Las campañas políticas suelen alimentarse de la diferencia; se construyen marcando distancias, trazando fronteras ideológicas y agitando las pasiones de quienes ven en el oponente una amenaza al futuro común. Sin embargo, el día después de las elecciones, el lenguaje de la fractura debe cesar de inmediato. Cuando el escrutinio final arroja un veredicto, el ganador deja de ser el líder de una facción para convertirse, por mandato constitucional y peso histórico, en el símbolo viviente de la unidad nacional. Hoy, ese inmenso desafío descansa sobre los hombros del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Gobernar a Colombia ha sido, históricamente, arrastrar el mito de Sísifo por una cordillera de discordias. Para la administración entrante, el reto no es menor: la estrecha diferencia en las urnas ha dejado un mapa político perfectamente partido a la mitad. Resulta un imperativo categórico comprender que gobernar ignorando al cincuenta por ciento de la población que votó en contra de su proyecto no solo es inviable, sino democráticamente peligroso. Una nación no se puede conducir con un espejo retrovisor que solo busque la retaliación, ni con una mitad del país de espaldas a la otra. Es el momento de abandonar definitivamente el lenguaje de la confrontación y la venganza, transformando la victoria en un ejercicio de magnanimidad.
Para materializar esta visión de país, el nuevo mandatario, junto a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo Abondano, debe tender puentes sólidos allí donde la campaña cavó trincheras. Los primeros pasos institucionales —el acercamiento con las altas cortes para restablecer la armonía de poderes y el diálogo con mandatarios locales para priorizar el agua y la infraestructura— demuestran una saludable comprensión del Estado. No obstante, el verdadero termómetro de la gobernabilidad se medirá en el terreno del diálogo social. El bien superior de la patria exige un gesto simbólico contundente: convocar de manera abierta y honesta a la oposición interna, encarnada en sectores como la vertiente Petro-Cepeda, a una mesa de concertación nacional. Sentarse con el contradictor no es una muestra de debilidad; por el contrario, es la prueba reina de la madurez política y de la firmeza de un liderazgo que no teme a la diferencia.
Es cierto que la autoridad y la seguridad civil no son negociables. El control territorial y la negativa a ceder ante el chantaje de grupos criminales al margen de la ley son pilares indispensables para el orden público. Pero precisamente porque la ley debe ser implacable con el crimen, debe ser infinitamente generosa con la ciudadanía civil y sus diversas expresiones legítimas. Voces de la cultura popular, como la de la artista Karol G, han resonado con fuerza al recordarle al mandatario la urgencia de legislar y gobernar para todos, sin distinciones. La respuesta presidencial, invitando a sumarse a la tarea de la reconstrucción nacional, abre una rendija de esperanza que debe llenarse de contenido real y no solo de retórica.
Colombia no necesita una manada excluyente ni un pensamiento único; necesita un ecosistema donde quepan el disenso, la crítica y la veeduría ciudadana sin el temor a ser estigmatizados. La figura del presidente de la República debe ser el techo común bajo el cual todos los colombianos, sin importar por quién hayan votado, encuentren amparo y representación. Solo a través de un proyecto común, edificado sobre el respeto mutuo y el diálogo sincero, podremos sanar las heridas de la polarización y avanzar hacia el porvenir que esta tierra merece.
