Vicente Zuluaga Osorio
La constitución nacional establece en el TÍTULO VIII las normas aplicables a la rama judicial y tras referirse a las disposiciones generales y a las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa, constitucional, al consejo superior de la judicatura y a algunas especiales, dedica el CAPÍTULO VI a la Fiscalía General de la Nación, lo cual quiere decir, para que los lectores se familiaricen, que el ente acusador hace parte de la rama judicial junto con el Instituto de Medicina Legal y el CTI y que tiene entre sus funciones la investigación de los delitos y la acusación ante los jueces y tribunales competentes.
En el CAPÍTULO X la norma superior se ocupa, en el CAPÍTULO I de la Contraloría General de la República, y en el CAPÍTULO II del Ministerio Público o sea la Procuraduría General de la Nación que incluye la Defensoría del Pueblo.
Hasta aquí podemos apreciar que los entes de control son sólo dos: 1. La Contraloría General de la República, así llamada porque se ocupa de la vigilancia del manejo de la cosa pública, y la Procuraduría General de la Nación, que tiene a su cargo la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los funcionarios públicos, excepto los de la rama judicial que todavía está a cargo de la desvergonzada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que el corrupto e inepto y politizado Congreso de la República no ha sido capaz de suprimir para que sean los Tribunales Superiores a través de una Sala Especial la encargada de esa función en primera instancia, como era antes , y la Corte Suprema de Justicia, para la Segunda Instancia.
2. La Contraloría General de la República, con competencia en toda la nación con la colaboración de contralores departamentales y municipales.
Loa colombianos nos sorprendimos la semana pasada cuando vimos en los medios de televisión a los doctores Felipe Córdova, nuestro paisano, Fernando Carrillo y Francisco Barbosa, en un trío maravilloso porque anunciaba la persecución de los delitos de corrupción de los gobernadores y alcaldes y hasta de ministros, que saqueaban los dineros destinados a reducir el hambre de nuestros compatriotas, pero esa sorpresa tenía como fundamento la sospecha de qué, un uribista furibundo, ternado por el presidente de la república y elegido por la Corte Suprema de justicia porque no había más que hacer, como el Fiscal General, pudiera hacer algo en ese trío.