Un galimatías más se ha desprendido desde el anuncio del presidente Petro de liberar a quienes se hallen detenidos por haber perpetuado homicidios, lesionados, violaciones, destrucciones a gran escala de bienes oficiales, particulares, negocios, amoblamientos urbanos, cierre de vías, inmovilidad al transporte, saqueos, hurtos, impedimentos a la seguridad alimentaria, ataques incendiarios a la fuerza pública, sabotajes al trabajo, a la distribución y los servicios, en fin a sentir terror, a glorificar el desorden, a desdeñar el desasosiego, etcétera.
La delictiva no fue momentánea; transcurrieron dos meses largos quemando edificios insignes de la nación, tal el Palacio de Justicia de Tuluá, en alianza con traficantes y subversivos con el fin de desaparecer expedientes. Para exaltar la bellaquería, el odio y la anarquía, se bautizó políticamente la soga ahorcativa como el “Estallido Social”, convirtiéndose este denominativo en condición de acción contra la integridad de los ciudadanos y los haberes, amén de destronar el Estado Social (este si social) de Derecho que inspira la constitucionalidad republicana. La obsesión de causar daño cuesta comprenderla y menos compartirla; los laureles que ahora se quieren colocar en las sienes de los acusados por ejercitar coacción, y mostrarlos como dignos de aclimatar la paz y las buenas costumbres, es infame. El Fiscal ha dicho que el gobierno definirá que “miembros de la comunidad (…) pueden aportar a la paz (…) desde luego que esto no es un cheque en blanco”. ¿Será que los incendiarios ahora quieren ser ¿bomberos? Proviene esto de dar salida de la cárcel a los sediciosos, en la pretensión presidencial de formar un contingente permanente de cien mil jóvenes para ayudar a canalizar lo conducente a la paz, con un espectro de antecedentes violentos, en los que seguramente la base estará constituida por los de la autodenominada “Primera Línea” (PL) al llamarlos erróneamente “gestores de paz”, “gestores de convivencia”, lo que llevó a dictar la ley 2272/22 (PAZ TOTAL) que en su artículo 5 los determina en calidad de voceros de paz que “actuarán [provenientes] de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la República considere que puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren privados de la libertad”. La justificación la ratifica el Mininterior “para que tengan la posibilidad de salir de su reclusión porque fueron capturados en medio de la protesta”.
Pero sigue la expectación presidencial por la instauración del cuerpo de “voceros de paz” con asignación de un millón de pesos mensuales por individuo, sin definir si se trata de sueldos con sus lógicas prestaciones o de subsidios, por cuánto plazo, o por qué razón fiscal. No se sabe tampoco la funcionalidad, a excepción de hacer un diplomado, realizar informes (¿de qué?), recibir atención psicosocial, lo que ha generado en muchos observadores la opinión de establecer en el fondo una guardia entrenada en choques e inteligencia profusa como puntas asimétricas de tipo inconsecuente y agitacional, inclusive para prolongar periodos. La sugestión volátil lleva a trazar un paralelo con los “apparatchiks” que eran sujetos con escasa formación o inexistente, reclutados de tiempo completo en la URSS como miembros del aparato, “que seguían ciegamente las instrucciones del partido”. El exembajador Mauricio Vargas se pregunta: “¿Qué busca Petro con la idea de crear una primera línea de defensa con cien mil jóvenes a sueldo?
Acerca de donde saldrá su erogación, se ha dicho que hará parte del Plan Nacional de Desarrollo por valor de un billón doscientos mil pesos al año en el capítulo de “Paz Total”, aunque Alfonso Prada expresó que saldrá de cooperación internacional. La verdad es que no hay nada claro al respecto. Las divergencias hacen parte de las incoherencias y afanes sin planeamiento que desdicen la posibilidad de ejecutar un buen mandato.
Y mientras tanto, ¿el Estado indemnizará a los damnificados de los desastres causados por la PL que fueron económicamente peores que la pandemia? Nadie habla de eso en el gobierno.