La política de “Paz Total”, bandera insignia del actual Gobierno, es a nuestro sentir una real entelequia, entendida como algo irreal en la acepción primera de la Real Academia de la Lengua. La Paz Total, como política gubernamental, lo único que ha conseguido es aumentar escandalosamente la inseguridad en el país. El asesinato de líderes ambientales, los hurtos, los secuestros y extorsiones, sumados a las amenazas que mandatarios locales y regionales reciben, impidiéndoles ejercer sus funciones desde sus lugares de elección, hablan por sí solos del recrudecimiento de la violencia e inseguridad que vive el país. Con un aumento del 13% en comparación al mismo período en 2023, durante el primer semestre de 2024 se registraron 5.972 casos de extorsión, un promedio de 33 diarios. La violencia intrafamiliar tuvo un aumento del 55% de acuerdo con los datos reportados, elevándose durante el primer semestre de 2024 a 80.772 casos, un promedio de 446 hechos diarios. Según la organización Global Witness, que reporta anualmente los crímenes contra líderes ambientales, 79 fueron asesinados el año pasado, el 40% de los casos en el mundo, de 196 activistas asesinados en 2023. Una investigación de Reuters (Agencia de noticias con sede en el Reino Unido), concluyó que los asesinatos de los ambientalistas en nuestro país, tuvieron efectos negativos en la conservación ambiental, registrándose en muchos de los municipios de donde eran oriundos, picos significativos de deforestación. Un informe de la ONU señala, que los principales responsables de estos homicidios son los grupos armados que, en su acelerada estrategia por el control de las economías ilícitas, actúan contra estos defensores. De ahí que este organismo multilateral le pida al ministro del Medio Ambiente, elaborar un plan de acción para aplicar sin tardanzas el Acuerdo de Escazú, firmado por Colombia el 11 de diciembre de 2019, el cual fue adoptado un año antes por 15 países de la región, como instrumento idóneo para la protección del medio ambiente. Un reciente estudio de Front Line Defenders, organización no gubernamental con sede en Irlanda, que protege a defensores de derechos humanos, advierte que somos el país más peligroso del mundo para estas personas, concentrando en el 2023; 146 crímenes, prácticamente la mitad del total de los asesinados por esta causa, siendo la evidencia de que el Estado colombiano ha fallado en su obligación constitucional de proteger la vida y la integridad de quienes buscan transformaciones profundas en un país desigual como el nuestro. La esperanza de cambio que le prometió al país este Gobierno de izquierda, quedó sepultada, quién lo creyera, precisamente con la bandera de la “Paz Total”, bajo cuyo ropaje el guerrillero presidente viene sacando de las cárceles a los grandes criminales, a quienes reviste con el pomposo nombre de “Gestores de Paz”. En la Resolución 453 emitida por Petro la semana pasada, nombra a 17 exparamilitares de las Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz, entre otros; a Macaco, don Berna, Jorge 40, el Alemán, Ramón Isaza, Mancuso, a quien Petro confió la dirección de esta mesa de negociación, criminales sin límites, graduados en el altar de la violencia, con el fin dizque de contribuir, según la Resolución, con su conocimiento y experiencia a la construcción de paz, cuando solo saben asesinar sin piedad ninguna, a inermes ciudadanos de la patria. Articular toda una política en este sentido, haciendo creer que la paz se construye con quienes han desconocido y enfrentado nuestras instituciones, mutando en los últimos tiempos a temidos carteles de las drogas, es un engaño miserable que solo busca comprometer la criminalidad con su reelección en el 2026. De ahí el afán de sacar los criminales de las cárceles, para convertirlos en jefes de debate del guerrillero presidente, que sin pagar por sus crímenes cometidos, sueña con adueñarse de la Casa de Nariño.
Fuera Petro.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com