Por: Padre Pacho
Es indudable que la buena salud de un país con una forma de gobierno democrático depende del buen funcionamiento de sus altas Cortes de Justicia. Una gran preocupación que existe y no es un tabú, es la composición y tendencias ideológicas de las Cortes, como la calidad, el contenido y la seriedad de las sentencias que son en su mayoría, desconocidas por los ciudadanos.
La constitución de 1991 modificó profundamente la organización institucional del poder judicial en Colombia. La administración de justicia, hasta ese momento, contaba con dos altas cortes, por un lado la Corte Suprema de Justicia, quien se encargaba de todo lo relacionado con la casación y control abstracto de la constitucionalidad y el Consejo de Estado, encargado de administrar justicia en el campo de lo contencioso administrativo.
La nueva constitución dispuso que existirían cuatro altas cortes: la Constitucional, que es la cabeza de la jurisdicción constitucional; la Corte Suprema de Justicia, quien es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria; el Consejo de Estado, quien es el tribunal supremo en materia de lo contencioso administrativo; y el Concejo Superior de la Judicatura, con la Sala Administrativa y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, quienes tienen a su cargo el juicio de las faltas cometidas por los funcionarios judiciales y los profesionales del derecho.
La corte constitucional está integrada por nueve Magistrados, elegidos por el Senado de la Republica para periodos individuales de ocho años sin derecho a reelección. Los Magistrados de esta corte podrán permanecer en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan un rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso. El consejo de estado está integrado por 31 miembros, elegidos por la misma corporación; la Corte Suprema de Justicia es el tribunal máximo de la Jurisdicción Ordinaria y se compone de un número impar de Magistrados, que determina la ley.
Un Magistrado es un servidor público, aunque es un término que procede de los tiempos de la antigua Grecia, en los países de habla hispana son referidos a cargos administrativos, especialmente judiciales. Su principal función es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Deben tener los elementos fundamentales que les caracterizan en su buen ejercicio: independientes e imparciales.
Quienes aspiran a una magistratura, deben renunciar a cualquier militancia político partidista; no haber sido sometido a procedimientos sancionatorios; deben ser ciudadanos probos y de una conducta ética y moral intachable; abogado de reconocida honorabilidad y competencia; con capacidad mental y sin ningún grado de consanguinidad con los demás integrantes de las cortes.
Aunque todavía tenemos funcionarios honestos y capaces, la corrupción y la politiquería han ido permeando, el interior del aparato de justicia y los órganos de control. Hoy la excelencia en una hoja de vida limpia, formación jurídica, experiencia y merito, no son criterio para la selección de los magistrados, ya que todo depende de la conveniencia, de compromisos predeterminados, del apoyo político y de la manipulación de quienes votan para postular o elegir.
Si no hay justicia, no hay estado de derecho. Muchos estados se quiebran cuando sus cortes no están afincadas por principios y valores que son quienes les sostienen en su credibilidad. Y es allí cuando se le arrebata a su majestad, la justicia. Cuando se pierde la academia en los purpurados; cuando sus decisiones en materia penal se adoptan desde un criterio político y no jurídico; cuando se pierde el principio de equidad para impartir justicia; cuando no hay unos escrutinios para su elección basados en una hoja de vida incólume, con un valor moral y ético, donde sus decisiones están generalmente condicionadas, imponiéndose una dictadura bajo el subterfugio ideológico que representan.
Todos tenemos la responsabilidad de ser guardianes de las Cortes, porque ellas son quienes orientaran el futuro de nuestra nación, y de su elección dependerá que, en conciencia recta, puedan cumplir la gran tarea de juzgar, y que no terminemos en una gobernanza autoritaria, y por demás ilegitima, de un sistema democrático, donde el poder supremo lo tiene el pueblo, ejercido por quienes son elegidos y no por sus cortes.
Padre Pacho
La Corte Suprema de Justicia, actúa en Derecho.
Las Cortes son juzgadas cuando toman decisiones que despejan y evidencian acciones de personalidades, de partidos que atropellan al Estado Social de Derecho.
En el país : donde acallan a,opositores a los,atropellos a la,sociedad civil, al pueblo , a los pobres y aún mas grave a Sacerdotes, Arzobispos , que tienen sentido de lo social, que denuncian públicamente las,desigualdades a todo nivel.
Un mecanismo idóneo es la cooptación para que cada corte reemplace a sus magistrados faltantes de una lista seleccionada por los decanos de las 5 principales facultades de derecho.
Y agilizar la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.
Hoy por la sanción impuesta al ex presidente, los ojos están acusando a la Corte suprema, pero esa sala, fue elegida por los partidos que hoy las acusan,
Miremos como la Constitucional está perdiendo su sentido progresista que la ha caracterizado, con la elección de magistrados ultra conservadores.
El Consejo de Estado, perdió su norte y hoy son un órgano más de defensa del Estado, convirtiendo las decisiones estatales en una dictadura y los ciudadanos nos vemos desprotegidos ante el poder omnímodo del Estado.
Mi hablar del Consejo de la judicatura, que no se ha podido reemplazar, por la inoperancia del poder legislativo.
No se trata de desaparecer las cortes, lo que se debe modificar es el sistema de elección de magistrados, ahí no puede estar el congreso eligiendo quienes los van a juzgar.
Es importante que los magistrados tengan no sólo criterio jurídico, sino político, es imposible impedirles pensar políticamente, lo que sí estoy de acuerdo con Uribe es que los magistrados deberian terminar sus carreras en las cortes y no pasar por allí, esperando enriquecerse al salir.