Por: Juan Antonio Ruiz Romero
Con la tutela en Colombia pasa lo mismo que con internet. Los menores de 30 años creen que han existido toda la vida y por eso se les dificulta pensar cómo sería el mundo sin dichos recursos.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2019 se interpusieron en Colombia 620.257 tutelas, la cifra más alta en la historia desde que se estableció dicha herramienta jurídica en la Constitución de 1991. Eso quiere decir que en promedio, cada día del año pasado, se presentaron 1.699 tutelas en el país.
Según el mismo informe, una de cada tres tutelas fue para exigir el derecho fundamental a la salud: desde la atención médica básica, pasando por una valoración con especialista, un examen diagnóstico, el tratamiento para enfermedades prolongadas y hasta para la formulación o entrega de medicamentos. El hecho de que 207.368 ciudadanos acudieran a una tutela para garantizar los servicios de salud demuestra los profundos baches del sistema y confirma la actitud displicente de muchos operadores, más preocupados por el balance en sus cuentas bancarias que en la atención oportuna y digna a sus usuarios.
En el caso del Distrito Judicial de Pereira, durante 2019, se recibieron 20.273 acciones de tutela y llama la atención que solo 41 fueron rechazadas o devueltas, lo que significa que los ciudadanos, ya sea a título propio o apoyados por un abogado, han aprendido a usar esta herramienta legal, que a pesar de las críticas de algunos puristas, se convierte en la garantía más confiable para proteger los derechos vulnerados o en riesgo, tanto por acción o por omisión.
En un interesante texto de remembranza sobre el origen de la acción de tutela, el jurista caucano Gabriel Bustamante Peña advierte que: “En el mismo espíritu garantista que originó la tutela, la mayor parte de la Asamblea Constituyente entendió que el Estado Social de Derecho podría quedar en el papel y serían imposibles de desarrollar los cambios revolucionarios que implicaba dejar atrás un régimen político sustentado en un modelo autoritario, centralista, mono-cultural y signado por el estado de sitio, en detrimento de los derechos fundamentales, y erigió, bajo este aire renovador, a la Corte Constitucional como un alto tribunal especializado en velar por el cumplimiento de los nuevos derechos constitucionales, y guardar la preeminencia y supremacía de la Carta de 1991.”
Volviendo al documento revelado por la Defensoría del Pueblo, durante 2019 se interpusieron en Colombia 244 mil tutelas por el incumplimiento en el tiempo de respuesta de los derechos de petición solicitados ante diferentes entidades.
Es increíble, por decir lo menos, que los colombianos se hayan visto obligados a utilizar la acción de tutela (artículo 86 de la Constitución Política de 1991) para exigir el cumplimiento del Derecho de Petición, consagrado en el artículo 23 de la misma Carta Política.
Luego de varias arremetidas contra la tutela, en donde la quisieron limitar y reglamentar solo para determinados casos, y a pesar de algunos evidentes excesos en su uso, la casi treintañera se muestra orgullosa y altiva. Al fin y al cabo, es la niña mimada del 91: la garante, la justiciera, la imprescindible.