¿Cuándo vienen por ellos?

Por FABIO OLMEDO PALACIO VALENCIA

Hay una sigla que todos los colombianos conocemos, pero que la inmensa mayoría, no sabe para que sirve por su inoperancia y por todo lo que representa para la impunidad de la subversión, es la famosa JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Supuestamente: “es el componente de justicia, del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, frase rimbombante y esperanzadora, que  los profesionales de marketing, que contrataron dentro de todo ese despilfarro de dinero del gobierno Santos, le hicieron creer a los colombianos. Ésta fue creada por el “acuerdo de paz”, entre el gobierno de Santos y el movimiento guerrillero FARC, para que los actores que tuvieron que ver con el conflicto armado en Colombia, durante los últimos 60 años confesaran, pagaran sus crímenes y repararan a millones de colombianos que fuimos víctimas de estos bandidos, a través de  prácticas proscritas por el derecho penal internacional, como el secuestro, tortura, asesinatos, masacres a poblaciones enteras, desplazamiento forzado, y su financiación a través del narcotráfico, que produjo cerca de 9 millones de víctimas según el Centro de Memoria Histórica.

Para desarrollar esta “idea”, se armó todo un entramado, entre mentiras y burocracia, infringiendo así, la afrenta más grave que le han podido hacer a la justicia e institucionalidad de nuestro país, desde su constitución como república. La pérdida de Panamá, el regalo del tesoro Quimbaya a una reina española, el 40% de nuestros mares, que se dejaron arrebatar  de Nicaragua, son insignificantes frente a esta vergüenza internacional y los efectos nefastos que representan para el presente y el futuro de nuestro país. La JEP, debe investigar los delitos políticos o conexos, además de las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos durante el conflicto. Esta “corte” no tiene un procedimiento procesal normal en su estructura, solo recibe confesiones, las enlista y luego produce unos efectos simbólicos. Las sanciones de la JEP, no producen inhabilidades para ejercer un cargo público, no tienen consecuencias económicas, no producen cárcel efectiva, porque la máxima pena es de 5 a 8 años y se puede cumplir extramural, o por cualquier otro medio alternativo, lo más grave, desborda el ámbito legal y el equilibrio de poderes, porque se abroga una serie de atribuciones de la

Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Todo esto es inoperante, porque, además, para iniciar su actuación, se requiere una confesión masiva y esto no se dio, como decía mi abuelo: “mijo, cuando algo comienza mal, termina mal”. Cuentan que en una noche de tragos en la Habana, el señor Enrique Santiago, hoy diputado del grupo de extrema izquierda “Podemos”, de España, y el señor Álvaro Leyva Durán, le hicieron una encerrona a los dos delegados del gobierno de Santos, los doctores Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, hoy rector de la Universidad Externado, y al propio Santos, para convencerlos de aprobar este adefesio legal, en sus palabras, ÚNICO en el mundo. Se comenta también, que posteriormente en exclusivos restaurantes bogotanos, los señores Leyva y Santiago, se ufanaban de los goles que le habían metido al gobierno, lo que  llevó a una crisis del equipo negociador, donde el señor Humberto de la Calle amenazó con renunciar, pero al final cedió ante la orden de su jefe.

El señor James Stewart, vicefiscal de la Corte Penal Internacional, en foro  realizado por la Universidad del Rosario y  el diario el Tiempo, dijo: “Con arreglo al estatuto de Roma, se realizarán procesos genuinos a nivel nacional en cuanto éstos no hayan sido adoptados con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal;  no haya una demora injustificada en el juicio que sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la Justicia y se sustancien de manera independiente o imparcial de forma que sea compatible con la intención de hacer comparecer a las personas ante la justicia. Si estos criterios respecto de la voluntad genuina de investigar se cumplen, entonces los casos no son admisibles ante la CPI y la fiscalía no intervendrá”.  “A nivel nacional, una pena que resulte manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad del delito y del grado de responsabilidad de la persona condenada podría viciar el aparente carácter genuino de ese proceso. Por ejemplo, si se suspendiese la ejecución de las penas impuestas previamente por las autoridades nacionales judiciales, las personas condenadas no cumplirían efectivamente ningún tipo de pena”. Tan importantes son las implicaciones de la suspensión de la ejecución de las penas para la evaluación de la fiscalía acerca de la admisibilidad de los casos ante la CPI, que en el 2013 la fiscalía comunicó la posición que acabo de resumir a las autoridades colombianas. Esto se hizo en forma confidencial y con anterioridad a las discusiones formales relativas a la cuestión de las penas en las conversaciones de paz. “El motivo de ello, fue nuestro interés en alertar a las autoridades nacionales respecto de nuestra interpretación de las disposiciones del Estatuto de Roma de manera oportuna y no después de los hechos…”

Tomás Uribe lo dijo en forma acertada y pragmática, “es mejor amnistía para todos ellos, que llenen un formulario en internet y confiesen sus crímenes, así nos ahorramos, 4.5 billones de pesos”. Lo que cuesta este aparato, diseñado para culminar el crimen más grande contra la nación, comandado por  magistrados de 30 millones de pesos mensuales, lo podemos destinar para reparar a las víctimas. ¿Cuándo vienen por ellos, señores de la Corte Penal Internacional?