El grito de justicia

Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO

El estallido social motivado por la inequidad, falta de oportunidades, de justicia, inseguridad social y corrupción,  sumadas a la extrema pobreza a la que nos ha llevado la pandemia, legitiman la protesta haciendo de ella el reclamo justo que los jóvenes, al lado de agremiaciones y distintos sectores, están exigiendo  para vivir en una Colombia en la que quepamos todos sin excepción ninguna. La Reforma Tributaria, mal concebida y presentada a destiempo, fue el detonante  que encontró en ella el pretexto perfecto para  demandar un nuevo contrato social. Colombia es el primer país más desigual de América Latina y el séptimo del mundo de un total de 194 en todo el planeta según el Banco Mundial. Una investigación de la Universidad de los Andes arrojó que un 77.6 por ciento de la tierra está en manos de un 13.7 por ciento de los propietarios. El 10 por ciento de nuestra población más rica gana cuatro veces más que el 40 por ciento más pobre. En el índice de desarrollo humano de la ONU, nos rajamos por la desigualdad en acceso a la salud, la educación y bajos salarios. La diferencia  en el aumento del salario mínimo respecto al salario de los congresistas entre 1990 y 2020 lo  dice todo. El salario mínimo en el 90 era de $41.025 pesos, frente a $714.665 pesos de los congresistas. Mientras la sumatoria del aumento en los 30 años del salario mínimo es de $939.632  el incremento de los congresistas  pasó a $34 millones 417 mil pesos mensuales, sin contar con la Unidad de Trabajo Legislativo integrada por entre 6 a 10 personas que cada congresista tiene y la cual cuesta 50 salarios mínimos, a más de camioneta blindada, tiquetes aéreos y seguro de vida. Las protestas que hoy vivimos son el reflejo de  esta desigualdad en una sociedad carente de oportunidades. Las causas estructurales de la protesta se relacionan con el acelerado proceso de la pobreza y la miseria, profundizadas por la pandemia, que nos hizo pasar del 35.7 al 42 por ciento. En la economía informal casi la mitad del país vive con 331.688 pesos mensuales, dice el DANE. El cierre de empresas y negocios han elevado el desempleo en forma escandalosa, siendo los jóvenes los más afectados. Según el Sistema de Información del Ministerio de Educación, solo 52 de cada 100 jóvenes acceden a la educación y solo el 10 por ciento de  ellos de estrato 1 entran a la universidad. A esta indiscutible desigualdad hay que agregarle la herencia del narcotráfico sumado a las pandillas juveniles y milicias urbanas de grupos guerrilleros, como también, la presencia de ciudadanos de toda clase que han decidido armarse, buscando cada quien hacer justicia por su propia mano, ante la ausencia de una real y verdadera justicia. Pero aquí hay que hacer una clara diferenciación entre protestantes pacíficos que alzan su voz indignada y los vándalos, criminales a sueldo que obedeciendo a las consignas de Petro, pretenden desestabilizar la Nación. A los primeros, el Gobierno debe escucharlos y atender en la medida de lo posible sus reclamos, a los segundos, enfrentarlos sin titubeos con el poder de la Fuerza Pública, así pataleen los de DD.HH.  O son ellos los muertos o somos los ciudadano de bien. Se hace necesario un cambio estructural del Estado y nuestras Instituciones y bien sabemos que ni la clase política ni el Congreso lo harán. Solo será posible a través de una nueva Constituyente.

Alberto Zuluaga Trujillo                                                               alzutru45@hotmasil.com