Suelo rural en riesgo.

En el año 2020 se emitió la directiva 004 de la Procuraduría General de la Nación con el fin primordial de proteger el suelo rural como recurso esencial para la producción y abastecimiento de alimentos para la población, manteniendo su integridad productora, el cuidado de los recursos naturales, evitando la degradación de los ecosistemas y la generación de erosión y destrucción masiva de los territorios. Según el marco Constitucional y normativo como la Ley 388, la Ley 1469 de 2011 y el Decreto 4821 de 2010, donde se protegen los suelos con clasificación I, II, III con vocación agroecológica según demarcación del Igac, deberán ser contemplados y delimitados en los planes de ordenamiento territorial y solo en el caso de requerirse por la necesidad del desarrollo del territorio, plenamente planificado y contemplado en el plan de ordenamiento, se podrá utilizar la figura de expansión urbana, mediante planes parciales o Macroproyectos de interés general, siempre y cuando en el sustento del ordenamiento jurídico y la demarcación de la limitación geográfica, se pueda justificar técnica y jurídicamente la no existencia de suelos para desarrollar tal condición. Lo anterior obedece a varios objetivos, el primero busca el principio de la planificación y organización del territorio y el segundo busca la protección del suelo rural como fuente alimentaria. Sin embargo, vemos como en la actualidad estos objetivos se han ido distorsionando a través del tiempo y observamos cómo el suelo suburbano de uso rural en corregimientos como Combia baja, Tribunas, Altagracia y Cerritos, entre otros, se ven seriamente amenazados por proyectos masivos de vivienda bajo la figura de construcciones de condominios, ecohoteles, construcciones comunes y pro indiviso, lo cual está modificando las vocaciones históricas de estos sectores. Lo anterior va en contravía del objetivo buscado por las estrategias establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira Acuerdo 35, art  366, que pretende recuperar la vocación productiva del suelo rural en función de su aptitud y capacidad, disminuyendo los conflictos de uso del suelo, generando mayores incentivos y capacidad de producción. En pocas palabras el fin que se había propuesto dicha normatividad, terminó afectando y diezmando mucho más la capacidad de producción del sector rural, poniendo en riesgo también áreas importantes en materia de protección ambiental;  Por tal motivo y frente a esta crisis de producción y desarrollo, nuestros pobres campesinos al no ver una luz al final del túnel, ya que cuesta más producir que comercializar sus productos, sin contar con políticas estructurales en materia de protección de la producción local agropecuaria, al no encontrar esperanza, terminan por tomar la decisión de vender sus predios, desplazándose a la urbe, engrosando las filas crecientes del desempleo y miseria. Es lamentable ver como poco a poco nos encontramos presenciando la urbanización de sectores rurales que en algún momento posicionaron a Pereira como una de las más importantes ciudades en producción cafetera. Finalmente el panorama encontrado, más que garantizar un ejercicio claro de planificación, lo que está generando son enormes problemas de urbanismo masivo, bajo figuras de construcción difíciles de controlar, ya que las curadurías presentan muchas deficiencias en materia de expedición de licencias y los entes territoriales no son capaces de controlar realmente las obras físicas que se están desarrollando en el campo, bajo figuras camufladas donde se termina construyendo mucho más que lo señalado en la licencia obtenida. La ciudad de Pereira a pesar de ser la segunda ciudad del país con mayor extensión rural, se ve cada día más diezmada en su producción, de sus 36 mil hectáreas potenciales para el desarrollo agrícola, solo 9 mil son utilizadas de manera básica, con un mínimo de apoyo institucional, donde las políticas agrícolas del municipio no aumentaron en lo mínimo la productividad, siendo un completo fracaso.