Una profesión en profunda crisis.

Colombia y sus instituciones naufragan, consecuencia de la terrible corrupción histórica del sector público, con la complicidad y tolerancia de nuestra justicia, y de las demás ramas del poder, profundizada a principios de los años 90 del pasado siglo con la implantación del modelo neoliberal, con las privatizaciones de los bienes y funciones públicas, donde uno de los sectores más afectados fue la actividad constructora y de servicios. No hay denuncia de corrupción donde no esté vinculado un congresista, un gobernador, un alcalde, una firma constructora o consultora y con ella, ingenieros. Se puede afirmar, que, en la mayoría de los procesos contractuales convocados, muy pocos dejan de pagar la consabida comisión.

Son muchos los factores que originan en la sociedad moderna estas prácticas criminales, no obstante reformas permanentes al Estatuto General de Contratación, la utilización de pliegos tipo, veedurías ciudadanas, audiencias públicas, y la habitual denuncia sobre procesos torcidos, obras abandonadas o que se derrumban, contratistas con documentos falsos, o que roban anticipos y pagos de trabajadores y proveedores, nada pasa, son pocos los procesos penales o de responsabilidad fiscal que avanzan a etapas de condena y cobro de los perjuicios causados. Muy pocos.

Volvemos con los célebres contrataderos. Entidades públicas con régimen especial de contratación, que les permite, con reglas aprobadas por ellos mismos, prescindir de la licitación pública y contratar a dedo. En el XXXVIII Congreso Nacional de Ingeniería celebrado en Bucaramanga, el Ing. Rodrigo Fernández, defensor acérrimo de una contratación pública transparente, presentó un informe sobre contrataderos, mostrando cómo sepultan los principios de transparencia, libre competencia y publicidad, entre otros. No se logran “ahorros significativos, el ´ungido´ siempre presentará propuestas perfectamente alineadas al presupuesto oficial, pues conoce de antemano que ningún potencial oferente se va a presentar para competir por el contrato, ¡tiene el camino libre!”.

Un nuevo ejemplo de dos recientes procesos celebrados por CII Estatal Construcciones. Contratadero que en los últimos dos años ha suscrito a dedo 19 contratos por la no despreciable suma de $41.500 millones de pesos, provenientes de regalías. El pasado 17 de mayo remiten invitaciones privadas a los ingenieros Oscar J. Tabares, Apolinar Franco, e Industrias del Pacífico, para presentar propuesta para la “Construcción del tramo II de la variante La Paz en la vía Remolinos- Belén de Umbría”, con presupuesto de $9.566.480.238. Presentaron propuesta Industrias del Pacífico, el Ing. Franco, quien no adjuntó póliza de seriedad y por tanto rechazada, y el Ing. Tabares no presentó propuesta. Por consiguiente, el contrato se adjudicó a Industrias del Pacífico por $9.348.461.111, solo un ahorro del 2.28%, y sin competidores.

Para la interventoría enviaron nota al Ing. Arturo Jurado Alvarán, adjudicándole directamente el contrato por $652.478.311. El cual se celebró con el consorcio conformado por Arturo Jurado Alvarán y Apolinar Franco. Afortunados contratistas de esta entidad. Se gratifica la ausencia de ética y seriedad. Volvamos a recordar que Jurado Alvarán fue señalado por la Sala Especial de Primera Instancia de la CSJ, en sentencia de condena al fallecido Senador liberal Mario Castaño, pues hizo parte del Consorcio San Miguel, que realizaron obras de estabilización de taludes y manejo de aguas en Manizales, financiado con recursos de la UNGRD y donde Castaño admitió haber recibido $1.560.000.000 como comisión por la intermediación de este contrato celebrado en mayo de 2021, y adjudicado a dedo.

Desafiamos un monstruo de mil cabezas, nada fácil la faena, pero debemos hacerla. Esperamos que con las investigaciones iniciadas a los actos de corrupción denunciados por el DNP con recursos de regalías en los OCAD PAZ, y donde desaparecieron no menos de 22 billones de pesos, también se investigue y se prohíba esta práctica de adjudicación directa de contratos con regalías y otras fuentes. No permitamos que se hunda esta noble profesión. La honradez, la responsabilidad, el conocimiento, el cumplimiento, los méritos, entre otros valores, deben ser la carta de presentación para participar en la contratación pública.

ADENDA: En una columna publicada el pasado 24 de febrero en este mismo portal y titulado “El ´contratadero´ de Belén de Umbría”, en el último párrafo al referirme a “un megacontratista vinculado a Las marionetas” de Mario Castaño, …, no me refería en nada y en absoluto, al Ingeniero Adrián Camilo Hernández.