Lo ocurrido el pasado 20 de julio, durante el proceso de elección del presidente del Senado de la República, constituye una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la forma como deben conducirse las relaciones entre dos ramas esenciales del Poder Público: la Ejecutiva y la Legislativa. La Carta Política no concibió dichas actuaciones bajo un esquema de confrontación permanente ni de subordinación de una frente a la otra, sino sobre la base de la colaboración armónica, el respeto recíproco de competencias y la preservación del equilibrio institucional. Solo así resulta posible transformar las iniciativas del Gobierno en decisiones eficaces orientadas al bienestar general, evitando la dispersión de esfuerzos, la invasión de órbitas competenciales, las distorsiones del sistema de pesos y contrapesos y los efectos políticos que terminan profundizando la crispación ciudadana.
La cuestión adquiere mayor relevancia cuando se recuerda que la independencia del Congreso no constituye una concesión graciosa, sino una garantía suprema destinada a impedir la concentración del poder. La democracia no se fortalece cuando las ramas del Estado actúan como compartimientos estancos, pero tampoco cuando una de ellas pretende extender su influencia sobre las decisiones que corresponden privativamente a otra. El equilibrio institucional exige conversación, concertación y observancia, jamás subordinación frente a conveniencias frágiles del momento.
No se trata de desconocer el legítimo interés político que todo Gobierno tiene en mantener canales de comunicación con el Legislativo ni de negar la existencia de consensos necesarios para la gobernabilidad. El punto de discusión radica en establecer la línea divisoria entre el diálogo y una intervención que pueda interpretarse como presión o direccionamiento sobre decisiones internas de otra rama del poder. Esa diferencia, aunque en ocasiones sea sutil, resulta determinante para preservar la credibilidad normativa.
La Constitución de 1991 diseñó un sistema de pesos y contrapesos que busca evitar cualquier forma de hegemonía. El artículo 113 es suficientemente claro al señalar que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. La expresión «colaboración armónica» no puede confundirse con injerencia. Colaborar significa coordinar esfuerzos dentro del marco de las competencias constitucionales; intervenir supone traspasar límites que el constituyente quiso preservar para garantizar el pluralismo y la libertad de decisión de cada órgano.
Quizá la mayor enseñanza de lo sucedido radique en recordar que las instituciones son más importantes que las personas que circunstancialmente las dirigen. Los gobiernos pasan; el Congreso se renueva; los liderazgos cambian. Lo que permanece es la arquitectura constitucional que sostiene la República. Debilitarla por razones coyunturales puede generar ventajas inmediatas para unos u otros, pero termina erosionando la confianza pública, indispensable para la estabilidad democrática.
En momentos en que el país reclama serenidad, seguridad jurídica y acuerdos que permitan enfrentar sus complejos desafíos sociales y económicos, la mayor demostración de liderazgo consiste en fortalecer las instituciones, respetar la autonomía de cada poder y honrar, con hechos, los principios que se ofrecieron al electorado. Solo así la colaboración armónica dejará de ser una expresión constitucional para convertirse en una verdadera práctica republicana al servicio de todos los colombianos.
Ahora, connotada la lección en el difícil arte de gobernar, resulta esperanzadora la prevalencia y cohesión en torno al propósito de la Patria Milagro que enarbola el presidente electo Abelardo de la Espriella. Y, finalmente, como decía un curtido capitán de navío: ¡En aguas navegables, puertos seguros!
