El elemento principal para facturar un servicio público es el “consumo real”. Es un derecho del usuario y la empresa y no el de cobrar “servicios no prestados”. Son las razones por las cuales tomamos medidas que permiten amortiguar el alto costo de los servicios públicos domiciliarios. Para ahorrar en la factura de energía sustituimos bombillas, por otras de menor consumo; apagamos aparatos; cocinamos con gas, etc. En agua, se han alcanzado significativas metas de ahorro, hoy en Pereira un hogar en promedio consume 12 metros cúbicos al mes, cuya tendencia es decreciente. A pesar de estas medidas, los costos aumentan de manera escandalosa.
Mediante la Ley 689 de 2001, el servicio público de aseo dejó de ser domiciliario, y se le trasladó a los usuarios la responsabilidad de pagar las actividades de “corte de césped, poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento”, las dos primeras estaban a cargo del municipio. En la factura se cobran dos cargos: variable y fijo. El variable incluye los costos de recolección y transporte (CRT), disposición final (CDF), tratamiento de lixiviados (CTL) y aprovechamiento (VBA). Y es variable pues su monto depende de los residuos que producimos en el hogar, que según la regulación debe ser objeto de aforo, lo cual no deja de ser un chiste.
El cargo fijo incluye los costos de comercialización (CCS), barrido y limpieza de vías y áreas públicas (CBL) y limpieza urbana por suscriptor (CLUS). La regulación dispone que estas labores son responsabilidad del prestador del servicio en el área urbana donde realice las actividades de recolección y transporte, y en aquellas atendidas por más de un prestador, estos deben suscribir acuerdos de barrido y limpieza determinando las vías y áreas públicas que cada empresa atenderá, pudiendo acordar que solo uno de ellos sea quien atienda la totalidad del área. Para el caso de Pereira, no conocemos como están acordadas las zonas y quién responde por la eficiente y oportuna prestación del servicio.
Los 189.000 usuarios de aseo en Pereira cancelamos al mes, por cargo fijo, $4.050 millones para barrido de vías y parques, mantenimiento de zonas verdes, poda de árboles, lavado de puentes peatonales, limpieza de zonas ribereñas de ríos y quebradas e instalación de cestas; o sea, $48.600 millones año, que corresponde al 30% del predial cancelado en el 2022, carga exorbitante para los ciudadanos. ATESA como concesionaria del servicio que prestaba ASEO DE PEREIRA, está obligada a recoger los escombros clandestinos depositados en el área urbana.
El estado de presentación de nuestros parques, calles y espacio público es un desastre, transitamos entre la basura, los escombros y los excrementos. No existe control y vigilancia de la alcaldía, por el contrario, hay complicidad y tolerancia, que llega al colmo de disponer personal de obras públicas a desarrollar parte de las obligaciones de los prestadores del servicio. Pero más grave es la ausencia de transparencia y publicidad en informar a los usuarios las cantidades y frecuencias de las labores a realizar por parte de las empresas. No se publican los acuerdos de barrido y mucho menos, la cuantificación de las actividades que debemos cancelar, estas se hacen en recinto cerrado y sin control ciudadano. No funciona la obligación de las empresas de identificar infractores que depositan residuos y escombros en espacios públicos creando puntos críticos, e informando a la Policía Nacional para lo del comparendo ambiental. Pagamos un oneroso servicio público de aseo, de pésima calidad, y lo más grave, los usuarios de ATESA, cancelamos en la tarifa, una tasa de descuento del 26%, 12% para ASEO DE PEREIRA y 14% para ATESA, sostenemos dos empresas. Nos están asaltando ¿Y a quién le importa? A nadie.!
Cuando yo era de este mundo con el recibo del predial llegaba el cobro de Parques y Autorización, y Área Metropolitana; hoy se llama impuesto predial unificado, no están incluidas esas partidas en el Predial actual? Creo que nos están cobrando doble ⏩⏩