El hambre en Colombia no es un fenómeno aislado ni reciente, es la manifestación más cruda de la pobreza estructural. La alerta encendida por el llamado “Mapa del Hambre” del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el informe “Crisis Alimentaria 2026”, elaborado en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha reavivado un debate que el país no puede seguir postergando. Según estos reportes, cerca de 6,6 millones de compatriotas (alrededor del 12 % de la población) viven en condiciones de inseguridad alimentaria severa. La cifra resulta alarmante en una nación que supera los 50 millones de habitantes.
Más inquietante aún es la clasificación internacional que ubica a Colombia con “banderín rojo”, junto a países como Sudán, Sudán del Sur y Yemen, en niveles críticos de hambre. Esta categorización provocó la reacción del presidente Gustavo Petro, quien sostuvo que el fenómeno ha disminuido y que su persistencia responde principalmente “a la crisis climática y a los conflictos violentos”. Si bien estos factores inciden, el problema es más hondo y estructural.
El hambre no surge únicamente de coyunturas externas: se alimenta de desigualdades históricas. En vastas regiones del país, comunidades enteras enfrentan desplazamiento forzado, confinamiento y abandono estatal. Territorios bajo control de organizaciones criminales limitan la producción agrícola y la movilidad de sus habitantes. A esto se suma la improductividad de grandes extensiones de tierra, la débil presencia institucional y un modelo de seguridad que, en muchos casos, resulta más transitorio que permanente.
Otro elemento determinante es el uso extensivo de tierras para cultivos ilícitos como la coca, lo cual desplaza la producción de alimentos y altera las economías locales. Paralelamente, persiste una deuda histórica con la llamada “Colombia profunda”: zonas rurales olvidadas donde el acceso a servicios básicos, infraestructura y oportunidades sigue siendo precario. Estas regiones suelen ser protagonistas en discursos de campaña, pero rara vez en políticas sostenidas.
El debate actual en torno a la Presidencia debería centrarse, más que en diagnósticos reiterados, en soluciones concretas. Los planes de desarrollo necesitan integrar estrategias reales que garanticen seguridad alimentaria, empleo digno y vinculación equitativa a la tierra. De lo contrario, las cifras seguirán reflejando una tragedia humanitaria silenciosa.
Como lo señalaba una publicación de 2022 del periódico Alma Mater de la Universidad de Antioquia, pese a los múltiples Programas de Alimentación y Nutrición (PPAN) impulsados por el Estado, la pregunta sobre por qué persiste el hambre en Colombia sigue sin respuesta clara. Esto evidencia una desconexión entre la formulación de políticas y su impacto real en las comunidades más vulnerables.
El hambre es, en esencia, una consecuencia directa de la pobreza. No se trata solo de la falta de alimentos, sino de la imposibilidad de llegar a ellos de manera digna, suficiente y culturalmente adecuada. Por ello, su erradicación no puede depender exclusivamente de ayudas asistenciales, sino de transformaciones estructurales que impulsen la producción, fortalezcan el campo, generen empleo y creen riqueza.
En este contexto, cobra vigencia la reflexión de Mahatma Gandhi: “La pobreza es la peor forma de violencia”. El hambre representa su expresión más extrema, pues atenta directamente contra la vida y la dignidad humana. Permitir su persistencia equivale a normalizar una injusticia inaceptable y a fomentar violencia perenne.
Colombia enfrenta, entonces, un desafío ético y político. Combatir el hambre implica reconocer eso como prioridad nacional y, por lo tanto, actuar en consecuencia. No basta con debatir cifras o cuestionar informes internacionales: es necesario transformar las condiciones que la originan. Solo así será posible sembrar equidad en un país que, paradójicamente, cuenta con los recursos para alimentar a todos sus habitantes. Así es como se siembra la paz. Ojo, pues, aspirantes al poder.
