Pereira vuelve a mirarse al espejo. Y lo que ve no es nuevo, pero sí más profundo, más extendido y más incómodo. La columna de Adriana Vallejo de la Pava hace unos días acá en EL OPINADERO lo plantea con datos concretos: las invasiones —las ocupaciones ilegales de predios— se duplicaron en una década, pasando de 48 en 2016 a más de 100 en 2026. No es una percepción de ella o de los ciudadanos de Pereira o mía. Es una tendencia.
Pero detrás de la cifra hay algo más complejo: una mezcla peligrosa entre necesidad real y aprovechamiento criminal.
No es la primera vez que Pereira enfrenta este fenómeno. Ya en los años 60, figuras como Jaime Salazar impulsaron procesos de ocupación de tierras con un discurso de justicia social. En su momento, estas acciones fueron vistas por muchos como mecanismos de acceso a vivienda para sectores excluidos, en un país sin política habitacional estructurada.
Yo mismo lo he mencionado antes: esas prácticas, aunque discutibles en lo jurídico, nacían de una lógica distinta. Había una intención —al menos en el discurso— de responder a una necesidad social evidente. Lo que vino después fue otra cosa: la capitalización política de esas acciones.
En esa misma línea, Pereira conoció el peso de clanes políticos tradicionales. La familia Giraldo —con figuras como el recordado Perches padre— tuvo una influencia prolongada en la vida pública de la ciudad, con presencia en el Concejo y proyección nacional. Parte de su historia también estuvo rodeada de episodios asociados a procesos de ocupación de tierras. El al igual que Jaime Salazar tuvo motivaciones sociales con posteriores réditos políticos a su favor. Cada quien hará su lectura. No soy yo quién para hacer de juez.
Conviene decirlo con precisión: en muchos casos, estas dinámicas se justificaban bajo la idea de “darle tierra al que no tiene”.
El problema es que esa lógica, sin institucionalidad, termina deformándose. Como vemos que está pasando ahora.
Lo que describe Adriana Vallejo hoy ya no tiene ese matiz. El fenómeno mutó. Ya no es —principalmente— una estrategia social (¿política?) con réditos electorales. Ahora es un negocio ilegal, organizado y sistemático.
Redes de delincuentes identifican terrenos vulnerables, los ocupan y luego los “venden” a familias desesperadas. No hay títulos. No hay legalidad. Solo promesas. En muchos casos, esas familias terminan desalojadas y pierden lo poco que tenían.
Pereira también tiene ejemplos de lo que ocurre cuando el Estado interviene —tarde, pero interviene—. La historia de los llamados “2.500 lotes” en Cuba es un referente. Un intento de ordenar lo que empezó como ocupación informal, integrando a la ciudad lo que inicialmente estaba al margen.
Ese tipo de experiencias deja una lección: ignorar el problema no lo elimina. Lo transforma.
Si el diagnóstico es claro, las acciones también deben serlo: control territorial en tiempo real, intervención temprana, política de vivienda efectiva, acción penal contra urbanizadores ilegales y atención social diferencial.
Decir que invadir está mal es correcto. Es ilegal. Pero quedarse ahí es cómodo. Porque también es cierto que miles de familias no tienen cómo acceder a una vivienda formal. Y cuando el sistema no ofrece alternativas, la ilegalidad se convierte en la única puerta de entrada.
Y entonces vale hacerse la pregunta sin rodeos: ¿estamos viendo el regreso de los cinturones de miseria de los años 60?
¿Es esto consecuencia de políticas públicas que han debilitado programas reales de acceso a vivienda mientras se destinan recursos a estrategias que no resuelven las causas estructurales?
El planteamiento que hace la doctora Adriana Vallejo es claro: no basta con cambiar nombres de dependencias ni crear nuevas oficinas. El problema exige capacidad institucional real.
Pero hay otra reflexión que no podemos evitar. En Pereira —y en Colombia— seguimos siendo muy eficaces para diagnosticar, opinar y criticar. Menos para construir soluciones sostenibles.
Porque al final, la pregunta no es solo quién invade. La pregunta es: ¿quién responde antes de que invadir sea la única opción?
Fernando Sánchez Prada
Comunicador y columnista
