Desde hace varios días, el país viene padeciendo los efectos de un injustificado paro que organizan los empresarios del transporte contra el aumento del combustible.
Sin embargo estas mismas entidades de millonarios recursos en las cuales se nuclean, guardaron un silencio cómplice cuando en 2007, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, fueron subsidiadas para contrastar la volatilidad de los mercados internacionales y más adelante, Duque decide desmontar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles hacia mayo de 2022.
En ese entonces, no pareció importarles los efectos de la guerra de Ucrania, disparando el precio del crudo al punto de provocar un profundo el hueco fiscal, ni que la suspensión de dicho subsidio por parte del último gobierno uribista haya dejar un déficit de 56 billones de pesos, así sea en retaliación por el triunfo de Petro.
Frente a los hechos el Gobierno Nacional se vio forzado a levantar el congelamiento de precios, a fin de hacer frente a la irresponsabilidad de veinte años de gobiernos de uribistas o de derecha. Los mismos que hoy desde la oposición, pretenden dar lecciones morales, de cómo administrar el país, habiendo sido ellos junto a sus socios del silencio del gremio transportista, entre otros, quienes se beneficiaron a través de pactos de corrupción de la ruina de Colombia y de miles de colombianos.
No vale la pena dejarse engañar, por más empeño que pongan RCN, Caracol, Semana, además de otros medios de comunicación mentirosos. En el incansable intento de derrocar a Petro, de impedir las necesarias reformas sociales, al no encontrar indicios de malos manejos de la economía y ante los elogios internacionales por el excelente manejo financiero del Gobierno, se vieron en la obligación de generar una nueva crisis ficticia.
Tampoco se trata de un paro obrero, ni de exigir de reivindicaciones legítimas. Este gremio lejos de las acostumbradas políticas proteccionistas hacia sector frente a otras prioridades nacionales, considera “inconveniente” estar siendo obligado a responder por ayudas estatales, algo “imperdonable” y que no pueden tolerar.
En verdad, el aumento del combustible termina afectando más al automovilista, al transportador independiente que al gremio en sí, porque puede afrontarlo sin mayores problemas aunque se rehúse a ceder, el equivalente a renunciar a años de antonomasia o privilegios. ¿Ahora resulta que los propietarios de decenas de tractomulas con valores superando los 600 millones de pesos, subsidiados durante años, quienes mantienen ilegales a sus trabajadores con sueldos de hambre, evadiendo desde los aportes pensionales hasta del correspondiente servicio de salud, tienen “problemas económicos”? ¿Qué deberían decir entonces los habitantes de La Guajira, damnificados cuando la Corte Suprema de Justicia, integrada por sus mismos secuaces, les tumbó el decreto para recibir ayudas? ¿Será un chiste de mal gusto?
Encima, “de postre”, les surge la competencia del ferrocarril, medio económico si lo hay e impensado hasta hace pocos años, volviendo a conectar el país gracias a la actual administración. Desde luego, ello termina de amenazar con dar al traste un monopolio ejercido por varias décadas y cuyo poder gremial, llevó a sus dirigentes a “vender” el paro de 2009 al gobierno Uribe teniendo todo para ganarlo, en desmedro de los camioneros entregados a los intereses leoninos de las patronales.
Los hechos puntuales mencionados no admiten equivocación: A las empresas transportistas no les importan sus empleados, la suba del diésel; la gente perjudicada por los aumentos de los productos o los cortes de rutas donde se agrede a quienes pretenden transitar, ni mucho menos el país. Tal situación la reconocen de sobra los transportistas independientes, en absoluto desacuerdo con un paro orquestado por quienes no los representan en absoluto.
Defienden sus propios intereses. No les importan las reformas necesarias, los cambios avalados por la inmensa mayoría de los ciudadanos en las últimas elecciones presidenciales, precisamente porque son secuaces de la misma clase dirigente tradicional que aun siendo oposición, siguen atentando contra los supremos intereses de las trabajadoras y los trabajadores, con tal de defender sus privilegios aunque impliquen la sumisión del resto de la sociedad a la miseria.
Richchetti, fue un fracaso para las Asociciones poderosas, aliadas del régimen, pero aprovechado para que las pequeñas y los independientes conquistaron derecho a la chatarrizacion, a la tabla de Fletes, a subsidios directos y lo mas importante a su reconocimiento y presencia en las Mesa de Negociación.
Eso es lo más importante de todo. Que los sectores habitualmente vapuleados por estos enemigos sociales sean fortalecidos por las políticas del Gobierno del Cambio. Siempre es un gusto charlar con vos, querido amigo Marino.