Por: Miguel Ernesto Díaz Leiva
Hablo no solo como ciudadano que hoy lucha por recuperar sus ahorros, sino como alguien que estuvo en el epicentro de la operación. Fui Director Comercial de Protección en Pereira y, desde mi formación profesional, entendía perfectamente la potencia del modelo financiero que nos entregaron para vender. En los años noventa convencí a miles de risaraldenses de afiliarse, proyectando un futuro de bienestar basado en la magia matemática del interés compuesto. Hoy, mi deber ético es denunciar cómo esa “magia” dejó de trabajar para el ahorrador y pasó a enriquecer exclusivamente a los administradores.
Desde una perspectiva técnica, el modelo inicial era robusto. Quienes conocemos de finanzas sabemos que el interés sobre interés en el largo plazo, con tasas mínimas garantizadas sobre la inflación, genera incrementos exponenciales en el capital. Esa era nuestra bandera. Les explicábamos a los trabajadores que el tiempo era su mejor aliado y que su cuenta individual crecería de forma imparable.
Sin embargo, en el transcurso de estas tres décadas fuimos testigos de una maniobra de ingeniería legislativa y financiera sin precedentes. Esas tasas mínimas y beneficios que inicialmente blindaban al dueño del ahorro fueron “podados” sistemáticamente en el Congreso. Los beneficios del interés compuesto, que debían inflar la futura pensión del afiliado, fueron desviados para cubrir costos de administración exorbitantes y sin controles, así como grandes préstamos a personajes influyentes sin respaldo financiero, destinados a proyectos gigantes cuyas utilidades quedaban para ellos. En caso de pérdidas, estas se aplicaban al valor del fondo. En términos simples: ganancias para los abusadores del dinero, pérdidas para los dueños del mismo. La potencia financiera del modelo no desapareció, pero cambió de dueño. Los rendimientos dejaron de capitalizar la vejez del trabajador para convertirse en utilidades exuberantes de los fondos.
En Pereira recorrí empresas asegurando que el dinero estaría seguro. El respaldo de cada administradora de fondos de pensiones estaba dado por las más grandes empresas del sector financiero y conglomerados como el Grupo Aval (Porvenir), el Grupo Empresarial Antioqueño (Protección – Sura), el Grupo Santo Domingo (Colfondos), y el Grupo Colmena, hoy Caja Social, entre otros. Yo creía en esa promesa porque los números iniciales cuadraban. Lo que no podíamos prever quienes dábamos la cara en las regiones era que el sistema estaba siendo gestado con una fecha de caducidad oculta para el afiliado y una perpetuidad de lucro para los banqueros.
Nos utilizaron para “pescar” el ahorro de la población, sabiendo que las reglas del juego cambiarían para favorecer la concentración de esos billones en sus propios negocios de infraestructura, banca y “otras cositas”. Fue un engaño doble: traicionaron la confianza de los colombianos y la labor de quienes, de buena fe y con rigor técnico, promocionamos el sistema. Nos hicieron vender un producto que ellos mismos se encargaron de viciar a través del lobby político en estos 32 años.
Es una ironía dolorosa. Hoy me encuentro con que mis propios ahorros de casi 40 años de cotización están secuestrados. Tras solicitar mi traslado a Colpensiones en 2024, me enfrento a la misma muralla de hierro que hoy afecta a miles. Protección S.A. se niega a transferir mi capital y los intereses que generé, manteniéndome en un limbo que es, en la práctica, una retención indebida de recursos.
A nivel nacional, cerca de $25 billones de pesos están bloqueados. Las AFP utilizan argumentos técnicos y se amparan en suspensiones judiciales para no entregar un dinero que no les pertenece. Es el acto final de “La Gran Estafa”: no solo te quitan la rentabilidad prometida, sino que cuando intentas retirarte, te cierran la puerta y se quedan con tu capital para seguir financiando sus imperios.
Haber sido parte de la estructura comercial de Protección me obliga a levantar la voz para denunciar un sistema que utilizó la ciencia financiera para despojar a una generación de su derecho a una vejez digna.
El ahorro pensional es sagrado. Si el modelo de 1994 se corrompió para servir al banquero, nuestra obligación es luchar hasta que el último peso —con su capital y sus intereses— regrese a manos de su verdadero dueño: el trabajador colombiano.Exdirector Comercial de Protección S.A. en Pereira
Hablo no solo como ciudadano que hoy lucha por recuperar sus ahorros, sino como alguien que estuvo en el epicentro de la operación. Fui Director Comercial de Protección en Pereira y, desde mi formación profesional, entendía perfectamente la potencia del modelo financiero que nos entregaron para vender. En los años noventa convencí a miles de risaraldenses de afiliarse, proyectando un futuro de bienestar basado en la magia matemática del interés compuesto. Hoy, mi deber ético es denunciar cómo esa “magia” dejó de trabajar para el ahorrador y pasó a enriquecer exclusivamente a los administradores.
Desde una perspectiva técnica, el modelo inicial era robusto. Quienes conocemos de finanzas sabemos que el interés sobre interés en el largo plazo, con tasas mínimas garantizadas sobre la inflación, genera incrementos exponenciales en el capital. Esa era nuestra bandera. Les explicábamos a los trabajadores que el tiempo era su mejor aliado y que su cuenta individual crecería de forma imparable.
Sin embargo, en el transcurso de estas tres décadas fuimos testigos de una maniobra de ingeniería legislativa y financiera sin precedentes. Esas tasas mínimas y beneficios que inicialmente blindaban al dueño del ahorro fueron “podados” sistemáticamente en el Congreso. Los beneficios del interés compuesto, que debían inflar la futura pensión del afiliado, fueron desviados para cubrir costos de administración exorbitantes y sin controles, así como grandes préstamos a personajes influyentes sin respaldo financiero, destinados a proyectos gigantes cuyas utilidades quedaban para ellos. En caso de pérdidas, estas se aplicaban al valor del fondo. En términos simples: ganancias para los abusadores del dinero, pérdidas para los dueños del mismo. La potencia financiera del modelo no desapareció, pero cambió de dueño. Los rendimientos dejaron de capitalizar la vejez del trabajador para convertirse en utilidades exuberantes de los fondos.
En Pereira recorrí empresas asegurando que el dinero estaría seguro. El respaldo de cada administradora de fondos de pensiones estaba dado por las más grandes empresas del sector financiero y conglomerados como el Grupo Aval (Porvenir), el Grupo Empresarial Antioqueño (Protección – Sura), el Grupo Santo Domingo (Colfondos), y el Grupo Colmena, hoy Caja Social, entre otros. Yo creía en esa promesa porque los números iniciales cuadraban. Lo que no podíamos prever quienes dábamos la cara en las regiones era que el sistema estaba siendo gestado con una fecha de caducidad oculta para el afiliado y una perpetuidad de lucro para los banqueros.
Nos utilizaron para “pescar” el ahorro de la población, sabiendo que las reglas del juego cambiarían para favorecer la concentración de esos billones en sus propios negocios de infraestructura, banca y “otras cositas”. Fue un engaño doble: traicionaron la confianza de los colombianos y la labor de quienes, de buena fe y con rigor técnico, promocionamos el sistema. Nos hicieron vender un producto que ellos mismos se encargaron de viciar a través del lobby político en estos 32 años.
Es una ironía dolorosa. Hoy me encuentro con que mis propios ahorros de casi 40 años de cotización están secuestrados. Tras solicitar mi traslado a Colpensiones en 2024, me enfrento a la misma muralla de hierro que hoy afecta a miles. Protección S.A. se niega a transferir mi capital y los intereses que generé, manteniéndome en un limbo que es, en la práctica, una retención indebida de recursos.
A nivel nacional, cerca de $25 billones de pesos están bloqueados. Las AFP utilizan argumentos técnicos y se amparan en suspensiones judiciales para no entregar un dinero que no les pertenece. Es el acto final de “La Gran Estafa”: no solo te quitan la rentabilidad prometida, sino que cuando intentas retirarte, te cierran la puerta y se quedan con tu capital para seguir financiando sus imperios.
Haber sido parte de la estructura comercial de Protección me obliga a levantar la voz para denunciar un sistema que utilizó la ciencia financiera para despojar a una generación de su derecho a una vejez digna.
El ahorro pensional es sagrado. Si el modelo de 1994 se corrompió para servir al banquero, nuestra obligación es luchar hasta que el último peso —con su capital y sus intereses— regrese a manos de su verdadero dueño: el trabajador colombiano.
*Exdirector Comercial de Protección S.A. en Pereira
Ese Robo se veía Venir desde hace tiempo los Conglomerados Financieros, ( Derecha Acérrima ) Que nos ha dirigido nunca han buscado el bienestar del pueblo ;sino el bienestar de su Bolsillo y su entorno familiar.
Pero lo paradojico es que una alta Corte, esté avalando ese ROBO descarado de los ahorros pensionales.
Cómo hago para contactar el señor Miguel Ernesto Díaz Leiva?
Soy un pensionado victima de las AFP.
Don Miguel Ernesto: muy esclarecedor su artículo, demuestra que eran ciertos los rumores sobre su funcionamiento; entiendo su escrito como un «mea culpa» de su parte. Mil saludos y bendiciones.
Uno de los grupos bancarios dueños de fondos de pensiones es el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, a través del Grupo Aval. Obviamente, estos grupos se han vuelto prácticamente intocables, sobre todo cuando el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira —a quien muchos denominaron “el fiscal del cianuro” por las oscuras circunstancias alrededor de la muerte de Jorge Enrique Pizano y de su hijo— tuvo vínculos previos como asesor del Grupo Aval.
El caso de Odebrecht fue uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos gobiernos en Colombia y América Latina. Según las investigaciones conocidas públicamente, se habrían repartido alrededor de 30 millones de dólares en sobornos entre presidentes, funcionarios, viceministros y altos cargos del Estado en distintos países.
Jorge Enrique Pizano, quien había detectado presuntas irregularidades y alertado sobre movimientos sospechosos relacionados con este entramado, terminó exponiendo ante la opinión pública y ante las autoridades parte de esa estructura de corrupción. Sin embargo, posteriormente murió en circunstancias que para muchos siguen siendo altamente cuestionables. Personalmente, considero que no fue una muerte espontánea, sino que hubo manos oscuras detrás de todo esto.
Por supuesto, Néstor Humberto Martínez había sido asesor jurídico del Grupo Aval y resulta difícil pensar que pudiera actuar con total independencia frente a quienes fueron sus antiguos clientes o aliados. Por eso, muchas personas consideran que no existe voluntad real para tocar bienes o recursos relacionados con esos grandes grupos financieros, incluidos los fondos de pensiones, que en realidad pertenecen al ahorro de millones de colombianos.
Esto es extremadamente grave, porque podría convertirse en otro episodio de abuso financiero como los que ya ha vivido Colombia. Basta recordar el escándalo financiero de los años 80, cuando entidades como el Banco Nacional, el Banco del Estado, la Corporación Financiera Santa Fe, la Caja Vocacional y el Grupo Grancolombiano terminaron afectando gravemente a miles de ahorradores mediante fondos y esquemas financieros que colapsaron.
Algo parecido ocurrió después con la crisis del UPAC. Miles de colombianos quedaron atrapados con deudas hipotecarias que superaban el valor real de sus viviendas, mientras además perdían los ahorros que habían entregado a los bancos para adquirirlas. El sistema terminó beneficiando al sector financiero y perjudicando profundamente a las familias colombianas, muchas de las cuales quedaron sin vivienda y prácticamente en la ruina.
Más recientemente ocurrió también el caso de InterBolsa, que a través de mecanismos de captación de recursos y operaciones de inversión altamente especulativas terminó afectando a miles de inversionistas. Muchas personas perdieron gran parte de su patrimonio y, aunque algunos pocos lograron recuperar algo de sus recursos, la gran mayoría nunca volvió a ver el dinero que había invertido confiando en el sistema financiero.
Posteriormente aparecieron otros esquemas similares, incluso algunos relacionados con fondos ganaderos y modelos de inversión que terminaron reproduciendo prácticas muy parecidas: captación masiva de dinero, promesas de alta rentabilidad y, finalmente, graves afectaciones económicas para miles de ciudadanos.
Todas estas circunstancias han provocado que la banca y el sistema financiero pierdan progresivamente la confianza del público. Precisamente eso es lo que hoy se refleja en la enorme controversia alrededor de los fondos privados de pensiones y su negativa a trasladar hacia Colpensiones cerca de 25 billones de pesos correspondientes aproximadamente a 120.000 ahorradores que, según múltiples denuncias y decisiones judiciales, habrían sido trasladados de manera engañosa desde el régimen público hacia los fondos privados cuando estos comenzaron a operar.
Muchos de esos ciudadanos regresaron posteriormente a Colpensiones al darse cuenta de que las promesas que les habían hecho no correspondían a la realidad. Los primeros pensionados de algunos fondos privados terminaron recibiendo mesadas considerablemente inferiores, pese a haber cotizado durante décadas e incluso acumulado sumas muy importantes de dinero.
Por esa razón, para muchas personas resulta inaceptable que algunos fondos hayan realizado operaciones o traslados sin el consentimiento plenamente informado de los ahorradores, comprometiendo los recursos de toda una vida de trabajo. Y más grave aún resulta que hoy existan sectores que se resistan a devolver esos recursos al sistema público.
A esto se suma la percepción de complicidad de ciertos sectores políticos y judiciales. Parte de la ciudadanía considera que algunas altas cortes, determinados congresistas y figuras políticas —incluyendo actuales aspirantes presidenciales como Paloma Valencia— han defendido posiciones alineadas con los intereses de los fondos privados. Para muchos ciudadanos, la celebración política tras el hundimiento de la reforma pensional fue vista como una demostración de desconexión frente a las necesidades reales de millones de trabajadores.
Todo esto termina generando una profunda indignación social, porque numerosos colombianos sienten que existe un sistema diseñado para proteger grandes intereses económicos mientras los ciudadanos comunes quedan desprotegidos. Esa percepción de impunidad, sumada a la falta de investigaciones contundentes por parte de algunos organismos de control y fiscales, alimenta aún más la desconfianza hacia las instituciones, en donde al final somos todos los contribuyentes, quienes tenemos que entrar a salvar financieramente a los pillos, que con cuello blanco, aprovechan la buena fe y la falta de control de los estados para los ahorradores.
DIMAZUHE
Aunque se realizan procesos judiciales de doble instancia con el fin de recuperar el dinero en la mayoría de los casos por lobby de estos ante los tribunales de justicia se ganan relativamente en un porcentaje algunos procesos, pero muchos otros se pierden, pero como dices Ernesto es el fin de una estafa puesta en la escena en el teatro del Neoliberalismo
Si estuvo en protección no aprendió nada, que pesar
Todo lo que dice es completamente contrario a la verdad, hagan un ejercicio simple si no me creen coloquen este texto en cualquier IA y que lo cruce con la legislación y que señale los puntos verdaderos y falsos
Y saquen sus propias conclusiones
Yo estoy en mis últimos 10 años de vida laboral y estaba en protección y me pase porque me convenía, pero en ese momento mi ahorro dejo de ser mío y paso a la nación.
Tome la decisión consciente y muy bien informado
Así que invito a todos a qué lean y se instruyan con una lupa de pensamiento crítico que tanta falta hace