En Colombia se está cometiendo, en silencio administrativo y con apariencia de legalidad, uno de los atropellos más graves contra la población rural en los últimos años: el incremento desproporcionado del impuesto predial, derivado de un proceso catastral que, lejos de ser técnico, ha resultado profundamente arbitrario.
Lo que debía ser una herramienta moderna —el llamado “catastro multipropósito”— terminó convertido en un instrumento de presión fiscal contra los más débiles. Campesinos, adultos mayores, propietarios de pequeñas parcelas en zonas rurales de Pereira, Dosquebradas y La Virginia hoy enfrentan incrementos que en algunos casos rozan el mil por ciento. No se trata de errores aislados: es un fenómeno sistemático que evidencia fallas estructurales en la forma en que se levantó y aplicó esta información.
¿Dónde estuvo el rigor técnico? ¿Dónde las visitas de campo? ¿Dónde el análisis real de las condiciones socioeconómicas?
La respuesta es incómoda: no estuvieron.
Se ignoraron variables fundamentales que cualquier estudio serio debe considerar: accesibilidad del predio, disponibilidad de servicios públicos, condiciones de seguridad, uso real del suelo, productividad económica y, sobre todo, la capacidad de pago de los contribuyentes. En su lugar, se impuso una lógica fría, de escritorio, que convirtió cifras en sentencias económicas.
Peor aún: este proceso parece haber sido ejecutado sin ética pública. Sin diálogo con las comunidades, sin participación de veedurías ciudadanas, sin socialización previa. Se “regó” el nuevo catastro como quien distribuye una factura masiva, sin importar el impacto humano detrás de cada número.
Hoy, en Dosquebradas, las filas interminables en la Secretaría de Hacienda no son solo una imagen administrativa: son el retrato de la angustia colectiva. Ciudadanos desorientados, adultos mayores sin capacidad de defensa técnica, familias que no saben si pagar o comer. Eso no es política fiscal: eso es desconexión institucional.
La responsabilidad es clara. Los funcionarios encargados de estos estudios —desde las entidades catastrales hasta los niveles metropolitanos en Pereira, Dosquebradas y La Virginia— fallaron en lo esencial: hacer bien su trabajo. No solo fueron inoperantes; fueron ineficaces e ineficientes. Y lo más grave: actuaron de espaldas a la realidad social del territorio.
Un avalúo catastral no puede construirse ignorando la vida que hay detrás del predio. No es lo mismo una finca productiva con acceso, servicios y seguridad, que una parcela rural sin vías, sin agua, sin alumbrado y, en muchos casos, bajo amenazas. Equiparar esas realidades no es técnico: es irresponsable.
Este modelo, concebido años atrás bajo la promesa de modernización, hoy muestra su peor cara: la de un sistema que prioriza el recaudo sobre la justicia tributaria. Y eso, en un país con profundas desigualdades, es una bomba social.
Por eso, el llamado es urgente y directo:
A los alcaldes de Pereira, Dosquebradas y los demás municipios del país: suspendan o difieran el cobro del impuesto predial mientras se revisa integralmente este proceso catastral. No se puede exigir el pago de un tributo cuya base es cuestionada por miles de ciudadanos.
Se requiere una revisión técnica real, con participación comunitaria, con acompañamiento de veedurías, con transparencia. Lo contrario es insistir en un error que ya está causando daño.
El Estado no puede convertirse en verdugo de quienes históricamente han sido olvidados. El campesino no es un número en una base de datos. El adulto mayor no puede ser tratado como un contribuyente más en una tabla de Excel.
El catastro debe servir para ordenar el territorio, no para desordenar la vida de la gente.
Hoy, más que nunca, Colombia necesita instituciones que escuchen, que corrijan y que actúen con responsabilidad. Porque cuando el Estado pierde el sentido de justicia, pierde también su legitimidad.
Y eso, en cualquier democracia, es el comienzo de una crisis mayor.
Respetado Columnista:
Gracias, poner en el escrito un tema que toca la economía del ciudadano en general.
Poner el tema en discusión para que nos aclare:
_ Es el avalúo catastral , multipropósito, bien sea urbano o rural , potestad de los gobiernos municipales, deptales?
Gracias.
Señor johnson Ortiz: muy oportuna su denuncia, en varios municipios de nuestro departamento,los alcaldes han renunciado a : gestionar recursos, crear empleos, fomentar empresas, acompañar emprendimientos y otras actividades para mejorar las arcas municipales, solo se han dedicado por incapacidad administrativa a castigar con el Impuesto predial a pequeños campesinos, pequeños comerciantes y adultos mayores cuyas declinantes pensiones hacen que pagar predial, sea una carga muy onerosa, y corran el riesgo real de perder sus humildes casas logradas después de muchos años fe ahorros y esfuerzos por la desidia, pereza e incompetencia de quienes se encargan desde un escritorio de hacer leyes. Eso pasa también aquí en Santa Rosa de Cabal ¿Será mucho optimismo pensar que los recién elegidos lideres políticos se pongan la camiseta por nuestras comunidades humildes ? No sobra aclarar que formo parte de los que somos «robados» año tras año por el cobro predial. Me pongo a pensar ¿Será que los grandes terratenientes, evasores por tradición, pagan para evadir? Se ha denunciado que grandes propietarios pagan prediales como si fueran minifundistas. Es toda una injusticia que si desde los egipcios se median las tierras para cobrar impuestos, hoy en día ,tengamos que pagar impuestos «expropiadores» por nuestra casa de habitación; deberia cobrarse a partir de segundo y sucesivos inmuebles, destinados a arrendamientos. Mil saludos y bendiciones.