Por Humberto Tobón
Frente a la aterradora perspectiva de un crecimiento desproporcionado de la pobreza monetaria en Colombia, según las conclusiones de estudios realizados por tanques de pensamiento, centros de investigación y organismos internacionales, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, se jugó una carta muy atrevida, que le pone norte a su gobierno a través del Plan de Desarrollo: enfrentar la pobreza desde la inversión pública, focalizada en garantizar que las familias tengan mejor acceso a salud, educación, vivienda, servicios públicos y protección de derechos básicos.
Sabiendo que no tiene margen de maniobra para incidir en la pobreza monetaria, debido a que esta se define en el alto gobierno y de acuerdo con las tendencias y comportamientos de la economía, Tamayo escogió el camino de batallar contra la pobreza multidimensional y se fijó como meta bajarla de 12,5% a 11,7% en 2023.
Tener controlada la pobreza multidimensional es una misión titánica, y tratar de disminuirla, así sea levemente, es un gran desafío, que habla muy bien de la entereza del gobernador Tamayo Vargas por evitar un colapso social de grandes dimensiones, especialmente en este momento cuando ha aumentado dramáticamente el desempleo, que le quitará a millones de hogares la posibilidad de un ingreso continuo.
Naciones Unidas le ha dado gran prioridad a la intervención estatal para mejorar las condiciones de vida de las familias y poder disminuir sus carencias. Y en esta ruta empieza a caminar el gobernador Víctor Manuel Tamayo, con el respaldo casi unánime de la clase política y el acompañamiento de los sectores sociales y empresariales. Todos entienden que Risaralda debe lograr la equidad social y la eficiencia en la inversión pública, para seguir avanzando en productividad y competitividad.
Los mayores índices de pobreza multidimensional, lo ha dicho el Gobernador de Risaralda, se concentran en los municipios más apartados y en el sector rural. Por esto mismo, el Plan de Desarrollo no queda anclado únicamente en las inversiones de asistencia técnica, en la promoción de la asociatividad y en la búsqueda de espacios de comercialización para los productos del campo, sino que evoluciona hacia el mejoramiento de las viviendas, la construcción y adecuación de las vías terciarias, la ampliación de las coberturas en los servicios públicos básicos, la apertura de los centros de salud que están cerrados, la reparación de escuelas y colegios rurales y una mejor conectividad virtual.
Las acciones relacionadas con la pobreza multidimensional significan inversiones públicas y esto se traduce en demandas de mano de obra, que de alguna manera contribuirán a paliar la difícil situación que viven las familias en la mayoría de municipios de Risaralda.
El gobernador Tamayo dejó de lado el facilismo burocrático y se embarcó en una aventura que promete grandes desafíos técnicos y presupuestales. Enfrentar la pobreza como su prioridad es una decisión que lo diferencia del resto de gobernadores del país y lo pone en el reflector de una sociedad que espera ver resultados tangibles.