Vicente Zuluaga Osorio
La decisión de la Corte Constitucional, por cinco votos contra cuatro, de otorgar la segunda instancia a Andrés Felipe Arias, originó un aparente choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia, que interpretó esa determinación como una forma de decirle a la opinión pública que en materia constitucional no hay ningún órgano superior a ella, lo cual se resume en las palabras del presidente del ente de mayor jerarquía en la justicia ordinaria cuando dijo que no comparte la decisión pero la acata.
Lo que sigue es vislumbrar qué otros efectos producirá ese fallo de la Corte Constitucional, para que no se crea que la Corte Suprema dejó de tener la importancia obtenida durante tantos años de entrega a la administración de una justicia digna, seria, trascedente y de calidad, en obediencia exclusiva a la ley y no a intereses políticos a pesar del daño causado por el cartel de la toga que engavetaba y dejaba prescribir los procesos según el monto de la propina de los delincuentes, intereses políticos que el mimado de álvaro uribe (con minúscula porque no merece mi respeto), se atrevió a resaltar cuando se refirió a la Sala Penal que lo condenó, a la cual calificó como llena de odio en su contra, desde luego sin ningún fundamento a menos que tuviera pruebas de esa afirmación, lo cual resulta un tanto imposible, porque de ser cierta esa forma de denigrar la administración de justicia quedaría muy mal parada y la credibilidad de los colombianos se iría a pique y ahí sí “apagá y vámonos”.
La congestión de la Sala Penal que se vendrá encima con las peticiones de todos los 230 condenados desde el 2014 pondrá en jaque a ese alto tribunal por incapacidad física de atenderlos durante los términos legales.
Pronto llegarán al alto tribunal constitucional otras demandas que seguramente serán cuestionadas por la diferencia de criterios, como la que tiene que ver con la cadena perpetua contra los violadores y asesinos de menores de edad si el senado de la república finalmente convierte en acto legislativo, de obligatorio cumplimiento, el proyecto, antes de que al gobierno le dé por nombrar como director del ICBF a garavito o a rafael uribe noguera (adivinan mis lectores porqué con minúscula? ) tal como ocurrió con Jorge Tovar, hijo del paramilitar Jorge 40, designado como director de la oficina de víctimas del ministerio del Interior.