EDITORIAL
Lo que ha hecho el Consejo de Estado no es solo una injusticia monumental contra la clase trabajadora: es una afrenta, un golpe seco al corazón de millones de colombianos que sobreviven con el salario mínimo. La suspensión del decreto que fijaba en 2 millones de pesos el ingreso vital para 2026 es una torpeza histórica, cuyas consecuencias pueden ser tan incalculables como irreparables.
El fallo, anunciado el viernes 13 de febrero, cayó como un mazazo sobre los 2,4 millones de trabajadores que devengan exactamente un salario mínimo, sobre los pensionados que dependen de esa cifra y sobre la inmensa masa de ciudadanos que la toman como referencia para medir sus ingresos.
Colombia no es cualquier país: es el tercer más desigual del planeta, solo detrás de Sudáfrica y Namibia, según el PNUD. Con un coeficiente de Gini que oscila entre 0,51 y 0,53, la brecha entre ricos y pobres es un abismo que se ensancha cada día. Más del 55% de los trabajadores están en la informalidad, y regiones como Chocó, La Guajira y Cauca viven una pobreza que avergüenza a la nación.
¿Y qué hicieron los magistrados? Ignorar esa realidad. Los mismos que devengan 50 millones mensuales, los mismos que presiden cortes donde la impunidad supera el 93%, decidieron echar por la borda un decreto que buscaba aliviar, aunque fuera mínimamente, el desbalance entre ingresos y egresos de la clase trabajadora.
¿En qué estaban pensando? Enfrascados en luchas partidistas, en cálculos políticos, en torpedear cualquier intento de reforma. Esta vez, sin embargo, han ido demasiado lejos. En pleno periodo electoral, tras las maniobras del Consejo Nacional Electoral para frenar la unidad de los partidos progresistas, el Consejo de Estado atiza la hoguera con un fallo que huele a revancha.
El riesgo es evidente: que la indignación popular se desborde, que la protesta social se convierta en un nuevo estallido de consecuencias impredecibles. Porque cuando la justicia se divorcia del pueblo, cuando los jueces se blindan en privilegios mientras millones se hunden en la precariedad, lo que se siembra no es orden ni legalidad, sino rabia.
¿Cómo se atreven? Esa es la pregunta que retumba hoy en las calles, en los hogares y en la conciencia de un país que ya no aguanta más.
Respetado amigo don Luis Fernando:
Cuando usted se refiere al coeficiente de Gini –que no mide la riqueza sino la justicia retributiva– y lo ubica oscilando entre 0,51 y 0,53, se puede colegir que la desigualdad salarial es herencia de los gobiernos de veinte años anteriores, tan diligentes siempre para subir el salario mínimo por debajo de la inflación y del producto interno bruto, perfeccionando así la precarización de los trabajadores colombianos.
Luego, el establecimiento del salario mínimo vital decretado por el Gobierno –ante la ausencia de los actores en la mesa de concertación– quedó bastante corto frente a ese coeficiente; pero… al menos intentó corregir la vieja costumbre de empobrecer con método.
Por eso resulta admirable la prontitud con que el Consejo de Estado decide objetarlo: no vaya a ser que la realidad económica contradiga la tradición.
Nada perturba más cierto refinado equilibrio institucional que un leve intento de justicia distributiva. La desigualdad se puede tolerar; lo intolerable parece ser la osadía de corregirla. Así, mientras el Gini sigue imperturbable en su elocuencia matemática, algunos prefieren salvaguardar la ortodoxia antes que el ingreso de quienes viven de su trabajo. Elegancia jurídica, sin duda; pero siempre más severa con el salario que con la inequidad.