Por: Miguel Ernesto Díaz Leiva
Hablo no solo como ciudadano que hoy lucha por recuperar sus ahorros, sino como alguien que estuvo en el epicentro de la operación. Fui Director Comercial de Protección en Pereira y, desde mi formación profesional, entendía perfectamente la potencia del modelo financiero que nos entregaron para vender. En los años noventa convencí a miles de risaraldenses de afiliarse, proyectando un futuro de bienestar basado en la magia matemática del interés compuesto. Hoy, mi deber ético es denunciar cómo esa “magia” dejó de trabajar para el ahorrador y pasó a enriquecer exclusivamente a los administradores.
Desde una perspectiva técnica, el modelo inicial era robusto. Quienes conocemos de finanzas sabemos que el interés sobre interés en el largo plazo, con tasas mínimas garantizadas sobre la inflación, genera incrementos exponenciales en el capital. Esa era nuestra bandera. Les explicábamos a los trabajadores que el tiempo era su mejor aliado y que su cuenta individual crecería de forma imparable.
Sin embargo, en el transcurso de estas tres décadas fuimos testigos de una maniobra de ingeniería legislativa y financiera sin precedentes. Esas tasas mínimas y beneficios que inicialmente blindaban al dueño del ahorro fueron “podados” sistemáticamente en el Congreso. Los beneficios del interés compuesto, que debían inflar la futura pensión del afiliado, fueron desviados para cubrir costos de administración exorbitantes y sin controles, así como grandes préstamos a personajes influyentes sin respaldo financiero, destinados a proyectos gigantes cuyas utilidades quedaban para ellos. En caso de pérdidas, estas se aplicaban al valor del fondo. En términos simples: ganancias para los abusadores del dinero, pérdidas para los dueños del mismo. La potencia financiera del modelo no desapareció, pero cambió de dueño. Los rendimientos dejaron de capitalizar la vejez del trabajador para convertirse en utilidades exuberantes de los fondos.
En Pereira recorrí empresas asegurando que el dinero estaría seguro. El respaldo de cada administradora de fondos de pensiones estaba dado por las más grandes empresas del sector financiero y conglomerados como el Grupo Aval (Porvenir), el Grupo Empresarial Antioqueño (Protección – Sura), el Grupo Santo Domingo (Colfondos), y el Grupo Colmena, hoy Caja Social, entre otros. Yo creía en esa promesa porque los números iniciales cuadraban. Lo que no podíamos prever quienes dábamos la cara en las regiones era que el sistema estaba siendo gestado con una fecha de caducidad oculta para el afiliado y una perpetuidad de lucro para los banqueros.
Nos utilizaron para “pescar” el ahorro de la población, sabiendo que las reglas del juego cambiarían para favorecer la concentración de esos billones en sus propios negocios de infraestructura, banca y “otras cositas”. Fue un engaño doble: traicionaron la confianza de los colombianos y la labor de quienes, de buena fe y con rigor técnico, promocionamos el sistema. Nos hicieron vender un producto que ellos mismos se encargaron de viciar a través del lobby político en estos 32 años.
Es una ironía dolorosa. Hoy me encuentro con que mis propios ahorros de casi 40 años de cotización están secuestrados. Tras solicitar mi traslado a Colpensiones en 2024, me enfrento a la misma muralla de hierro que hoy afecta a miles. Protección S.A. se niega a transferir mi capital y los intereses que generé, manteniéndome en un limbo que es, en la práctica, una retención indebida de recursos.
A nivel nacional, cerca de $25 billones de pesos están bloqueados. Las AFP utilizan argumentos técnicos y se amparan en suspensiones judiciales para no entregar un dinero que no les pertenece. Es el acto final de “La Gran Estafa”: no solo te quitan la rentabilidad prometida, sino que cuando intentas retirarte, te cierran la puerta y se quedan con tu capital para seguir financiando sus imperios.
Haber sido parte de la estructura comercial de Protección me obliga a levantar la voz para denunciar un sistema que utilizó la ciencia financiera para despojar a una generación de su derecho a una vejez digna.
El ahorro pensional es sagrado. Si el modelo de 1994 se corrompió para servir al banquero, nuestra obligación es luchar hasta que el último peso —con su capital y sus intereses— regrese a manos de su verdadero dueño: el trabajador colombiano.Exdirector Comercial de Protección S.A. en Pereira
Hablo no solo como ciudadano que hoy lucha por recuperar sus ahorros, sino como alguien que estuvo en el epicentro de la operación. Fui Director Comercial de Protección en Pereira y, desde mi formación profesional, entendía perfectamente la potencia del modelo financiero que nos entregaron para vender. En los años noventa convencí a miles de risaraldenses de afiliarse, proyectando un futuro de bienestar basado en la magia matemática del interés compuesto. Hoy, mi deber ético es denunciar cómo esa “magia” dejó de trabajar para el ahorrador y pasó a enriquecer exclusivamente a los administradores.
Desde una perspectiva técnica, el modelo inicial era robusto. Quienes conocemos de finanzas sabemos que el interés sobre interés en el largo plazo, con tasas mínimas garantizadas sobre la inflación, genera incrementos exponenciales en el capital. Esa era nuestra bandera. Les explicábamos a los trabajadores que el tiempo era su mejor aliado y que su cuenta individual crecería de forma imparable.
Sin embargo, en el transcurso de estas tres décadas fuimos testigos de una maniobra de ingeniería legislativa y financiera sin precedentes. Esas tasas mínimas y beneficios que inicialmente blindaban al dueño del ahorro fueron “podados” sistemáticamente en el Congreso. Los beneficios del interés compuesto, que debían inflar la futura pensión del afiliado, fueron desviados para cubrir costos de administración exorbitantes y sin controles, así como grandes préstamos a personajes influyentes sin respaldo financiero, destinados a proyectos gigantes cuyas utilidades quedaban para ellos. En caso de pérdidas, estas se aplicaban al valor del fondo. En términos simples: ganancias para los abusadores del dinero, pérdidas para los dueños del mismo. La potencia financiera del modelo no desapareció, pero cambió de dueño. Los rendimientos dejaron de capitalizar la vejez del trabajador para convertirse en utilidades exuberantes de los fondos.
En Pereira recorrí empresas asegurando que el dinero estaría seguro. El respaldo de cada administradora de fondos de pensiones estaba dado por las más grandes empresas del sector financiero y conglomerados como el Grupo Aval (Porvenir), el Grupo Empresarial Antioqueño (Protección – Sura), el Grupo Santo Domingo (Colfondos), y el Grupo Colmena, hoy Caja Social, entre otros. Yo creía en esa promesa porque los números iniciales cuadraban. Lo que no podíamos prever quienes dábamos la cara en las regiones era que el sistema estaba siendo gestado con una fecha de caducidad oculta para el afiliado y una perpetuidad de lucro para los banqueros.
Nos utilizaron para “pescar” el ahorro de la población, sabiendo que las reglas del juego cambiarían para favorecer la concentración de esos billones en sus propios negocios de infraestructura, banca y “otras cositas”. Fue un engaño doble: traicionaron la confianza de los colombianos y la labor de quienes, de buena fe y con rigor técnico, promocionamos el sistema. Nos hicieron vender un producto que ellos mismos se encargaron de viciar a través del lobby político en estos 32 años.
Es una ironía dolorosa. Hoy me encuentro con que mis propios ahorros de casi 40 años de cotización están secuestrados. Tras solicitar mi traslado a Colpensiones en 2024, me enfrento a la misma muralla de hierro que hoy afecta a miles. Protección S.A. se niega a transferir mi capital y los intereses que generé, manteniéndome en un limbo que es, en la práctica, una retención indebida de recursos.
A nivel nacional, cerca de $25 billones de pesos están bloqueados. Las AFP utilizan argumentos técnicos y se amparan en suspensiones judiciales para no entregar un dinero que no les pertenece. Es el acto final de “La Gran Estafa”: no solo te quitan la rentabilidad prometida, sino que cuando intentas retirarte, te cierran la puerta y se quedan con tu capital para seguir financiando sus imperios.
Haber sido parte de la estructura comercial de Protección me obliga a levantar la voz para denunciar un sistema que utilizó la ciencia financiera para despojar a una generación de su derecho a una vejez digna.
El ahorro pensional es sagrado. Si el modelo de 1994 se corrompió para servir al banquero, nuestra obligación es luchar hasta que el último peso —con su capital y sus intereses— regrese a manos de su verdadero dueño: el trabajador colombiano.
*Exdirector Comercial de Protección S.A. en Pereira
