En la alcaldía de Pereira los altos cargos no asumen responsabilidades

Por CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO

Digamos que esto tiene que ver en parte con la fiscalía. Para explicarlo, empecemos por recordar la columna en El Espectador de Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, la que que ella tituló: “Un éxito o la orden del fiscal Barbosa”. Analiza el carrusel de puestos que impulsó el fiscal recién llegado al cargo, del que no se escapó Pereira, de dónde es su señora esposa. Y le resultó efectivo, pues ante uno de los mayores casos de violación de derechos humanos, como el de la niña indígena que fue ataca por soldados, el entorno del fiscal en la región lo resolvió por la vía de la imputación de acceso carnal abusivo y no violento, y explica Cecilia, la diferencia entre uno y otro radica en la connotación internacional del hecho, es decir, en la responsabilidad del Estado ante la opinión y la justicia internacional. El fiscal actuó como lo que ha sido, es decir, un amigo del presidente Duque.

¿Qué tiene que ver esto con la fiscalía regional y con la imputación de cargos a funcionarios de la alcaldía de Pereira? Pues bien, lo primero que hay que aclarar es que esta se da producto de una denuncia que instauré en junio del 2020 ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, en este denuncio al alcalde de Pereira por suscribir contrato con persona jurídica al parecer inhabilitada por la ley.

En resumen, el cuerpo de la denuncia se refiere a la violación de la ley 1778 del 2016, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. Haciendo énfasis en la inhabilidad para contratar de quienes financian campañas políticas. (ver denuncia).

“Es el caso de GPS GROUP quien, como reposa en las actas de la organización electoral vía Cuentas Claras, hizo parte de los financiaron la campaña del alcalde Carlos Maya. Pusieron $40 millones por la modalidad de crédito. Acto seguido, el alcalde les dio un contrato por $57 millones para prestación de servicios de logística. Hasta ahí, de modo figurado, se podría decir que invirtieron 40 y se ganaron 17 millones más. Pero aprovechando las normas presidenciales sobre la pandemia, procedieron a suscribir una adición de $390 millones de pesos, es decir, en total, el contrato ascendió a 447 millones de pesos.”

¿Y lo de la fiscalía local? La noticia de los medios de comunicación esta semana, fue que la fiscalía imputó cargos a funcionarios de la alcaldía pero, con una simple revisión, la gente puede detallar que son funcionarios de segundo rango, ejecutores del gasto, que se dejaron “manosear”, no obstante su responsabilidad es disciplinaria. Y también llama la atención que la imputación parece seleccionada, pues no aparece entre estos funcionarios el nombre de Mónica Botero, de las entrañas del “Cambio”.

No obstante, el ordenador del gasto es el alcalde Carlos Maya. En la alcaldía no se compra un tinto sin la orden del primer mandatario, nada y menos este tipo de contratos se hace sin su anuencia, y no podrán despachar el tema diciendo que no sabía que esos eran parte de sus financiadores porque ahí están las pruebas, evidentes. El que aparece en las actas y anexos electorales con la financiación de ese grupo es él. Por ende, su responsabilidad es penal. Es el primer responsable del presunto delito y como tal debe actuar la justicia. Ver documento.

Ahora bien, los fiscales locales, privilegiados por el fiscal Barbosa, y cuyo privilegio implicó el atropello laboral contra varios fiscales de Pereira y el área, deberán observar que el tema no se despache juzgando a unos funcionarios de rango medio y omitiendo al jefe del presunto delito que se cometió. Por ende, pido que la fiscalía actúe con estricto apego a la ley. Que las alas del gobierno Duque que manda al fiscal Barbosa, no protejan más al alcalde de Pereira que gobierna con el Centro Democrático. Como denunciante, estaré atento a la evolución del caso.

Por lo demás, todos los pereiranos y risaraldenses deberíamos leer la citada columna de Cecilia Orozco. Y de paso, extiendo un llamado cordial a algunos medios locales a no guardarle más la espalda al alcalde Maya, por lo menos a dar la información de manera completa para que los ciudadanos se puedan hacer a sus criterios de manera más amplia y democrática.