El “contratadero” de Belén de Umbría

Causa rabia e impotencia vivir de cerca la situación de decenas de ingenieros, arquitectos y firmas que ejercen labores de consultoría, interventoría y construcción, la mayoría con excelente formación académica, experiencia y deseos de ejercer dignamente su profesión u oficio, al ser objeto de vulneración de sus derechos al intentar participar en los pocos concursos o licitaciones convocadas por entidades públicas del orden nacional y/o territorial. Es imposible participar con garantía a sus derechos, y ejercer libremente su trabajo en igualdad, libre concurrencia y transparencia. Los procesos licitatorios en Colombia son amañados.

Hace algunos años denunciaron una maña que hizo carrera en la casi totalidad de procesos contractuales, los famosos “pliegos sastre”. Llamados así, pues los funcionarios venales que tenían a su cargo la elaboración de los pliegos de condiciones, los confeccionaban y confeccionan a la medida exacta del contratista ungido, elegido y negociado con anterioridad al concurso y con el cual se cuadra la respectiva comisión. Como respuesta a esta problemática, a iniciativa del ejecutivo, el Congreso modificó el estatuto general de contratación pública, introduciendo los “pliegos tipo”, documentos estandarizados de pliegos de condiciones para los procesos de selección en construcción, interventoría, consultoría de estudios y diseños para obras públicas.

Pero en Colombia no basta con leyes para exterminar el cáncer que la corroe y la sepulta: la corrupción. Para que impere el principio de transparencia en la contratación pública, no es suficiente la implementación de pliegos tipo, se demanda un cambio esencial en la conducta de muchos funcionarios públicos y contratistas, una conducta en la que reine la ética y el respeto por la ley. Ante la implementación de la valiosa herramienta del pliego tipo, los corruptos han procedido a buscar una escapatoria y la encontraron en los famosos “contrataderos”, bautizados así por el ingeniero Rodrigo Fernández, luchador incansable desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros por una contratación donde exista de verdad transparencia, libre concurrencia, economía y publicidad y que se aplique el principio de la “redistribución social de las rentas”. El contratadero es una entidad, por lo general de creación departamental o municipal como Empresas Industriales y Comerciales del Estado, pero dedicadas fundamentalmente a contratar sin ley 80, ni pliego tipo.

Recientemente fue muy publicitado el contratadero PROYECTA, empresa departamental de desarrollo del Quindío, pues desde allí el fallecido excongresista Mario Castaño ensambló una estructura criminal para invertir decenas de miles de millones de pesos provenientes del presupuesto nacional, mediante contratos adjudicados a dedo, exigiendo grandes sumas de dinero de comisión a ingenieros que obviamente se prestaban para jugarle a la corrupción. En esta red están llamados por C.S.J. otros senadores, entre ellos Ciro Ramírez del Centro Democrático (En prisión), Carlos Fernando Motoa, Samy Merheg, Carlos Jiménez, Juan Felipe Lemos y Miguel Ángel Barreto, que se habrían apropiado de un millonario botín del Departamento de Prosperidad Social. Lo importante es tener una entidad que no se rija por ley 80 y poder saquear recursos del presupuesto. En Risaralda tenemos varios contrataderos. Entre otros, EDUR, EDUP, y Construcciones, Infraestructura e Inversiones – CII Estatal -, esta última de Belén de Umbría. Añadan empresas de servicios y hospitales.

De 344 contratos adjudicados por CII Estatal en los últimos 5 años se observa que el origen de los recursos es de contratos interadministrativos y regalías. Por su naturaleza jurídica no está sujeta a disposiciones de ley 80 y adjudica sin licitación, o sea, a dedo, contratos de miles de millones de pesos a una misma persona, sin vigilancia alguna, no hay publicidad de los procesos. Para un ejemplo, el Ing. Adrián Camilo Hernández en 2023 fue adjudicatario de 3 contratos por $11.089 millones. Hay también un contrato a un megacontratista de “las marionetas” de Mario Castaño, siguen vivos y están por todas partes, por $1.739 millones. Se niega el derecho a participar, por lo tanto, es hora de que la ingeniería y la arquitectura se ponga seria y de pie. ¿Hasta cuándo permitir tanta violación de nuestros derechos?