El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el pago de la prima de mitad de año a docentes, que entre 2024 y 2025 habrían alcanzado los $260.437 millones, equivalentes al 56,8% del total desembolsado en ese periodo.
El anuncio fue realizado por el vicepresidente del fondo, Herman Bayona, durante el programa Noches de Opinión, dirigido por el gerente de RTVC, Hollman Morris.
Hallazgos principales
- Entre 2024 y 2025 se pagaron $458.799 millones por concepto de la prima, correspondientes a 42.400 desembolsos.
- Solo en 2024 se ejecutaron pagos por $165.504 millones.
- El FOMAG identificó inconsistencias que motivaron la denuncia, entre ellas:
- 4.405 pagos por más de $83.082 millones a beneficiarios con sentencias judiciales ejecutoriadas que negaban el derecho a la prima.
- Desembolsos que no cumplían los requisitos establecidos en la Ley 91 de 1989, artículo 15.
Cambio de criterio jurídico
La entidad señaló que el 15 de agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico que modificó la interpretación vigente sobre el reconocimiento de la prima, sin que mediara reforma legal ni sentencia de unificación. Este cambio habría incidido en la ampliación de pagos durante ese año.
Posible intermediación
El fondo también denunció que algunos docentes recibieron recursos sin haberlos solicitado y que otros, pese a haber perdido demandas, fueron convocados a reclamar dineros por intermediación del abogado Yobany Alberto López Quintero. Según el FOMAG, López habría difundido la existencia de fallos judiciales favorables que no aparecen en los registros oficiales.
La entidad agregó que publicaciones en medios como Revista Semana e Infobae contribuyeron a consolidar la percepción de que existía un cambio jurisprudencial, aunque tales fallos no fueron hallados en las bases oficiales revisadas.
Próximos pasos
El vicepresidente Bayona afirmó que la denuncia busca proteger los recursos públicos del magisterio y establecer si los hechos constituyen irregularidades administrativas o eventuales delitos contra la administración pública.
La Fiscalía deberá determinar responsabilidades y definir medidas para la recuperación de los recursos, mientras el FOMAG continúa revisando sus procesos internos para evitar nuevas inconsistencias.
