Los colombianos nos vamos a quedar sin saber en qué se va a invertir el presupuesto de la nación el próximo año porque la atención de los honorables congresistas y de los medios de comunicación se ha concentrado en la discusión de dos artículos que se incluyeron en el proyecto de ley del presupuesto general de la nación.
Uno relacionado con la posibilidad de traslado de los fondos privados a los públicos de un grupo de la población y el otro con una insignificante modificación a la llamada ley de “garantías”. El primero amerita análisis porque impacta a largo plazo las finanzas públicas y afecta los fondos privados de pensiones, pero el segundo, no merece la más mínima atención.
La ley de garantías surgió como una manera de controlar la ejecución del gasto público en el momento de la reelección presidencial y desde ese momento, la presidencia y los entes territoriales, meses antes de los certámenes electorales, no pueden recurrir a la contratación directa, sea a través de contratos interadministrativos (entre entidades públicas) o a través de contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas.
La motivación de la ley está basada en la necesidad de limitar la discrecionalidad de los ordenadores del gasto para orientar la contratación a satisfacer intereses electorales. El principio de la desconfianza estableció una traba adicional e injustificada a la contratación pública.
La contratación interadministrativa es directa porque facilita el cumplimiento de los objetivos sociales de dos entidades de carácter público, que, bajo los principios de coordinación y colaboración, pueden unir esfuerzos para cumplir los fines del Estado. El polémico artículo incluido en el proyecto de ley de presupuesto sólo se refiere a la eliminación de esta absurda restricción de la ley de “garantías”.
Los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones, necesitan recuperar el tiempo perdido por la pandemia y poder realizar convenios, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, si se requiere por la pandemia, con las universidades públicas, si quieren ampliar la cobertura para beneficiar más estudiantes o con el Instituto Nacional Penitenciario si quieren apoyar la atención de las personas sindicadas y recluidas en los centros penitenciarios.
Muchos congresistas y periodistas no han sido funcionarios públicos y no entienden la dificultad que existe en Colombia para ejecutar un presupuesto en una entidad del Estado, por eso desviaron la atención de los asuntos fundamentales del presupuesto del país. Siguen perdidos.