SOMBRAS TENEBROSAS, IMPROVISACIÓN, DUDAS SOBRE EL MANEJO DE LAS AYUDAS, PERSECUCIÓN E IVA A ALIMENTOS BÁSICOS
El balance de los primeros cien días de este gobierno proyecta un panorama sombrío para el país, marcado por la polarización extrema, la persecución política, lentitud en la reconstrucción, aislamiento internacional y una evidente improvisación administrativa.
La puerta giratoria de las salidas «exprés». La improvisación se refleja en la inestabilidad de su equipo directivo, plagado de nombramientos fugaces en menos de tres meses. A las renuncias de Rodrigo Lara Restrepo en el Ministerio del Interior y Viviane Morales en Educación —quien alegó razones familiares para luego reaparecer en otro cargo—, se suman retiros fulminantes en entidades estratégicas: Germán Calderón España dejó la ANDJE tras 77 días; Iván Sánchez Arango salió de la ADRES a los 66 días; Ricardo Valencia fue declarado insubsistente en el DANE en menos de un mes; y en Colpensiones, Bomberos, la Secretaría General del MinTIC, el DNP y la vicepresidencia de la ANI, los directivos duraron entre 24 y 72 horas. Lo anterior es solo una muestra de la grave improvisación.
Polarización y sombras judiciales. Las tenebrosas sombras se ciernen no solo en la polarización extrema, a partir de un gobierno que solo triunfó por un margen inferior al 1%. Se está gobernando para la creación de un partido de ultarderecha, no para todo un país. Sombras que también recaen en su pasado reciente: se está investigando supuestos vínculos empresariales y patrimoniales del presidente con personas ligadas al narcotráfico, mencionando transacciones y predios como la finca Nueva Jerusalén (Cesar), la capitalización de la empresa Dominio De la Espriella (Ron Defensor) y proyectos mineros en el sur de Bolívar. Se han anunciado y radicado denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Corte Penal Internacional contra el presidente por presuntos delitos que incluyen concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, sin olvidar el proceso vigente en el estado de la Florida en USA. Pero la lista es larga y el espacio corto.
Show mediático frente a la tragedia. Eso de ir a regalar balones al Chocó, cuando la gente tiene destruida sus viviendas, cuando existe hambre y desempleo, eso de llegar a Dosquebradas a entregar dos llaves de cartón para viviendas ficticias—llevada a cabo en octubre de 2026- contrasta con la urgencia de 11.510 familias que resultaron afectadas en ese municipio, además de 609 viviendas destruidas, 4.179 viviendas quedaron en condiciones de inhabitabilidad (no habitables). En realidad estos usos populistas y simbólicos y de espectáculo frente a una tragedia humanitaria es en realidad “show mediático», que prioriza las cámaras, las sonrisas, las puestas en escena y los actos públicos sobre la entrega efectiva de subsidios y techos definitivos. Las silbatinas no se han dejado esperar, así no las muestren los grandes medios de comunicación.
Opacidad en los recursos de la reconstrucción. Transcurridos más de noventa días de la emergencia, no existe una hoja de ruta técnica para la reconstrucción ni un portal público para verificar la trazabilidad de los recursos:
El Fondo «Milagro»: Parlamentarios y veedores denuncian la parálisis en los traslados presupuestales (como los $2,7 billones anunciados) y la reserva sobre los contratos y honorarios de sus gerentes. En Pereira, de más de 70.000 familias afectadas, apenas unas 13.000 han recibido subsidios de arriendo, dejando a cientos en carpas o casas apuntaladas con guadua. Aunque la presidencia reportó haber movilizado cerca de $1 billón (iniciando con $624.656 millones de un crédito del Banco Mundial), en su balance solo detalló el destino de $386.600 millones. Tampoco hay claridad sobre los $38,7 billones del Plan Nacional de Desarrollo destinados a la región. A estos cien días la opacidad en los recursos es evidente pues solo se evidencian visitas “show” y prácticamente nada de resultados. La descoordinación del tal Fondo “Milagro”, donde sería un “milagro que funcionara”
La Fundación de la primera dama: La entidad se negó inicialmente a rendir cuentas sobre las millonarias donaciones privadas recibidas —en su mayoría del grupo Gilinski—, alegando su carácter privado. Tuvo que ser el Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá, mediante un fallo de tutela el 5 de noviembre a favor del senador Alejandro Ocampo, el que le ordenó entregar cuentas detalladas en 48 horas por tratarse de recursos recaudados bajo convocatoria presidencial.
El golpe del IVA a la canasta básica. Para agravar el impacto social, el Gobierno propone gravar con un 19 % de IVA alimentos esenciales hoy excluidos, —como limón, naranja, aguacate, papaya, tomate, cebolla, ajo, lechuga, café tostado, azúcar, cereales y aceites, café, sal, miel, fríjol, entre otra larga lista—prometiendo una devolución parcial mediante factura electrónica. Esta medida resulta regresiva en la práctica: como el 91,6 % de los pequeños comerciantes no cuenta con facturación electrónica, los hogares de menores ingresos terminarán pagando el impuesto sin posibilidad de reclamar ningún reembolso.
Aislacionismo y fundamentalismo diplomático. Finalmente, la política exterior evidencia un preocupante retroceso guiado por el fundamentalismo del canciller Ómar Bula. En la Cancillería se está desmontando la carrera diplomática para privilegiar nombramientos ideológicos —como en España, Argentina y Uruguay, donde se designó a un embajador sancionado por la Procuraduría— y romper con el consenso internacional. En la ONU, la postura colombiana frente al embargo a Cuba apenas fue acompañada por 17 votos; a esto se suma el traslado de la embajada en Israel a Jerusalén —una decisión que solo comparten 10 países en el mundo— y el reconocimiento oficial de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán apenas tres días después de la posesión presidencial, se convirtió de esta forma en apenas el segundo país del mundo (después de Estados Unidos en 2019) en respaldar esta reclamación. La Cancillería anunció en octubre el retiro de Colombia de la coalición internacional creada para presionar el fin de la ocupación israelí en territorios palestinos y su condena al genocidio, consolidando así cien días de retroceso institucional y desconexión con el país y el mundo.
El presupuesto de los $634,9 billones: más deuda y tijera a los subsidios de los más pobres. El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, presentado por el gobierno de Abelardo De la Espriella por un monto de $634,9 billones y expedido finalmente por decreto tras un error de trámite en el Congreso, enfrenta severas críticas desde sectores técnicos, académicos y políticos por su riesgo fiscal, los recortes en inversión social y fallas en su manejo legislativo. Presenta alto riesgo de desfinanciación y aumento del déficit, por ejemplo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), advirtió el 10 de noviembre de 2026 que el presupuesto presenta una posible desfinanciación de entre $10 y $15 billones, incluso si el Congreso aprueba la ley de ajuste fiscal propuesta por el Ejecutivo. Según el CARF, el Gobierno subestimó presiones obligatorias en pensiones, régimen subsidiado de salud, nómina estatal, subsidios eléctricos y los recursos necesarios para atender la reconstrucción tras el terremoto de agosto. De igual forma, muestra un crecimiento acelerado de la deuda. Puesto que aumenta un 14,2 % frente a 2026 y proyecta un déficit total del 9,4 % del PIB, elevando la deuda neta al 66,2 % del PIB y destinando $155,4 billones solo al pago de la deuda. La caída de la inversión y recorte a subsidios sociales, reducción de inversión en regiones, recortes en programas sociales, se calcula que cerca de 40 % de los recortes en inversión recaen sobre subsidios de energía, vivienda y programas de mitigación de la pobreza. Se excluyó $3 billones adicionales para salud y EPS, $500.000 millones para el SENA y partidas de infraestructura para regiones como Antioquia.
El título del artículo está más que justificado, aclarando que aún quedan temas por denunciar.
Harold Salazar A
