En política abundan las explicaciones, las justificaciones y los discursos. Sin embargo, existen momentos en que las cifras hablan con una elocuencia que ningún relato consigue desvirtuar. Precisamente eso ocurrió en reciente emisión de Vélez por la Mañana, cuando el periodista Julio César Iglesias, en su sección «Dato mata relato», presentó una serie de estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa que permiten apreciar la evolución de algunos de los delitos más sensibles para la seguridad ciudadana durante los últimos años.
Los datos son difíciles de ignorar. Entre enero y mayo de 2026 el país registra 5.792 homicidios intencionales, la nota más alta de toda la serie presentada y superior incluso a los 5.637 del mismo período de 2025. La tendencia confirma un deterioro progresivo desde el mínimo de 4.371 homicidios observado en 2020, reflejando una violencia letal que vuelve a expandirse sobre buena parte del territorio nacional.
No menos preocupante resulta el comportamiento de la extorsión. Mientras entre enero y mayo de 2020 se registraban 2.563 casos, para igual período de 2026 asciende a 5.032, prácticamente el doble en apenas seis años. Más que un simple delito patrimonial, la extorsión representa el impuesto ilegal que pagan comerciantes, transportadores, agricultores y pequeños empresarios para poder trabajar, convirtiéndose en uno de los principales instrumentos de financiación de las organizaciones criminales.
El secuestro simple también evidencia un repunte inquietante. Después de alcanzar 14 casos entre enero y mayo de 2022, la estadística aumenta a 40 en 2023, 46 en 2024, 46 en 2025 y llega a 56 en 2026, el nivel más pronunciado de toda la década analizada. Un delito que Colombia creyó haber relegado a los peores años del conflicto vuelve así a sembrar incertidumbre entre la población.
Las masacres constituyen otra señal de alarma. Entre enero y mayo de este año se contabilizan 52 casos, frente a 34 en 2025, un incremento del 53 %. Más dramática aún resulta la nota de víctimas: de 121 personas asesinadas en 2025 se pasó a 191 en 2026, es decir, 70 víctimas más, equivalente a un aumento del 58 %. Detrás de cada porcentaje hay vidas truncadas, familias destruidas y comunidades sometidas por el terror.
El discurso presidencial del 20 de julio añadió un nuevo motivo de discusión pública. Cuando las cifras oficiales son objeto de controversia, el debate deja de ser político para convertirse en un examen de credibilidad institucional, donde los datos terminan imponiéndose sobre el relato. Las alteraciones suelen disfrazarse de piadosas al presentar cuadros estadísticos cuya consistencia ha sido cuestionada frente a registros oficiales y análisis independientes. La falsedad es la muestra de la incapacidad.
Los números verdaderos no son simples indicadores administrativos. Reflejan la percepción cotidiana de millones de pobladores que modifican sus horarios, limitan sus desplazamientos, invierten más en seguridad privada y desarrollan una creciente sensación de vulnerabilidad. Cuando los ciudadanos sienten temor de abrir un negocio, transportar mercancías o simplemente caminar por determinadas calles, el problema deja de ser exclusivamente policial para convertirse en un obstáculo al desarrollo económico y a la convivencia democrática.
Por ello son enormes las expectativas depositadas en el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Los anuncios de crear un Bloque de Búsqueda Urbano, fortalecer los sistemas de inteligencia y contrainteligencia, intensificar la cooperación internacional contra las redes del crimen organizado y recuperar el principio de autoridad deberán traducirse en resultados verificables.
Al final, las comunidades no esperan discursos tranquilizadores ni explicaciones estadísticas. Esperan volver a vivir sin miedo. Porque, como acertadamente tituló Julio César Iglesias su espacio periodístico, “Dato mata relato”, y será precisamente el descenso futuro de estas cifras el que permitirá juzgar si el país logró recuperar el derecho imprescindible a la seguridad.
