Caminar por el centro de Cali o recorrer las calles del Caribe rodeado por una marea de doscientos escoltas, con la pistola ajustada al cincho como si se transitara por una película de vaqueros de medio pelo, no es un acto de valentía; es una pieza de utilería. Las primeras semanas de Abelardo de la Espriella en la Presidencia de la República han puesto en marcha un libreto donde el machismo de corte señorial y el despliegue muscular pretenden hacer las veces de política de Estado. Sin embargo, cuando la retórica de la «guerra total» y el desafío a pecho descubierto chocaron de frente con la realidad criminal, el libreto se resquebrajó: la toma armada y la parálisis económica impuestas por las bandas en Santa Marta demostraron que a la delincuencia no se la amedrenta con poses de guapo de barrio, sino con inteligencia, institucionalidad y rigor.
Lo que presenciamos es el tránsito vertiginoso de una narrativa a otra. Pasamos de la logocracia de Gustavo Petro —aquel ejercicio del poder asentado en el discurso denso, la parábola interminable y el laberinto de las palabras— a la pura iconoclastia performativa de De la Espriella, donde la gestión se sustituye por el ademán, la prenda militar, la imagen saturada en redes y la gesticulación del hombre fuerte. Como bien advertía Georges Balandier, el poder requiere de la teatralización para legitimarse; ningún gobernante se sostiene únicamente con la fría razón de las leyes. Maquiavelo lo condensó hace siglos con igual lucidez: los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque ver pertenece a todos y sentir a pocos.
Los estrategas del nuevo gobierno —con la mercadotecnia digital y el algoritmo en la mano— comprendieron perfectamente esa premisa. Vendieron la ilusión de la «Manada», la «era del Tigre» y la «patria milagro» a un electorado fatigado de la carreta y hambriento de autoridad. Pero equivocarse al evaluar la eficacia de esta liturgia es caer en una trampa peligrosa. Banalizar el espectáculo de la mano dura es ignorar que, para millones de ciudadanos asustados, el gesto estridente resulta seductor y genera una sensación inmediata —aunque ficticia— de amparo. El problema de fondo no radica en la escenografía en sí, sino en la distancia abismal que existe entre el espectáculo y la efectividad objetiva. Cuando un gobierno invierte todo su capital político en la puesta en escena, suele ser porque en la alacena de los resultados reales no tiene nada para ofrecer.
Esta puesta en escena encaja sin costuras en la llamada «guerra cultural» que las nuevas derechas libran a escala planetaria, desde el fenómeno de Donald Trump hasta las corrientes reaccionarias europeas y latinoamericanas. Como certeramente analiza la crítica política, la derecha contemporánea le leyó la cartilla al marxista Antonio Gramsci: entendió que para dominar la estructura económica y política primero debía disputar la «hegemonía cultural» y moldear el sentido común. Por eso, el andamiaje del nuevo gobierno no busca simplemente administrar la burocracia, sino implantar una contrarrevolución moral y simbólica. La asignación de perfiles abiertamente belicistas o radicalizados en carteras como Cultura o Cancillería, sumada a la influencia de ideólogos de corte hispanista en la Casa de Nariño, confirma que la consigna es pulverizar el consenso progresista y sustituirlo por un dogma tradicionalista.
No obstante, importar este marco de enfrentamiento total a un país atravesado por décadas de sangre y cicatrices abiertas es de una irresponsabilidad supina. En Colombia, el lenguaje nunca ha sido inofensivo. Rotular la contienda política o social bajo la gramática de la «guerra» despoja al contradictor de su condición de ciudadano para convertirlo en enemigo interno. Y cuando ese lenguaje de confrontación a ultranza se traduce en exhibiciones personales de guapeza —el presidente paseando el arma a la vista en sus recorridas regionales—, el mensaje que se envía no es el del imperio de la ley, sino el del monopolio de la bravuconada.
El ridículo del gesto quedó expuesto trágicamente en la Costa Atlántica. Las bandas criminales no responden a la semiótica del machismo con sumisión, sino con violencia bruta. Frente al desafío televisado, las estructuras al margen de la ley contestaron sometiendo a Santa Marta a un encierro forzado que paralizó el comercio, ahogó el turismo y golpeó la mesa del ciudadano de a pie, aquel que no tiene doscientos guardaespaldas para ir a comprar el pan ni para levantar la persiana de su negocio. Ahí se quebró el artificio: el despliegue del «Tigre» no protegió a la gente; la expuso.
Gobernar una nación compleja no es grabar videos efectistas de quince segundos para alimentar la conversación digital ni fomentar la paranoia de una hinchada encendida por algoritmos de inteligencia artificial. La autoridad real no se ostenta en la fusta ni en la pistola al cinto; se demuestra en el silencio eficaz de la inteligencia militar, en la solidez del aparato judicial, en el fortalecimiento de la fuerza pública sin espectáculos medievales y en la capacidad de mantener el orden sin hundir las finanzas locales en la ruina.
Estamos presenciando las primeras páginas de un ensayo general. Queda por ver si el país, atrapado entre la fascinación de unos y la indignación de otros, terminará despertando del trance de esta opereta populista. Si la escenografía no produce seguridad objetiva, empleo ni estabilidad institucional, el cansancio social llegará más temprano que tarde. Porque cuando el humo de las redes se dispersa y la cámara se apaga, la realidad cotidiana —dura, descalza y sin escoltas— sigue ahí, esperando respuestas que ningún libreto de utilería podrá jamás resolver.
Onésimo Vásquez posada
