Por JOHN ELVIS VERA SUAREZ
Algunos de los casos más conocidos son Ecuador (2008), Ciudad de México (2017), que han sido los primeros que en su carta magna designan Derechos a la Naturaleza. Con Leyes, Estados Unidos en algunas Ciudades, Distritos y Estados desde el 2006; Bolivia en 2010; Nueva Zelanda e India en 2014; Brasil en 2017 y Colombia con el Decreto 348 de 2019 del Departamento de Nariño.
A partir de 2016, hemos visto con entusiasmo cómo los tribunales de justicia colombiana, toman partido a favor de la protección del territorio y el agua, por lo tanto, en defensa de la vida misma. Cada vez se presentan nuevas sentencias que de alguna manera hacen eco a reclamos constantes de comunidades y del movimiento ambientalista.
Se inició con el Río Atrato por parte de la Corte Constitucional (2016), resaltando en la misma los derechos bioculturales; el derecho fundamental al agua; los principios de prevención y precaución; como por igual la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la salud y el medio ambiente de las comunidades étnicas.
El Tribunal Administrativo de Boyacá reconoce como Sujeto de Derechos al Paramo de Pisba (2018). La Amazonia Colombiana, ante una demanda presentada por 25 niños y jóvenes, la Corte Suprema de Justica le declara su protección, para frenar la deforestación de la misma.
Después vinieron el Río Cauca, del Tribunal Superior de Medellín (junio de 2019), reconociéndole a su cuenca y sus afluentes su derecho a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. Los ríos del Tolima, por el Tribunal Administrativo del Tolima. Dándole dicha protección a los Ríos Combeima, Coello y Cócora, y Ordenando frenar la minería en sus cuencas.
El Río Magdalena, ante una demanda presentada por ciudadanos huilenses, por los daños que le ocasionó la hidroeléctrica El Quimbo, el Juzgado Primero del Circuito de Neiva lo declara como Sujeto de Derecho (octubre de 2019). El Río Quindío, por el tribunal Administrativo de Quindío (diciembre de 2019) por Acción Popular presentada por el Procurador Ambiental y Agrario de Armenia, Carlos Arrieta M., la Defensora del Pueblo Regional Quindío y la Personera de Armenia.
En el presente año, el Parque de los Nevados por decisión del Tribunal Superior de Ibagué (agosto) y el Valle de Cocora, ante tutela colocada por el Concejal de Salento, Jaime H. Arias G., por cuenta del Tribunal Superior de Armenia (noviembre), han sido declarados por igual Sujetos de Derechos.
Esto lo debemos ver como un avance en la defensa y protección del territorio, el agua y la vida. Es un adelanto que la ciudadanía activa y participativa debe acoger para exigir a la institucionalidad el cumplimiento de la ley en la salvaguardia de la existencia propia de las comunidades. Solo la organización y la apropiación de sus territorios lograra la sustentabilidad ambiental en cada región.