privándolas de acceso adecuado a servicios de cuidado y educación temprana para sus hijos. Esta situación afecta no solo el bienestar de los niños, sino también la capacidad de las familias para trabajar y prosperar.
Colombia se encuentra en una compleja dualidad, donde debe equilibrar la protección del derecho a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución política, con el reconocimiento de la autonomía de las mujeres en decisiones reproductivas, mientras enfrenta desafíos como la demora en la atención infantil del ICBF. Si bien el país reconoce la inviolabilidad del derecho a la vida, también comprende la importancia de priorizar una vida digna, lo que implica, por un lado, garantizar condiciones socioeconómicas adecuadas y por otro, respetar la autonomía individual. Ambas realidades demandan una profunda reflexión porque, al parecer, nos encontramos frente a un sistema que, de una u otra forma, vulnera el bienestar de nuestros niños y niñas. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo?
Natalia López Arboleda. Politóloga UAM. Especialista en Contratación Pública UM. Correctora de Estilo APA