Oponerse a la prisión perpetua de asesinos y violadores de niños es ser cómplice de los criminales

Cristian Camilo Zuluaga Cardona

Transcurría la semana del 13 al 17 de abril del 2015, cuando la atención de una gran mayoría de risaraldenses, e incluso de colombianos, estaba centrada en los juzgados de La Virginia (Risaralda), dónde se desarrollaba la etapa final del juicio oral contra María Preselia Martínez, una bestia humana que asesinó macabramente a su hija mayor, Heidy Yuliani Restrepo Martínez, de tan solo 11 años de edad. Sin lugar a dudas este caso marcó mi trasegar en el oficio del periodismo. Esa semana prácticamente viví en La Virginia. Todos los días estuve, mañana y tarde, dentro de esa sala de audiencias haciendo seguimiento al macabro hecho. La tarde del jueves de ese entonces escuché el que sin lugar a dudas ha sido para mí, el relato más desgarrador que me ha tocado. Una criatura inocente, que ni había llegado a los cuatro añitos de vida, fue la testigo clave de este proceso.

Mientras Preselia estaba frente al juez, la pequeña desde una sala aparte, respondió una serie de preguntas que formuló el togado, pero que se las hizo una de las psicólogas especialista en atención de menores. El tono de voz tierno se conjugó con la inocencia propia de un angelito de su edad, para describir el asesinato de su hermana: «Mi mamá le pegó a mi hermanita con el televisor. Le tiró eso en la cabeza. Heidy se quedó dormidita. Yo nunca la volví a ver. Yo no sé dónde está mi hermanita».

Esas frases con las que respondió a varios de los cuestionamientos evidenciaron contundentemente que Preselia era la asesina de su propia hija. También dieron peso a otras 39 pruebas que la Fiscalía presentó contra esta desalmada, quién no sólo acabó con la vida de Heidy, sino que enrolló el cuerpo en un colchón y con ayuda de un presunto novio suyo lo sacó de la casa donde vivían, lo tiró en una zona boscosa y le dejó las prendas a media pierna, para que quienes encontraran el cadáver pensaran que la menor había sido víctima de abuso seuxual y no de su propia madre, quién decidió asesinarla porque la pequeña el 31 de diciembre de 2013 le había botado, accidentalmente, una sim card con la que la mujer trabajaba vendiendo minutos en el puerto dulce de Risaralda.

Mientras escribo estas líneas recuerdo al padre de Heidy, un humilde vendedor ambulante en La Virginia, quién luchaba a diario para que se hiciera justicia por el asesinato de su pequeña. También pienso en la familia de la víctima, que para ese entonces vivía frente al juzgado y esa semana tuvieron que padecer la presión y el ambiente pútrido que se originaba en el sector por el desarrollo de las diligencias judiciales, en las que además estaba Preselia, quien en los recesos de la audiencia se asomaba por una ventanilla a mirar hacia esa casa.

Todos pedían la mayor condena para esta mujer, 60 años de prisión. Sin embargo unos meses después, el 2 de julio, el juez hizo la lectura de sentencia dónde le dio 400 meses de prisión, unos 33 años de cárcel. Prácticamente la mitad de lo que pedían familiares de la víctima, la sociedad y hasta los medios.

He dedicado estos párrafos a hacer el relato de esta noticia de hace cinco años, porque fue el caso que primero se me vino a la mente cuando anoche (pasado sábado) me escribió a mi WhatsApp Yohana Jiménez, la hija de la exsenadora Gilma Jiménez, quien en vida en el Congreso se caracterizó por la defensa de nuestros niños. Yohana, muy emocionada, me envió un mensaje informándome que la Cámara de Representantes había acabado de aprobar la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños y que ahora todo quedaba en manos del Senado de la república.

No dudé en escribirle «Excelenteeeee. Ya mismo riego la info con todos los periodistas de esta zona». La verdad es que la noticia me alegró. No me cabe duda que quienes atentan contra los infantes merecen incluso la pena de muerte, pero eso será algo imposible de ver en nuestro país.

La noticia también me hace recordar una publicación de la revista Semana dónde exponía las desventajas de endurecer esta pena para este tipo de criminales. Dice el escrito que con  los costos de manutención de cada uno de estos delincuentes se podrían costear cinco carreras universitarias a jóvenes vulnerables del país, expone que la cadena perpetua también va en contravía a la crisis carcelaria que desde hace poco más de una década se ha agudizado en el país y que tampoco es viable por una serie de tratados internacionales que ha firmado Colombia dónde se opone a este tipo de condenas.

Esa misma revista también publicó, el 29 de abril pasado, una entrevista al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dónde se opone a la aprobación de la cadena perpetua y explica que el país necesita más efectividad en la aplicación de la justicia.

Como siempre ocurre en Colombia, un proyecto de solución, por popular que sea, evidencia un sinnúmero de problemas adicionales que tenemos. Esta vez el Fiscal señaló algo que no es nuevo. La falta de eficacia y herramientas para que los jueces apliquen justicia. Aunque olvidó decir que la corrupción, la inoperancia y la pereza, que son un cáncer en su institución, también son otro palo en la rueda. Pues muchos fiscales en el país no se interesan o son incapaces de demostrar que el criminal cometió el delito. De ahí que muchas sentencias no quedan ejecutoriadas, dicen en su parte resolutiva «Por incapacidad del ente acusador».  

Incluso así lo expuso Séptimo Día en su programa Paraíso de abuso, en febrero del año pasado, donde también se habló de falta de conocimiento en varios procesos por parte de los fiscales y ausencia de un número importante de personal especializado para hacer investigaciones mucho más especializadas y eficaces.

Los opositores a la prisión o cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, también dicen que ésta es una propuesta innecesaria, ya que en Colombia existe una condena de 60 años en prisión y que el promedio de edad de quienes cometen estos delitos está en alrededor de los 30 a 34 años. Así dice una publicación de Semana.

A título personal, sin ser abogado ni experto en nada, considero todos los argumentos que se oponen al endurecimiento de esta pena, como una complicidad con los asquerosos que atentan contra la vida, la integridad y la honra de nuestros niños. No se puede ser tan miserable de oponerse a la defensa de quienes son EL PRESENTE y el futuro de nuestra sociedad.

Ese argumento de que Colombia tiene una pena máxima de 60 años y que se puede aplicar a estos criminales, ya quedó comprobado que no deja de ser un saludo a la bandera. Preselia reunía todos los argumentos jurídicos, naturales y lógicos para que le otorgaran esa pena y recibió poco más de la mitad de los 60 años que contempla el Código de Procedimiento Penal.

Como si fuera poco, a la dificultad de que se impongan los 60 años de cárcel se suma que en nuestro país no es del todo cierto que a los agresores de los menores de 14, no los cobijan subrogados de la condena o beneficios como la rebaja de pena, tal como está estipulado en el Código de Infancia y Adolescencia, que prohíbe beneficios que están consignados en el Código de Procedimiento penal.

Pues aunque un juez de la república no puede otorgar esos beneficios al imponer la pena, el criminal si puede disminuir el tiempo de la condena impuesta. Pues «por cada dos días de actividades de redención en la cárcel», es decir trabajo, estudio y buena conducta, obtiene un día de rebaja en la pena ya impuesta. Sin lugar a dudas un boquete enorme al Código de Infancia y Adolescencia que rige desde 2006.

Como pueden ver, asquerosos criminales como Preselia, Rafael Uribe Noguera que asesinó a la niña indígena Yuliana Samboní en Bogotá, Orlando Pelayo Ríncón que asesinó y abusó sexualmente de su hijo Luis Santiago Pelayo en Chia (Cundinamarca) y tantos otros que han cometido macabros delitos contra nuestros pequeños, no terminarán pagando las penas que les impusieron y que además son por debajo de los 60 años en prisión. Pues la redención es un derecho que según la Corte Constitucional, está consagrado en nuestra carta magna, la Constitución Política. Contradicciones o limbos jurídicos que tampoco garantizan la no reincidencia de estos hampones.

La aprobación de la prisión o cadena perpetua para estos violadores y asesinos de menores podría acabar con la alcahuetería y ponerle fin a los beneficios de descuento de la pena. Sin lugar a dudas esta condena sería viable, pero para que tenga eficacia debe ir acompañada de una mayor eficacia en la aplicación de justicia, pues según el Fiscal Barbosa solo el 5% de denuncias relacionadas con violaciones terminan en una aplicación de la pena.

La prisión perpetua solo es un incipiente paso para proteger la vida de nuestros niños. Ya le queda de tarea al Senado y al mismo Gobierno Nacional rodear esta medida de garantías para que se aplique con eficacia, pues hoy en Colombia da miedo ser niño, los criminales acechan y la justicia brinda pocas garantías.

En diciembre de 2018, en Sandiego corregimiento de Samaná, en el oriente de Caldas, asesinaron y abusaron sexualmente al niño Hans Tafur, de tan solo 7 años de edad. Han pasado 16 meses y medio y aunque hay dos presuntos responsables capturados, aún no hay condenados ni se ha establecido cómo ocurrió este macabro hecho.

Cristian Camilo Zuluaga Cardona