En un Estado Social de derecho, la oposición es un derecho del ciudadano producto de la naturaleza política de la sociedad. Derecho que le permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer el control político a la gestión del gobierno de turno, a través de diferentes instancias y mecanismos.
La oposición política no solo es legítima; es además un elemento esencial de toda democracia, pues permite tramitar las diferencias, resolver controversias y canalizar los conflictos sociales por vías pacíficas. Por ello, resulta indispensable reafirmar y practicar los valores de la convivencia democrática: el pluralismo político, la deliberación pública, el respeto por la diferencia y la tolerancia.
A ocho días de su elección, el Presidente electo ha emitido una declaración en la que garantiza públicamente el respeto y las plenas garantías para el ejercicio de la oposición política. Afirma que no perseguirá a sus contradictores ni habrá retaliaciones contra quienes piensen diferente. Y uno quisiera creer, pero…
Ese tigre que durante la campaña abrió sus fauces y afirmó que mordía y podía hacerlo aún más fuerte, terminó siendo un tigre de mentiras. Aquellos gruñidos parecían más producto del desconocimiento de los límites constitucionales que de una verdadera comprensión del Estado democrático de derecho.
Nuestra Carta Política establece en su artículo 112 que la oposición es un derecho fundamental autónomo, con especial protección por parte del Estado y de las autoridades públicas. Ese derecho, fue incluido desde la Constitución del 91, pero solo se reglamentó como una exigencia del Acuerdo de Paz por tanto se hizo efectivo con la ley estatutaria del 2018. No se trata, entonces, de una concesión que hace el Presidente electo a la izquierda, al Pacto Histórico o a la Alianza por la Vida, sino de una garantía constitucional que debe ser respetada.
Seguramente sus asesores le han recordado la importancia de moderar el lenguaje, superar la retórica de confrontación y ejercer el poder dentro de los principios establecidos por la Constitución. Gobernar en democracia exige reconocer que ningún mandato electoral está por encima de los derechos fundamentales ni del orden constitucional.
La oposición, repito, es un derecho ciudadano consagrado en la Constitución Política y desarrollado mediante una Ley Estatutaria, conocida como el Estatuto de la Oposición. Además de ser constitucional es fundamental en la dinámica política para contribuir, mediante el debate al análisis y/o al logro de consensos en las decisiones públicas.
