Bogotá, 18 de septiembre de 2026.
El Congreso de la República recibió este jueves dos iniciativas impulsadas por partidos de gobierno que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), representan un riesgo directo para su funcionamiento y autonomía.
La primera proposición, presentada por el senador Enrique Gómez Martínez y respaldada en un mensaje del presidente Abelardo de la Espriella, plantea trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. De acuerdo con cifras oficiales, el recorte afectaría el 62 % de los recursos destinados a bienes y servicios, comprometiendo la operación de sedes, sistemas tecnológicos y programas de protección de víctimas y testigos.
En paralelo, la Comisión Primera del Senado estudia una reforma constitucional que busca establecer una revisión automática de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública, a cargo de la Justicia Penal Militar.
La JEP advirtió que estas medidas combinadas —reducción presupuestal y sometimiento de sus decisiones a otra jurisdicción— constituyen “el más grave ataque” contra la independencia de la justicia transicional en Colombia. La entidad señaló que la crisis fiscal de la Rama Judicial no puede resolverse a costa de un tribunal creado en el marco del Acuerdo Final de Paz para investigar y sancionar crímenes graves del conflicto armado.
En un comunicado, la Jurisdicción anunció que pondrá en conocimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la situación que enfrenta.
De concretarse la reducción, la JEP estima impactos inmediatos: suspensión de convenios con la Unidad Nacional de Protección, cierre de sedes en Bogotá y afectación de sistemas digitales para macrocasos. La entidad alertó que ello pondría en riesgo garantías de verdad, reparación y seguridad jurídica para víctimas y comparecientes.
La comunidad internacional ha reiterado en distintas ocasiones la obligación del Estado colombiano de garantizar recursos suficientes para la operación de la JEP, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Acuerdo Final de Paz y con organismos multilaterales.
