Los autómatas conocen de memoria el sutil ejercicio de repetir. Con gesto adusto hablan de eficiencia, austeridad, modernización y libertad. Voces robóticas, sintonizadas, desdeñosas, proponen que el Estado gaste mejor, elimine trámites innecesarios o deje de sostener estructuras burocráticas que no cumplen su función de manera eficaz.
La reducción del gasto público recurre, por lo general, a la misma promesa cada cierto tiempo. Como si se tratara de un conjuro recién nacido de una mente brillante y no de una fórmula repetida desde hace casi cuarenta años. Menos Estado, menos obstáculos, más inversión, mayor crecimiento. Progreso y prosperidad. Se trata de una fórmula evidente, casi indiscutible, que da la impresión de reunir todas las aspiraciones de cualquier sociedad extenuada por la corrupción, la ineficiencia y las promesas incumplidas de sus gobernantes bonachones, pero serviles del gran capital y sus apetitos desaforados por lo público.
Sin embargo, tras esa aparente sencillez hay una discusión más compleja. Reducir el Estado no se limita a fusionar ministerios, reducir plantas de funcionarios o eliminar entidades. Detrás de esas medidas está la decisión de definir qué responsabilidades conserva la sociedad a través de sus instituciones, cuáles se trasladan a otros actores y quién tendrá la capacidad de administrar los cuantiosos recursos, los servicios y los bienes que hasta ahora han estado bajo responsabilidad pública.
Aunque así lo plantean los autómatas, el asunto no es cuánto cuesta sostener al Estado. Importa saber a quién sirve, qué intereses protege y quién se beneficia cuando modifica sus funciones.
Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 ofrecen un punto de partida para examinar esta transformación. En su sexto eje, «Transformación del Estado: un Estado con propósito», el documento plantea la necesidad de reducir el aparato estatal, corregir duplicidades institucionales, racionalizar el gasto y avanzar hacia una administración más compacta. La expresión «un Estado que se quita del camino», utilizada para describir una de sus estrategias, resume una concepción problemática de la relación entre lo público y lo privado: el Estado debe dejar de ser un obstáculo para la actividad económica y facilitar las condiciones para que la iniciativa empresarial encuentre menos restricciones. Bellas palabras, para el gremio empresarial que se relame ante el botín.
El documento presenta un diagnóstico que merece consideración. Reconoce la fragmentación institucional, la dispersión de funciones, los desafíos de coordinación y los problemas de ejecución presupuestal. Incluso señala que, según una estimación del Departamento Administrativo de la Función Pública y la ESAP, existe una alta probabilidad de duplicidad en el 55,2 % de las funciones examinadas. A pesar de ello, una posible duplicidad administrativa no demuestra necesariamente que una función sea innecesaria. Tampoco permite concluir que la institución que la desarrolla pueda desaparecer de la cartografía estatal sin consecuencias para la ciudadanía.
La diferencia es sustancial. Una cosa es corregir la desorganización burocrática y otra reducir las capacidades públicas que garantizan derechos, regulan actividades económicas o atienden necesidades que el mercado no tiene el menor interés en resolver. La eficiencia, por más que los autómatas tecnócratas la repitan, no puede medirse exclusivamente por el dinero que deja de gastar una entidad. También debe evaluarse por los servicios que presta, las poblaciones que atiende y los problemas que está en capacidad de resolver al interior de las comunidades, en especial las más vulnerables e históricamente invisibilizadas.
En las páginas del plan aparece una tensión que merece atención. Se plantea la reducción del Estado, pero a la vez se afirma que esa reorganización no debe debilitar las capacidades institucionales ni afectar la garantía de derechos. Sin embargo, no se explica cómo se hará compatible una cosa con la otra. Recovecos del lenguaje, que llevan a ninguna parte. El documento propone fusiones, supresiones, transformaciones, servicios compartidos y una revisión detallada, caso a caso, de las plantas de personal, los contratos y los gastos operativos. Habrá que observar con agudeza, por tanto, qué instituciones desaparecen, cuáles sobreviven, qué funciones cambian de manos y qué consecuencias tienen esas decisiones sobre la prestación de servicios a la ciudadanía.
Esta no es una discusión abstracta. La reducción de la capacidad pública en áreas como la salud, la educación, la cultura, la protección ambiental o la atención territorial tiene efectos que no se distribuyen de manera uniforme. Las familias privilegiadas pueden acudir al sector privado, pagar los servicios que les resulten útiles y compensar parcialmente la ausencia institucional. Para los sectores populares, que constituyen la mayor parte de la población, la situación es diferente. Allí, la presencia del Estado puede ser la única garantía efectiva de acceso a determinados bienes y servicios.
La propuesta de reducir de 18 a 7 ministerios, formulada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, debe entenderse en ese contexto. No se trata de una decisión presidencial ni constituye en sí misma una política del actual Gobierno. Su importancia es otra: forma parte de una narrativa política que presenta la reducción del Estado como una solución general a los problemas económicos y administrativos del país. El cuadro que circula sobre la eliminación, fusión o traslado de 48 entidades, con un ahorro anunciado de 20,4 billones de pesos, participa de esa discusión. Antes de aceptar esas cifras habría que conocer su metodología y distinguir los ahorros efectivos de los recursos que simplemente cambian de destino.
Argentina ofrece un antecedente preocupante que permite observar hasta dónde puede llegar esta orientación. Desde la llegada de Milei a la Presidencia, en 2023, el Gobierno argentino impulsó un ajuste fiscal, la reducción del empleo público, la desregulación económica y la privatización de empresas estatales. La Ley de Bases 27.742, aprobada en julio de 2024, autorizó la privatización de empresas como Energía Argentina e Intercargo y abrió la posibilidad de privatizar o concesionar otras, entre ellas AySA, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
No se trata de una interpretación de las intenciones del Gobierno. La privatización quedó incorporada en la legislación. El Estado argentino puso en marcha un proceso de transformación de su patrimonio empresarial y de las condiciones bajo las cuales se administran determinados servicios e infraestructuras públicas.
Este ajuste tuvo serias consecuencias sociales que deben analizarse sin simplificaciones. Durante el primer semestre de 2024, la pobreza alcanzó el 52,9 % de la población argentina, frente al 41,7 % registrado en el segundo semestre de 2023. Esto no significa que toda la evolución de la pobreza pueda atribuirse a una sola medida, como tampoco puede desconocerse la crisis económica que precedió al Gobierno actual.
Si bien estos indicadores han mejorado en los últimos dos años, el Banco Mundial ha advertido que las condiciones laborales en Argentina siguen siendo frágiles: disminuyó el empleo registrado y aumentó el desplazamiento hacia la informalidad y, con ella, hacia formas más precarias de trabajo. La contracción del gasto, por su parte, afectó la inversión pública, las transferencias a las provincias y los subsidios a servicios como energía, transporte y agua. Los efectos de estas decisiones no son iguales para todos los grupos sociales ni para todas las regiones.
Hay algo más que conviene observar de la experiencia argentina. A la par que se reducía la intervención estatal en determinados ámbitos, se creaban condiciones para ampliar la participación del capital privado en sectores estratégicos. La energía, la minería, los ferrocarriles y los servicios públicos se convirtieron en espacios centrales de la nueva política económica. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, por ejemplo, estableció beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de gran escala. La discusión no se limita al tamaño del Estado: se trata también de la distribución de oportunidades, recursos y beneficios entre el sector público y los grandes actores privados.
Debajo del discurso autómata de la eficiencia hay un problema que conviene mantener por fuera del radar ciudadano. La privatización no consiste únicamente en vender una empresa estatal. Avanza por medio de concesiones, tercerización, contratación privada de servicios, transferencia de activos o debilitamiento de capacidades regulatorias. El Estado puede conservar ministerios, organismos, oficinas y programas y, sin embargo, reducir progresivamente su capacidad para intervenir en la economía, prestar servicios o controlar a quienes los administran.
David Harvey llamó acumulación por desposesión al proceso mediante el cual bienes y recursos públicos o colectivos pasan a incorporarse a circuitos privados de acumulación. Karl Polanyi, por su parte, advirtió sobre las consecuencias de someter ámbitos fundamentales de la vida social —la salud, la educación, la vivienda o el agua— a las reglas del mercado. Ambos permiten comprender que la reducción del Estado no es una operación exclusivamente administrativa: también puede modificar la distribución de la riqueza y el poder.
Lo cierto es que en el momento en que las instituciones públicas pierden capacidad para garantizar derechos, regular la economía y administrar recursos colectivos, otros actores ocupan ese espacio. Sería ingenuo pensar lo contrario. Y no todos lo hacen en igualdad de condiciones. Las élites económicas cuentan con capital, capacidad de negociación e influencia sobre las decisiones de inversión y contratación, mientras que trabajadores, comunidades y pequeños productores tienen menos herramientas para defender sus intereses. Cuando lo hacen, además, pueden exponerse a medidas represivas y a la violencia. Así, una política presentada como beneficiosa para todos puede terminar concentrando sus ventajas en unos pocos socios del club privado de su preferencia.
En Colombia, los gobiernos de tendencia neoliberal han apostado por reformas institucionales en las que la participación privada ha terminado consolidando el poder económico de determinados grupos y extendiendo su influencia política. Por eso, el discurso repetido de los tecnócratas autómatas de la eficiencia no basta para justificar estas transformaciones. Hay que preguntar qué grupos económicos se benefician, qué responsabilidades deja de asumir el Estado y qué ocurre con los recursos que pasan a manos privadas. El Estado no siempre desaparece cuando se reduce: puede cambiar de función, debilitar su responsabilidad social y conservar —o ampliar— su capacidad para facilitar los negocios de unos cuantos intereses. Escrito esto, lo que nos debe interesar no es cuánto Estado queremos, sino para quién trabaja y quién gana cuando lo público deja de ser de la ciudadanía.
Juan Ladrón de Guevara Parra
