La sociedad colombiana está carente y ausente de justicia. La vieja clase política liberal-conservadora, hoy camuflada en partidos de garaje, nos impuso la máxima de que “la justicia es solo para los de ruana”. Nuestra justicia tiene precio, siendo causa de una violencia y corrupción escandalosas. En la última década del siglo pasado, este sector impuso el modelo neoliberal, cuya fórmula central fue la privatización de los servicios públicos domiciliarios.
En Pereira, el gobierno de Juan Manuel Arango logró que el Concejo aprobara, el 16 de mayo de 1996, el Acuerdo 30. Este transformó las antiguas Empresas Públicas, entidad pública y de grandes beneficios, en cinco empresas de acciones regidas por el derecho privado. Es decir, quedaron privadas de vigilancia y control, puestas al servicio de la politiquería. En estos 30 años, los daños a ese patrimonio han sido enormes, especialmente en la «joya de la corona»: Aguas y Aguas.
Recordemos que entre 2008 y 2011 la empresa fue dirigida por la hoy senadora María Irma Noreña, cónyuge del actual alcalde, con funesta gestión. Pese a las fundadas denuncias radicadas ante organismos de control, éstas quedaron perdidas en escritorios de funcionarios incompetentes. Resultado: La IMPUNIDAD.
Sus áulicos y correveidiles mostraban como uno de los logros de su retorcida gestión, la firma del Convenio 186 de 2010 con el Ministerio de Vivienda para el programa “Todos por el Pacífico”, en el departamento del Chocó, para prestar gerencia integral en obras de infraestructura en agua y alcantarillado. Sin embargo, transcurridos 16 años, se decretaron graves incumplimientos. Aguas y Aguas solo recibió $11.768 millones, de un total de $17.125 millones, por fallas en la Gerencia Integral de su entera responsabilidad. Quedaron inconclusos los acueductos en Istmina, Medio Baudó y Nóvita, además de presentar deficiencias técnicas en Río Quito y retrasos de ocho meses en los informes. La auditoría reveló $6.197 millones en anticipos a subcontratistas sin justificar. Ante el fracaso del Convenio, el Ministerio solicitó al Tribunal Contencioso del Chocó, el 26 de febrero de 2026, la liquidación judicial del convenio y demanda contractual por daños y perjuicios para proteger los recursos públicos. ¿Quién responde por este fracaso? ¿Por qué guardan silencio hasta hoy?
La crisis de transparencia y méritos no cesa, continúa con contrataciones «a dedo y sin publicidad». Uno de tantos es la construcción del Sistema de Tratamiento de Lodos, proyecto crítico ante el vencimiento del plazo de la CARDER. Aunque la resolución exige la entrega total para este mes de junio, la empresa solo pondrá en marcha la Fase 1, mientras el tratamiento de arenas permanece en consultoría sin presupuesto. Esta ejecución parcial evidencia fallas de planificación, acentuadas por una adición de $7.686 millones.
La evolución de costos es inquietante: el diseño inicial en 2016 fue valorado en $8.903 millones; en 2022 se ajustó a $14.187 millones; se adjudicó por $15.394 millones y terminó en $23.080 millones, tras una jugosa y carnuda adición. Resulta cuestionable tal incremento tras actualizaciones recientes. Es una obra ejecutada en silencio y a hurtadillas. A esta incertidumbre técnica se suma el impacto financiero para el usuario. La empresa admite que la planta generará nuevos gastos en personal, energía y transporte que se aplicarán a la tarifa desde el 1 de julio de 2026. El proyecto llega al límite con obras incompletas, sobrecostos y sin claridad sobre el aumento tarifario que asumirá la ciudadanía.
Finalmente, el proyecto Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Pereira-Dosquebradas con presupuesto de $433.466 millones presenta alarmas críticas. Tras una primera licitación desierta, el proceso actual apunta a un nuevo «elefante blanco». Primero, los plazos son imposibles: otorgan solo 27 días para estudiar 1.500 planos y elaborar 500 análisis de precios, solicitar cotizaciones de equipos y materiales importados y nacionales, esperar respuesta de las cotizaciones impidiendo propuestas serias, y otras responsabilidades. Segundo, la tecnología es obsoleta; los diseños de 2018 y 2019 implican casi diez años de retraso. Como ocurrió con la planta de lodos, el uso de diseños antiguos podría disparar adiciones presupuestales hasta por $216.500 millones.
En definitiva, esto representa un golpe directo al bolsillo, pues todo sobrecosto derivado de la mala planeación será trasladado a los usuarios mediante las tarifas de alcantarillado. Un proyecto con tales deficiencias pone en riesgo la estabilidad de Aguas y Aguas de Pereira, pudiendo llevarla a la insolvencia o a una privatización definitiva. Es imperativo exigir que se declare desierta la licitación para actualizar diseños y garantizar un proyecto sólido que no se convierta en otro monumento a la ineficiencia contractual del país.
Solo me resta decir, nada de esto lo cuentan, todo lo ocultan, no asumen responsabilidades, el camino recorrido lleva a su privatización. Es el precio que pagamos por la tolerancia con esta mediocre clase dirigente. Dios nos proteja !!!
