Bogotá, 15 de mayo de 2026. La Corte Suprema de Justicia presentó al Congreso un documento de observaciones que propone retirar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la facultad de adjudicar bienes baldíos, medida que, según el Gobierno, pondría en riesgo la columna vertebral de la Reforma Agraria.
El presidente Gustavo Petro, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y el director de la ANT, Felipe Harman, advirtieron que la iniciativa significaría sustraer de la Nación la administración de los baldíos, patrimonio destinado constitucionalmente a campesinos sin tierra, pueblos indígenas, comunidades negras y a la protección ambiental.
Carvajalino alertó que “eliminar esta facultad es quitarle a la nación la disposición del patrimonio más importante de la Reforma Agraria”, y defendió los procesos de recuperación de tierras ocupadas de manera irregular. La ministra recordó que en dos años de gestión se han adquirido 780.000 hectáreas para el Fondo Nacional de Tierras y entregado 400.000 hectáreas a comunidades rurales, con resultados visibles en productividad, abastecimiento y exportaciones.
El presidente Petro, por su parte, subrayó que la jurisdicción agraria es un avance para la paz y que la actuación administrativa no excluye, sino complementa, la labor judicial en la democratización de la tierra. “Restituir la tierra a campesinos desalojados cuando no hay oponente debe ser una actuación administrativa”, escribió en su cuenta en X.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, señaló que el documento de la Corte “dejó muchas inquietudes” sobre las facultades de la ANT y la política de recuperación de bienes de la Nación, y llamó al Congreso a debatir con prontitud y responsabilidad el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria y Rural.
