Escampavía-El abuso final en la Cámara de Comercio

Por:  Juan Guillermo Ángel Mejía

Olímpicamente, desatendiendo un derecho de petición, se nos ha negado la grabación de lo ocurrido en la reunión de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Pereira el pasado mes de junio, requerimiento que hicimos puesto que tenemos derecho de conocer la manera como quedaría redactada el acta que registra lo ocurrido en el evento en el que se burló la norma estatutaria para elegir al presidente ejecutivo de la misma entidad; habilidosamente y gracias a la cláusula de renovación automática del contrato, se logró eludir la voluntad de la mayoría requerida para nominar el ejecutivo de la institución.

Lo que se inició con la no inclusión, en el orden del día, del tema de la elección del presidente ejecutivo, omisión que se subsana con la declaratoria del presidente de junta con un: “asumo la responsabilidad de no incluir el tema de la elección del presidente ejecutivo” mismo personaje quien, a renglón seguido, propone se someta a votación, sin análisis de ninguna naturaleza, la revocatoria del contrato de trabajo del presidente ejecutivo, decisión que requería una mayoría calificada, la misma que se requiere para elegir presidente ejecutivo, así, muy ladinamente, se dio el golpe de mano.

Para completar el entuerto se requería aprobar el acta que sería la prueba reina de lo ocurrido, pero para hacerlo estorbaban quienes no hacían parte de la pirueta, así que no se citó a los representantes del Presidente de la República, quienes son designados por decreto presidencial, deben someter sus estados financieros al conocimiento público y responden a la primera autoridad de la nación.

Nuevamente actúan los dueños de la Cámara, de manera muy legal dicen ellos, hacen un alegato de varias páginas que no resiste un análisis ni jurídico, ni ético y menos de respeto a la facultad que tiene el señor Presidente de la República para nombrar a sus delegados, para demostrar que no era necesario convocar a los delegados del sector público dado que las Cámaras son entidades de derecho privado, que los miembros de la junta no reciben remuneración, aunque algunos si captan dineros por la vía de los contratos, y argumentan que la sola renuncia implica la cesación de sus responsabilidades, aunque la renuncia no sea aceptada, ni se nombren a los reemplazos; es más aunque la renuncia pierda su vigencia, si el nominador no la acepta dentro de los plazos establecidos.

 Cuando Confecámaras registró la caída de las renovaciones en: Montería 31.4%, Pereira 20.1%, Villavicencio 19.1%, Cúcuta 13.7% faltando datos de Cartagena, Barranquilla, Ibagué o Armenia, en un esfuerzo por recuperar la confianza perdida, marcó distancia con dos de ellas y le contó al país que había convocado a un comité de ética, del que no se conocía su existencia, por su silencio cómplice y autoridad sin estrenar.

Los entes de control después del ojo afuera están invocando a Santa Lucía, la Contraloría General de la República, que tengamos noticia, no advirtió ninguna irregularidad en las cámaras cuestionadas; la Procuraduría, a pesar del alegato que esgrimen las cámaras de que son entes de derecho privado ha actuado en un par de casos y penalizado a los presidentes y la Superintendencia, para no quedarse atrás, solo ha reaccionado a los escándalos mayúsculos, hasta ha sido necesario, como ocurrió en Risaralda, que sea el Tribunal quien obligue a entregar una información que tiene que ser pública como públicos son los dineros que se administran; finalmente también es responsable de este desastre la normatividad que ellas mismas se han dado.

Lamentablemente los casos de mal manejo quedan impunes, así que este escrito queda solamente como registro histórico, dado que coincidimos con el abuelo colombiano cuando respondió a la pregunta: ¿qué les pasa a los niños que hacen trampa en el juego? Con un lapidario, ¡que ganan hijo, que ganan!

Publicada simultáneamente en El Diario y en El Opinadero, con autorización previa del autor.