En nuestra columna anterior revelamos que, sorpresivamente, la Empresa de Energía de Pereira, EEP, apareció como integrante del Consorcio Energía de la Costa, futuro propietario de “Caribe Sol”, la nueva distribuidora de electricidad para Atlántico, Magdalena y La Guajira y que el otro miembro del consorcio es “Latin Group Corporation”, el actual nombre de ENERTOLIMA, propiedad de Alberto Ríos Velilla.
Y manifestamos nuestra preocupación porque el consorcio quedará obligado a invertir $2.600.000.000.000 (2,6 billones) en los primeros cinco años y, según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “se espera que las primeras grandes obras, como intervención de redes, se hagan a finales de este 2020.”
Así mismo, tememos que esa inversión, desproporcionada para la capacidad económica de la Empresa de Energía de Pereira, absorba, durante años, las utilidades que le hubieran correspondido al municipio de Pereira.
O que vaya a ocurrir como en 2005, cuando la E.E.P., también súbitamente, resultó accionista de ENERTOLIMA, invirtiendo $3.000 millones que le prestó Ríos Velilla, mediante un “convenio” irregular, que no consultaba su capacidad financiera.
Hoy advertimos que cualquiera que sea la porción que debe asumir la Empresa de Energía de Pereira en la inversión, es esta una aventura financiera y técnica, de una temeridad incalculable.
Varios hechos nos dan la dimensión del riesgo: La subasta internacional que adjudicó “Caribe Sol”, 1´210.000 suscriptores, solo tuvo un proponente: Consorcio Energía de la Costa
CELSIA, el nuevo gigante de la energía en Colombia, desistió de participar, explicando: “La decisión se ha tomado después de haber efectuado un análisis profundo, que requirió varios meses de trabajo y la dedicación exclusiva de varios equipos de la organización.” El análisis lo resumieron así: “el proyecto no es rentable en cuanto al volumen estimado de inversión para actualizar y recuperar las redes, adicional a los sistemas de gestión, y en conjunto con las capacidades operacionales.”
Y, aunque en su afán de encontrar oferentes para sustituir a ELECTRICARIBE, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios ha querido restarle importancia a las defraudaciones que son constantes en ese mercado, pidiendo desmitificar que “(…) la gente en la región Caribe no pagaba los servicios públicos, (…)”, la misma funcionaria, dos semanas antes de pedir lo anterior, informó de la persecución judicial a 40 empresas que estaban robando energía en la Costa y dijo que la primera allanada, además de la conexión fraudulenta, “debe a ELECTRICARIBE $3.487 millones, por facturas no pagadas en los últimos 12 años.”
Así las cosas, a los pereiranos nos deberían explicar ¿cómo midieron los riesgos de esta aventura?, pues lo único claro es que, como en el contrato de Aguas y Aguas para los acueductos del Chocó, se vuelve a hacer un negocio imprudente, con una empresa del municipio, a espaldas de la comunidad.