La procrastinación, ese hábito tan arraigado en la naturaleza humana de posponer para mañana lo que deberíamos hacer hoy, ha encontrado un nuevo campo de acción: el ejercicio político.
Desde los más altos niveles de la administración nacional hasta las decisiones regionales, la procrastinación se ha convertido en un modus operandi que, lejos de fortalecer la democracia, la debilita y pone en riesgo su credibilidad.
Tomemos dos ejemplos paradigmáticos de esta tendencia en el ámbito nacional y regional.
En primer lugar, la designación del Fiscal General de la Nación en Colombia, una responsabilidad crucial para el funcionamiento del Estado de Derecho.
A pesar de la urgencia y trascendencia de esta designación, la Corte Suprema de Justicia ha aplazado repetidamente su decisión, sumergiendo al país en una incertidumbre institucional preocupante.
La Constitución Nacional de 1991 estableció la Fiscalía General de la Nación como una institución fundamental para la justicia y el orden público.
Las tensiones políticas y los intereses partidistas han obstaculizado la elección del nuevo Fiscal.
Reunión tras reunión, la Corte Suprema no logra alcanzar los votos necesarios para elegir a un nuevo líder para esta entidad.
Por otro lado, en el ámbito regional, la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) se enfrenta a una situación similar con la elección de su rector.
Esta prestigiosa institución, cuya misión es formar a las futuras generaciones de profesionales, ha visto cómo el proceso de elección se estanca en medio de disputas y falta de consenso.
A pesar de la importancia de esta decisión para la comunidad estudiantil y el desarrollo académico de la universidad, el Consejo Superior de la UTP ha pospuesto una y otra vez la elección del rector en propiedad.
Esta inacción genera un clima de inseguridad administrativa que afecta negativamente el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y administrativas.
Ante esta situación, es crucial reflexionar sobre las consecuencias de la procrastinación.
Aplazar decisiones importantes no solo debilita las instituciones democráticas, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
Es hora que se abandone la práctica de procrastinar y asuman su responsabilidad de tomar decisiones oportunas y efectivas.
Como sociedad, debemos exigir a nuestros líderes que actúen con diligencia y responsabilidad en la toma de decisiones que afectan el bienestar colectivo.
La procrastinación no puede convertirse en el modus operandi de la política; es hora de tomar acción y fortalecer nuestra democracia.
Procrastinar no es una opción válida en el ejercicio político. Es momento de dejar de posponer y empezar a actuar con determinación y responsabilidad.
Nuestro futuro como sociedad depende de ello.