Preámbulo
La eutanasia pasiva consiste en la interrupción, omisión o retirada de tratamientos médicos (respiradores, alimentación artificial, entre otros) que prolongan la vida de un paciente con una enfermedad terminal o irreversible. A diferencia de la activa, su objetivo es dejar morir naturalmente, no causar la muerte directamente, siendo a menudo denominada limitación del esfuerzo terapéutico.
Cuando menciono la eutanasia pasiva a la Colombiana debido a la “mamadera de gallo de las EPS”, resalto lo mencionado en el primer párrafo con relación a la percepción del usuario y el ciudadano al ver este tipo de situaciones: “su objetivo es dejar morir naturalmente, no causar la muerte directamente, siendo a menudo denominada limitación del esfuerzo terapéutico”.
Hace parte de esta maquiavélica práctica la entrega tardía de medicamentos y la falta de autorización a tiempo de exámenes médicos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo cual genera todo tipo de barreras administrativas que impactan gravemente la salud, la vida y la economía de los pacientes.
Desarrollo del Escrito
“La Eutanasia a la Colombiana”, es un tema de la vida cotidiana, el cual no encaja cuando vemos que las decisiones tomadas perjudican al colectivo que cumple con su deber al cotizar y pagar mensualmente la cuota de dinero que le corresponde a los sistemas de salud para que estas entidades cumplan a cabalidad con el servicio ofertado, ya que el beneficiario y su familia no están de “care gratis” en este proceso porque se está desembolsando un monto de dinero para ello, pero en Colombia sucede algo tan particular y es que “ el cliente de las EPS no tiene la razón”, increíble pero cierto, en un país que se ve de todo, hasta es posible “que llueva para arriba”, “que salga el sol de noche”, “que las vacas vuelen”, en fin, es un sarcasmo a lo ilógico con relación a esta realidad del servicio de salud de Colombia, nuestra amada patria.
Esa corrupción surge de la combinación de tres factores, siendo el primero un poder que puede usarse sin suficiente control y vigilancia; un segundo factor es la oportunidad para obtener beneficios personales o de ciertos grupos como consecuencia de esa falta de control y vigilancia, además, el tercer factor es el tener el perfil con ausencia o carencia de moral y ética para actuar incorrectamente desde su cargo, para actuar mal, racionalizando este tipo de comportamientos a través de expresiones tales como “esto no es tan grave”, “relájese, cual es el problema si no somos los primeros en realizar estas cosas en Colombia”, “como uno aprende”, “nada nos va a pasar ya que con billete los torcemos y listo”, “un pobre muerto no se nota entre tantos”, en fin, ese engranaje macabro existente para poder hacer sin que nada pase desde la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Al ver que no sucede nada, las personas caen en la resignación, en ese “nada se puede hacer”, postura que protege y legitima estas malas prácticas ya que la institucionalidad no procede con rapidez y de manera frenética porque es el derecho a la vida lo que se está vulnerando “de frente” y en “las narices” de las autoridades competentes, lo cual implica una afectación a lo público, ya que lo público no significa que “es del Estado” sino “de todos” y con el tiempo se normaliza ese cinismo, el cual reemplaza la responsabilidad de cumplir con el deber por la burla al usuario, como imperativo categórico y faro de actuación de los sistemas de salud ante la falta de rigor desde la legalidad.
La eutanasia a la colombiana afecta al usuario de la siguiente manera:
- Interrupción de tratamientos vitales: La demora en la entrega de medicamentos para enfermedades como diabetes (insulina), hipertensión, cáncer o VIH, genera desabastecimiento en el paciente, poniendo en riesgo su integridad física.
- Complicaciones y deterioro: La falta de medicamentos y el retraso en exámenes de diagnóstico oportunos (como biopsias o imágenes especializadas) provoca el empeoramiento de la salud del paciente, llevando a situaciones crónicas o desnutrición, e incluso la muerte.
- Aumento de urgencias: Al no recibir la atención adecuada, los pacientes terminan saturando los servicios de urgencias, buscando atención que debió ser preventiva o de seguimiento.
- Aumento del gasto de bolsillo: Los pacientes se ven obligados a comprar medicamentos con sus propios recursos, lo que ha generado un incremento en el gasto directo de las familias (aproximadamente un 18% más, superando los $108,000 pesos anuales por paciente) para evitar la interrupción de sus tratamientos.
- Pérdida de productividad laboral: Las largas esperas, filas y trámites administrativos absorben tiempo de trabajo, lo que afecta la productividad de los pacientes y sus cuidadores.
- Barreras de acceso: Los usuarios enfrentan trabas como la exigencia de reconsultas innecesarias para renovar órdenes médicas (barreras impuestas, a pesar de que el Ministerio de Salud indica que no requieren autorización adicional las fórmulas de enfermedades crónicas).
- Estrés y ansiedad: El paciente vive un «drama continuo» al intentar conseguir sus medicamentos, lo que genera angustia, sensación de desamparo y desesperanza, especialmente cuando las citas o autorizaciones se dilatan por meses.
¿Y el gobierno de Gustav Petro que ha hecho al respecto?
El gobierno de Gustavo Petro ha enfocado sus acciones en relación con el incumplimiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacia la intervención forzosa de varias de ellas, la orden de liquidación para las que se encuentran en quiebra y la búsqueda de un cambio de modelo para eliminar la intermediación financiera. Con corte a abril de 2026, el panorama muestra un control directo sobre una gran parte de los afiliados del sistema.
Entre los logros y acciones destacadas (2024-2026) se mencionan las siguientes:
- Intervención de EPS clave: El gobierno ha intervenido EPS ineficientes o con problemas financieros, incluyendo la Nueva EPS (la más grande del país), Sanitas, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, entre otras. En abril de 2026 se oficializó la prórroga de la intervención de la Nueva EPS hasta abril de 2027.
- Reestructuración y control de deuda: A mediados de 2025, el gobierno reportó que algunas EPS intervenidas redujeron sus niveles de deuda, tales como Famisanar (-35,4%), SOS (-7,5%) y Sanitas (-1,7%).
- Orden de liquidación de EPS insolventes: Ante la no aprobación de la reforma a la salud en el Congreso, el presidente Petro ordenó en marzo de 2026 la liquidación de EPS intervenidas que se encuentran en quiebra y cuyos estados financieros son inviables.
- Medidas contra EPS ineficientes (Abril 2026): El gobierno ha iniciado procesos para revocar la licencia de operación a EPS con altos índices de quejas, citando causales como fallas en la red de servicios y no pago a clínicas. Se anunció la revocación de la autorización de operación a la EPS Cosalud por considerarla ineficiente.
- Enfoque en el pago a la red hospitalaria: Las EPS intervenidas por el gobierno han realizado pagos significativos a hospitales públicos, sumando más de $5 billones a mediados de 2025.
- Defensa del modelo preventivo: El gobierno asegura que la intervención ha permitido empezar a aplicar el nuevo modelo de salud preventiva y la eliminación de la intermediación financiera.
Avances: El presidente Petro ha enfatizado que el gobierno no asumirá las deudas históricas de las EPS que se liquiden, asimismo, ha habido tensiones judiciales, con fallos que han frenado el reordenamiento de usuarios que el gobierno pretendía implementar.
El impacto de la liquidación de las EPS intervenidas es un tema en desarrollo, con alertas sobre la capacidad de absorción del sistema.
¿Y por qué esto sigue sucediendo y el gobierno no hace nada?
La reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro fue archivada por segunda vez el 16 de diciembre de 2025 en la Comisión Séptima del Senado (8 votos a favor del archivo, 5 en contra). Este nuevo hundimiento de la iniciativa bloquea el cambio estructural que buscaba eliminar el papel central de las EPS y fortalecer el sistema público.
Los puntos clave de la reforma archivada incluían:
- Eliminación de las EPS: Se buscaba cambiar el modelo de intermediación por uno donde el Estado (a través de la ADRES) girara directamente a los hospitales y clínicas.
- Atención Primaria: El foco se centraba en centros de salud en barrios y zonas rurales.
- Gestoras de Vida: Reemplazo de las EPS por entidades que no manejarían los recursos directamente, sino que gestionarían la atención.
La ponencia de archivo fue respaldada por senadores de oposición e independientes, argumentando riesgos financieros, falta de financiación clara y fallas en la transición, según consta en la nota del Senado de la República. Como explica el analista de la BBC, la reforma buscaba transformar el sistema de aseguramiento privado vigente desde 1993, y su hundimiento representa un revés para la agenda social del presidente.
¿Y entonces que hacemos como ciudadanos?
Dejar de ser estúpidos.
La estupidez es la incapacidad o forma defectuosa de relación con el pensamiento, de una manera rígida, cerrada o automática de usar o suspender la capacidad de juzgar y de reflexionar críticamente sobre lo que se piensa, dice o hace. Una persona es estúpida cuando no se interroga por lo que da por sentado, suspendiendo el examen racional para revisar y evaluar lo que se cree verdadero, evidente y correcto.
Cuando el discurso va por un lado y los hechos van por el otro, es la máxima manifestación de convicción que las personas y los colectivos son estúpidos, ya que el cinismo y la racionalización de los manipuladores han llegado a tales estadios que la “tomadera del pelo, el engaño, la farsa, el fraude y el timar” se convirtió en algo tan natural que me hace acordar de la reacción del chómpiras cuando el botija le decía “ eres un idiota” y el respondía “ ah si si”, situación similar sucede en este país con ciertos colectivos en los cuales el “ ah si si” es aceptar el no cambio de la realidad, seguir con lo mismo, pero por fortuna son bastantes los que han ido cambiando esta postura de retroceso.
Esa obediencia ciega e irresponsable denominada estupidez, no examina el marco y no evalúa el impacto, es un ataque a la reflexión porque se es incapaz de reconocer el alcance de lo aceptado desde esa obediencia ciega sin el paso por el filtro de la ciencia y de la crítica, afectando el presente y el futuro de todos, clausurando el diálogo y la argumentación, dejándose engañar de discursos que parecen profundos pero al ser revisados carecen de todo fundamento ético y moral, discursos inviables desde la practicidad, los cuales con la sutileza maquinada por ciertos medios de comunicación inducen a la renuncia colectiva del juicio crítico, ya que la estupidez es reactiva ante la información adicional o la nueva información.
Colofón
La invitación es tener apertura a la crítica y el análisis para elegir bien a todos los gobernantes, evaluando su capacidad de administrar desde el conocimiento con moral y ética para el beneficio de todos, gobernantes intachables e incorruptibles ante este flagelo tan nocivo y que se puede evidenciar en todos los estamentos gubernamentales y con un enfoque acentuado en los sistemas prestadores del servicio de salud y a todos aquellos funcionarios que archivan proyectos beneficiosos para los colectivos.
Mención para el lector
Este texto no pretende ser un producto acabado o el final del camino. Es una invitación a la reflexión y el debate para la construcción colectiva ya que en “El Opinadero” cada lector es también un autor.
A partir de lo mencionado:
¿Cuál es su responsabilidad y “no responsabilidad” frente a la realidad mencionada en este escrito? Opine en el Opinadero.
