Por ADRIANA VALLEJO DE LA PAVA
El gobierno nacional mediante el Decreto 580 del presente año adoptó medidas para la reactivación progresiva de las actividades económicas, sociales y del Estado y determinó que se establecerían los criterios para la apertura gradual y las condiciones que permitan el desarrollo de las mismas.
La Resolución 777 del 2 de junio del Ministerio de Salud y Protección Social pretende definir dichos criterios y las condiciones para el desarrollo de las actividades y adopta el protocolo de bioseguridad para su ejecución. Se dice pretende porque lo que se ha comprobado durante pandemia es que el gobierno es incapaz de hacer cumplir las normas y los protocolos de bioseguridad y lo que se ha observado en muchos casos es la falta de autocuidado y de cultura ciudadana.
A lo anterior se suma la imposibilidad legal y material para contener las aglomeraciones del último mes producto de las marchas, los bloqueos y los actos de vandalismo, que se están reflejando en un aumento en de los casos positivos y las hospitalizaciones de personas jóvenes. Tampoco se puede ignorar la incapacidad para contener las fiestas clandestinas, las ventas ambulantes o los eventos masivos en las protestas.
En las consideraciones de la resolución se reconocen hechos sobre los cuales se había llamado oportunamente la atención, pero por miedo y desconocimiento fueron ignoradas por los gobiernos en todos los niveles. La pandemia se ha comportado diferente en las regiones y zonas del país, los picos no coinciden en el tiempo y los contagios en las zonas rurales han sido mucho menores que en las zonas urbanas. No se justificaban confinamientos generalizados sin tener en cuenta la heterogeneidad regional y la situación del sector rural.
También se reconoce el incremento en los riesgos asociados a problemas y trastornos mentales, en las enfermedades crónicas y en la violencia intrafamiliar, durante la pandemia, según el Estudio de Resiliencia y Riesgos en Salud Mental, realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Aunque tardía la resolución es un avance al definir un Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal que establece ciclos y aforos según el porcentaje de personas vacunadas en los municipios y la ocupación de las UCI. El enfoque diferenciado incluye la posibilidad de realizar todo tipo de eventos públicos y privados.
Por último, se establece que el servicio de educación inicial, preescolar, básicas y media debe prestarse de manera presencial lo cual es significativo para el desarrollo de los niños y los jóvenes.