Por JAMES FONSECA MORALES
Aunque la causa eficiente de esta columna semanal es la actividad del observatorio del gasto público que opera la Corporación VIGÍA Cívica, hay sucesos que por su impacto social nos obligan a examinarlos, como las protestas que vienen conmoviendo a Colombia, por lo que queremos aportar nuestra visión.
El 29 de abril pasado ocurrieron dos hechos históricos y discordantes: El DANE reveló las cifras de pobreza en Colombia durante el año 2020 y el presidente de la Republica anunció que, a pesar de las marchas de protesta, que llevaban varios días, no retiraría el proyecto de reforma tributaria que había enviado al Congreso; aunque tres días después lo retiró.
El DANE informó que el año anterior, un poco más de 21 millones de colombianos, el 42,5% de la población a la que de una u otra manera le afectaría el incremento de los impuestos, estaba en la pobreza monetaria, lo que significa un aumento de 3,6 millones, sobre los 17,4 millones de pobres, contabilizados en 2019.
Buena parte de ese aumento tuvo su origen en las restricciones necesarias para evitar la propagación de la pandemia, que dejaron en bancarrota a empresarios de todos los tamaños y sin empleo al 15,9% de la población activa del país.
Y, entre las causas de la pobreza que afectaba a más de 17 millones de colombianos antes de la pandemia, encontramos una gran incidencia de la corrupción que, entre otros efectos dañinos, ha limitado el crecimiento económico del país, condicionando el desarrollo del aparato productivo y, por ende, del empleo. También ha entorpecido el mejoramiento de la educación y de la salud cuando hizo un botín de sus recursos y pervirtió la justicia sobornando hasta las más altas Cortes, entre otros fenómenos nocivos para los colombianos.
Hoy vemos los ríos de jóvenes que siguen marchando a pesar del retiro del proyecto de reforma tributaria; muchos desesperados y persiguiendo un cambio en su escaso panorama de oportunidades futuras y en la dura realidad de las privaciones actuales de sus entornos, en los que ellos mismos o alguien cercano, hacen parte de los 21 millones de colombianos que padecen la pobreza monetaria.
A esa juventud marchante le decimos hoy, en medio de la tragedia de las vidas perdidas, de las fuentes de empleo y los bienes destruidos y del dolor de tantos colombianos a quienes esas muertes o esa destrucción han golpeado sin compasión, que el primer objetivo de su lucha, en el propósito de cambiar nuestra nación, debería ser convertirla en una sociedad libre de corrupción, en la que pueda florecer un Estado cuya prioridad sea la solución de las necesidades de la comunidad y no el enriquecimiento de los corruptos que actúan saqueando los recursos públicos.
No se podía decir de mejor manera.