¿HASTA CUÁNDO SE SEGUIRÁ JUGANDO CON LA VIDA DE LAS PERSONAS?

El secretario de Educación de Pereira, Carlos Jairo Bedoya, anunció hace poco, que la DIGER determinó un grave riesgo estructural en las instalaciones de la Institución Educativa IE Pablo Emilio Cardona, por eso se resolvió reubicar a sus 800 estudiantes y docentes, con el fin de garantizar su seguridad y cumplir con las normativas de la Ley 1523 de 2012, que regula la gestión del riesgo en Colombia. A este respecto es importante anotar, como lo he venido pregonando desde hace más de 10 años, y en especial durante mi paso por el Concejo de Pereira en el período 2016-2019, que la alcaldía ha venido incumpliendo la obligación establecida en el artículo 54 de la Ley 400 de 1997, sobre construcciones sismo-resistentes.

Esta norma dispuso que las construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, localizadas en zonas de amenaza sísmica alta, se les debe evaluar su vulnerabilidad sísmica de acuerdo con procedimientos que habrá de incluir el Título A de la reglamentación, en un lapso no mayor de 3 años, contados a partir de la entrada en vigencia. Estas edificaciones deben ser intervenidas o reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una edificación nueva, diseñada y construida de acuerdo con los requisitos de la ley y sus reglamentos, en un lapso no mayor de 6 años contados a partir de su vigencia.

Consecuencia de mi permanente queja y denuncia, la alcaldía en 1998 celebró el Contrato de Consultoría No 3598 con la firma Técnicas Colombianas de Ingeniería, para elaborar estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de las Instituciones Educativas Pablo E. Cardona, Alfredo García, Augusto Zuluaga, Gabriel Trujillo, Kennedy, Hernando Vélez, Jesús M. Hormaza, Luis C. González, Carlota Sánchez, y Rafael Uribe. Es importante registrar que Pereira tiene a su cargo 172 I.E. en los sectores urbano y rural. No fue la DIGER la que estableció el pésimo estado estructural de estas edificaciones, la mayoría no ha sido investigada, la DIGER lo que ha hecho es ocultar el resultado de los estudios contratados y recibidos por la alcaldía, a ellos la ley les resbala.

Los estudios entregados presentan conclusiones muy delicadas y serias, manifiestan que la mayoría de estas edificaciones requieren ser intervenidas y algunas demolidas, nunca se socializaron los resultados, solo se esgrimen para cerrar establecimientos educativos y proceder al traslado de sus estudiantes a otros espacios, para lograr ahorros en costos administrativos y operativos. Estos alcaldes no gustan de invertir en mejoramiento y modernización de planteles y en la calidad del sistema escolar. Lo que más les encanta son las vías como Los Colibríes o rotondas como Corales.

Hablan de “garantizar los derechos de los estudiantes, padres de familia y docentes”, que la institución “conservará su nombre e identidad”, y la decisión garantiza los trámites “para la construcción de un nuevo colegio, incluido en el Plan de Desarrollo”. Frases para la galería. El rector del Pablo Emilio Cardona, señaló que “por seguridad e integridad de los estudiantes, se ha tomado la decisión de que el colegio será ubicado en la sede que era del Alfredo García. Allá pasarán todos los estudiantes y docentes a laborar a partir del próximo año 2025”.

Nadie conoce los resultados y conclusiones de los estudios, se ocultaron por conveniencia. Para la I.E. Pablo E Cardona en 2019, fecha de entrega de los estudios, se concluyó de manera general la demolición, diseño y reconstrucción de un nuevo colegio bajo parámetros de la norma NSR10. Esperaron 5 años para proceder a evacuarlo. En el Alfredo García, a pesar de que encontró baja vulnerabilidad sísmica, comprobó “que las edificaciones no poseen la suficiente rigidez ante el sismo de diseño y por tanto las estructuras deben ser rigidizadas”. Para el Augusto Zuluaga, ubicado en el mismo sector del Alfredo García, concluyó que “según el análisis realizado se adopta como conclusión general la demolición, diseño y reconstrucción de un nuevo colegio bajo parámetros de la norma NSR-10”.

Se cumplieron hace poco 30 años del terrible sismo de 1995 en la ciudad, y 25 del sismo de Armenia, nuevamente con graves efectos en esta tierra. Pereira está ubicada en zona sísmica alta, están jugando con la vida e integridad de miles de estudiantes y docentes. Si no hay una orden judicial, estos alcaldes elegidos en costosísimas y corruptas campañas electorales no procederán a intervenir y garantizar modernos y seguros planteles educativos. Procederemos en consecuencia.

¿Qué será lo que tenemos que decir para que se nos escuche?

¿Sueñan solo con que nos quedemos callados por siempre?

¡Por Dios!!!