Hoy quiero hablarles a mis lectores de un tema básico, pero de interés general: el negocio de la prensa.
Un periódico es una empresa que se sostiene de las ventas. Vende productos y servicios. El producto son los ejemplares impresos (en el caso de los medios tradicionales) y las suscripciones por email (en el caso de los digitales); el servicio es la pauta publicitaria, empleada tradicionalmente para difundir las bondades reales o ficticias de un producto o servicio y para consolidar o lanzar una marca. Mientras mayor sea el número de lectores y su empatía con el ciudadano, igualmente mayor será el valor de la pauta publicitaria. También, en algunas latitudes, el periódico se sostiene de las donaciones (los Crowfounding).
Como toda empresa, debe registrarse en Cámara de Comercio y pagar cumplidamente sus impuestos.
Si ese medio pretende -como es nuestro caso- prevalecer, debe invertir para estar a la vanguardia en los avances tecnológicos y tener mayor alcance, generar empleo tanto a periodistas, ingenieros de sistemas, diseñadores, fotógrafos, como a todo el personal operativo y administrativo requeridos.
Y tanto a las empresas privadas como a las instituciones del estado les interesa anunciarse en él para vender y difundir sus productos y servicios, lo cual se debe hacer mediante una transacción mercantil, de compraventa de pauta publicitaria.
Pero, y he aquí el pero, hoy las instituciones oficiales no negocian la compra de pauta como una transacción comercial sino como un contrato de prestación de servicios que es, en palabras de la actual ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, un contrato laboral disfrazado, donde en la mayoría de los casos se evidencian subordinación y cumplimiento de horarios.
Cuando una empresa periodística la vende una pauta publicitaria a una alcaldía o gobernación, por ejemplo, a su representante legal se le exigen, entre otros requisitos: hoja de vida de la función pública, acreditación de idoneidad profesional, soportes de experiencia laboral, de afiliación a Seguridad Social en Salud, Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, y todas las certificaciones de las ias referidas a la persona que administra el medio. Esta última, la Aseguradora de Riesgos Laborales, ARL, definitivamente inexplicable, como todas las anteriores, si se tiene en cuenta que lo que hay de por medio es la compraventa de una pauta en un medio de comunicación. Los riesgos laborales que corra el vendedor deberían ser del resorte del empleado y sus empleadores, no del cliente.
Así las cosas y por cuenta de las condiciones jurídicas del contrato con que el sector público compromete a la empresa periodística, esta relación se ha tornado en un nexo laboral, de subordinación, dependencia y hasta horarios. Lo cual explica el alto grado de subordinación al que ha llegado el periodismo en Colombia frente a los servidores públicos a quienes, por mandato de la ética y el quehacer profesional, debería vigilar y no adular.
Con el gobierno del Cambio, esta condición vergonzosa de un periodismo arrodillado está llamada a transformarse en una que sea más diáfana y leal con la ciudadanía y la democracia, donde lo que se compre por parte del ente público sea el espacio donde difundir sus programas, proyectos y campañas y no las conciencias y mucho menos silenciar la prensa. De lo contrario, el periodismo no volverá a encontrar su esencia y los perdedores seremos todos los colombianos.